Proyecto sobre intervención de comunicaciones para combatir el narco entra en recta final
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa culminaron este jueves con la discusión y votación de las últimas 22 mociones que le fueron presentadas al proyecto de ley que busca modernizar la legislación para permitir la intervención de las comunicaciones, esto como parte de las estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Tras esta etapa procesal del proyecto, ahora la iniciativa volverá al plenario legislativo. En próximos días en ese foro los diputados podrán presentar sus últimas mociones de reiteración y discutirlo por el fondo para luego votarlo en primer debate.
El expediente es el 23.690 y es uno de los 10 proyectos prioritarios que los jerarcas de los supremos poderes pidieron al Congreso tramitar con prontitud para combatir la inseguridad y atacar a los grupos criminales
En las últimas semanas, los diputados sostuvieron extensas reuniones con los jerarcas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía para que dieran sus opiniones sobre el proyecto de ley.
Las recomendaciones de estas instancias fueron acerca de incorporar otras tipificaciones de delitos y procesos de investigaciones para implementar las intervenciones.
En marzo anterior, el director del OIJ, Randall Zúñiga, dijo que la ley actual permite las intervenciones en casos de homicidio calificado. El jerarca recomendó a los diputados extenderla a los homicidios simples.
El OIJ y el Ministerio Público también sugirieron que se permitieran las intervenciones en casos de extorsión, esto debido al incremento de delitos ligados a los créditos gota a gota.
El OIJ también abogó por incluir casos de desapariciones de mujeres dentro de las investigaciones en las que se pueda aplicar la intervención de las comunicaciones.
Anteriormente, los diputados habían incluido incluir delitos de trasiego de droga, venta de órganos y delitos sexuales.
La propuesta deja clara la potestad de los Tribunales de Justicia de autorizar la intervención de las comunicaciones orales y escritas. Además de las de las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas, digitales y mediante cualquier otro medio tecnológico.