Pueblo Soberano avala bloqueo de ₡30.000 millones al presupuesto del Poder Judicial
Creditos: Esteban Rojas, Asamblea Legislativa
Los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) avalaron congelar ₡30.000 millones destinados al Poder Judicial.
Esto se da pese a las advertencias de los jerarcas de la Corte Suprema, la Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial sobre las afectaciones a la administración de justicia y la seguridad del país, así como eventuales cierres de sedes.
La decisión se tomó en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se discuten 137 mociones de reforma al presupuesto ordinario 2027. Los congresistas del Gobierno rechazaron una moción para eliminar la norma presupuestaria que bloquea ₡29.844 millones, distribuidos en 313 líneas de gasto del Poder Judicial.
Votaron en contra de la moción los congresistas: Nogui Acosta, Grethel Ávila, Gerald Bogantes, Cindy Murillo, Kattia Ulate y Daniel Siézar. Por su parte, respaldaron la enmienda los liberacionistas Ángela Aguilar, Diana Murillo, Salvador Padilla y Antonio Trejos, así como María Eugenia Román, del Frente Amplio (FA).
Principales afectaciones
Los recursos bloqueados incluyen subpartidas destinadas a equipamiento tecnológico, licencias tecnológicas, infraestructura y otros gastos operativos que afectarán la emisión de sentencias, realización de audiencias virtuales, la tramitación de expedientes y la notificación de resoluciones.
Entre las principales afectaciones señaladas por los jerarcas se encuentran:
- Fondos insuficientes para cubrir alquileres.
- La Zona Sur quedaría sin morgue judicial, edificio para tribunales ni celdas judiciales.
- El sistema penal se quedaría sin cerca de 2.500 plazas.
- El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tendría 810 plazas menos.
- La Fiscalía perdería 251 funcionarios y la Defensa Pública, 230.
- El área administrativa tendría cerca de 300 puestos menos.
- La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito perdería 115 puestos.
Además, las autoridades judiciales advirtieron previamente a los legisladores que el bloqueo de los fondos podría provocar el cierre de sedes regionales.
Trámite legislativo
La norma presupuestaria establece que la entrega de los recursos quedaría sujeta a lo que determine la Comisión de Ingreso y Gasto Público, según el análisis que haga el foro sobre la eficiencia del Poder Judicial. Dicha comisión está también integrada por diputados del Gobierno.
Ese foro deberá trasladar el asunto al Plenario Legislativo. Si los diputados aprueban la solicitud, esta se remitirá al Ministerio de Hacienda, que tendrá la última palabra sobre la liberación de los fondos.
Condenan bloqueo de recursos
Ángela Aguilar, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y proponente de las mociones para rechazar el bloqueo, advirtió que las disposiciones planteadas por el Ministerio de Hacienda son inconstitucionales, pues otorgan a la Asamblea Legislativa la potestad de coadministrar los recursos de otro poder de la República.
Aguilar recordó que, incluso si el Congreso aprueba la liberación de los recursos, esta podría concretarse hasta después del segundo semestre del próximo año, lo que afectaría su utilización oportuna.
María Eugenia Román, subjefa de fracción del Frente Amplio (FA), cuestionó que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos intervenga en decisiones presupuestarias de otro poder de la República y calificó el procedimiento como atípico e inconstitucional.
Por su parte, Diana Murillo, diputada del PLN, alegó que la norma responde al conflicto que mantiene el Gobierno con el Poder Judicial. También afirmó que se trata de un mecanismo de coadministración y de un esfuerzo por afectar la atención de la seguridad y la justicia del país.
Salvador Padilla, también del PLN, aseguró que la norma presupuestaria de Hacienda se trata una vendetta política y una "guerra sin sentido" del Gobierno contra el Poder Judicial, que intentan maquillar bajo un discurso de administración de recursos.
Una vez votadas todas las enmiendas, la Comisión de Asuntos Hacendarios deberá dictaminar el proyecto, que tendrá que votarse y trasladarse al Plenario Legislativo a más tardar el 20 de octubre.