Punta Leona denuncia a Municipalidad de Garabito por derribo de aguja
El complejo Punta Leona Beach Club and Nature Resort presentó una denuncia penal contra la Municipalidad de Garabito y varios de sus funcionarios, incluido el alcalde, tras el derribo de una aguja y una caseta de seguridad ubicadas en el acceso al complejo en junio de 2026.
Así lo confirmó el gerente general de Punta Leona, Miguel Fernández, en entrevista con CR Hoy, donde explicó que la acción judicial se interpuso por los presuntos delitos de abuso de autoridad y otras figuras penales.
"Presentamos un proceso penal por abuso de autoridad y otros delitos. Incluso se valoró el estelionato porque, desde nuestra perspectiva, hay actuaciones irregulares", señaló el gerente general.
Según indicó, la denuncia también solicita al tribunal el secuestro de información en la municipalidad, con el fin de acceder a documentación relacionada con el procedimiento administrativo que originó la intervención.
Fernández agregó que algunos recursos internos habrían sido resueltos y ejecutados el mismo día de los hechos, lo que, a su criterio, genera vicios en el procedimiento administrativo.
Además del proceso penal, señaló que el complejo mantiene dos procesos contencioso-administrativos y gestiones en sede administrativa ante la municipalidad, en los que se discuten los actos que derivaron en la intervención.
Sobre el derribo de la infraestructura
El pasado 16 de junio, la Municipalidad de Garabito demolió una caseta de seguridad y una aguja ubicadas en el acceso a Punta Leona, así como la clausura de un restaurante que operaba en Playa Blanca.
Consultado por este medio, el alcalde de Garabito, Francisco González, indicó que la infraestructura se encontraba dentro del derecho de vía público de acceso a la playa. Mientras que, en relación con el restaurante, señaló que operaba con una patente que no correspondía a esa ubicación.
Por su parte, Fernández afirmó que el camino permanece abierto y que, aunque legalmente podrían reinstalar la caseta de seguridad, la administración decidió no hacerlo por el impacto reputacional del conflicto.
"Nos han vinculado con la idea de privatización de playas", señaló Fernández.
Agregó que la junta directiva optó por esperar la resolución de los tribunales antes de tomar nuevas decisiones sobre el acceso.
En el plano operativo, indicó que mantienen personal en la zona para ordenar el tránsito y evitar bloqueos, además de medidas para la atención de emergencias y protocolos de evacuación terrestre y marítima.
