PUSC acude a la Sala IV tras sanción impuesta por Hacienda
Edificio de la Sala Constitucional. (Foto: Archivo CRH/ Imagen ilustrativa)
(CRHoy.com) El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional luego de que la Dirección General de Tributación (DGT) del Gobierno de Carlos Alvarado cerrara su sede en Barrio Amón, a dos días de realizar las asambleas provinciales para la elección de diputados, por una sanción ya prescrita hace varios años.
Randall Quirós, presidente de la agrupación, dijo a CRHoy.com que acudieron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que permitiera realizar el proceso este domingo, pero además a la Sala, pues el cierre de la sede es una medida arbitraria que viola claramente los derechos constitucionales y democráticos de los costarricenses.
Para Quirós, este es un claro ejemplo de persecución política, pues no hay una explicación clara que justifique el cierre de las oficinas justo días antes de un importante proceso político y por una sanción que ya está prescrita. El jerarca del PUSC llamó la atención por las acciones del Gobierno de Carlos Alvarado, pues considera que pueden ser dañinas para la democracia costarricense.
"(…) Habíamos hecho ese pago desde hacía ya 5 años y la sanción prescribió a los 4 años. Así que, llegar y cerrar a dos días de las asambleas provinciales, con la intención -expresa en el acta- de que no podía ejercer actividad económica por parte del partido, fue totalmente absurdo", recalcó.
Quirós calificó como vergonzoso lo hecho por Tributación y una manera del Poder Ejecutivo de castigarlos.
"Uno podría entender que hasta puede ser una revancha del Poder Ejecutivo porque nuestra fracción del PUSC no está acompañando la agenda complementaria del Fondo Monetario Internacional. Todos estos son precedentes muy peligrosos y yo agradezco muchísimo a los demás partidos políticos de Costa Rica que se pronunciaron a favor del PUSC y en contra de la arbitrariedad sucedida por parte del Ministerio de Hacienda", indicó.
El jerarca aseguró que mantendrán cerrada la sede del partido.
"No vamos a abrir el partido para dejar la sanción de los 5 días naturales y en todo caso, más adelante cuando se ganen los recursos, irnos contra la Administración Tributaria y el Ministerio de Hacienda -si fuera necesario- a cobrar daños y perjuicios. Me parece una clara violación e injerencia por parte del Poder Ejecutivo en aspectos políticos que no le compete y que es gravísimo", manifestó.
El cierre que ejecutó Tributación se debe a una retención vencida desde el 2016. El partido pagó los impuestos con un retraso de 2 días en ese momento. Sin embargo, lo que llama la atención es que la sanción que interpuso la entidad se diera 5 años después del incumplimiento tributario y a 2 días de que se desarrollen las asambleas provinciales.