¿Qué dicen y qué omiten los planes de seguridad de los principales candidatos presidenciales?
El más reciente estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) posiciona a cuatro candidatos con mayor intención de voto, según su última medición.
Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO), lidera con un 43,8%, seguida por Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN), con un 9,2%, y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con un 8,6%. Más abajo se ubican Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), con un 3,8%; José Miguel Aguilar, de Avanza (PA), con un 2,8%, y Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), con un 2,5%.
El mismo centro de investigaciones señala que, para casi la mitad de la población (45%), el principal problema del país continúa siendo la inseguridad y la delincuencia; sin embargo, más del 70% tiene poca o ninguna confianza en que el Gobierno actual pueda resolverlo.
Por ello, a continuación se presenta un resumen de las principales propuestas en materia de seguridad incluidas en los planes de Gobierno de los seis candidatos con mayor respaldo.
Laura Fernández, PPSO
El plan presentado por la candidata oficialista introduce el tema como un problema heredado de administraciones anteriores sin asumir responsabilidad y omite mencionar la crisis de homicidios que se disparó desde que Rodrigo Chaves llegó al poder, la cual ha cobrado la vida de más de 3.000 personas en Costa Rica.
La propuesta chavista responsabiliza al Poder Judicial de la crisis de inseguridad y plantea varias reformas legales para reestructurar esa institución, como obligar a jueces, magistrados y fiscales a rendir cuentas y establecer un régimen de sanciones, aunque estos mecanismos ya existen y el plan no detalla qué cambios concretos se pretenden.
Además, propone limitar a 10 años el plazo máximo para que una persona ocupe un cargo en la Corte Suprema de Justicia, así como separar a la Sala Constitucional, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la estructura de la Corte.
En ese apartado también se mencionan reformas para acelerar procesos judiciales, sin explicar en qué consistirían ni si se respaldarán modificaciones ya impulsadas por el propio Poder Judicial que se encuentan en trámite.
Asimismo, se presentan como propuestas acciones que ya se realizan, como el intercambio de inteligencia entre cuerpos policiales nacionales y agencias internacionales —en particular con Interpol y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos—, así como controles en la contratación de policías, fiscales y jueces.
En dos áreas donde este Gobierno ha mostrado deficiencias, se plantea operar escáneres de forma continua en todos los puestos fronterizos —aunque actualmente solo existen en puertos y no funcionan al 100%— y reforzar la intervención de pistas aéreas clandestinas, una medida que se ha reducido en los últimos cuatro años.
El plan también propone continuar con la construcción de nuevas instalaciones carcelarias, establecer trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad, implementar controles biométricos en fronteras, contratar más Policía de Migración y utilizar inteligencia artificial en sistemas policiales.
Asimismo, se menciona la creación de un Centro Nacional de Mando y Control C7i para interconectar radares aéreos, marítimos y terrestres en un sistema unificado; revisar leyes para endurecer penas; crear una unidad contra el lavado de dinero; y reivindicar a los cuerpos policiales, sin detallar cómo se ejecutarían estas medidas.
Álvaro Ramos, PLN
El plan de Ramos señala que Costa Rica ya no es solo un puente para el tránsito internacional de drogas, sino que se ha convertido en un mercado de consumo, una bodega clave para su almacenamiento temporal y un importante exportador.
Por ello, propone poner en operación un Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para fortalecer la seguridad, blindar tecnológicamente las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, y mejorar la respuesta a emergencias.
Uno de los ejes centrales es la creación de al menos 6.000 nuevas plazas policiales, así como cerca de 200 profesionales para atender a mujeres en ciclos de violencia.
También plantea ejecutar megaoperativos en las 40 comunidades más peligrosas del país, adquirir unas 100 unidades policiales, reparar más de 2.000 en mal estado y adaptar vehículos confiscados al narcotráfico para uso policial.
Se propone ampliar la capacidad carcelaria mediante la construcción de un Centro de Atención Institucional multinivel para personas privadas de libertad de bajo perfil, así como reparar unas 200 delegaciones con órdenes sanitarias pendientes.
Los contenedores incautados al narco se transformarían en aulas móviles para comunidades vulnerables, y se reforzaría la presencia policial en centros educativos.
Otro eje es la modernización del Centro de Intervención de las Comunicaciones y la compra de licencias para intervenir aplicaciones de mensajería instantánea, una limitación que actualmente dificulta investigaciones.
Asimismo, se plantea instalar escáneres avanzados, fortalecer controles de contenedores y reorganizar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el IAFA, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
El plan también busca resolver la mora migratoria de más de 15.000 extranjeros en proceso de regularización, impulsar un protocolo de prevención de femicidios, reactivar el Consejo de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Supervisión Policial, y conformar una Fuerza de Operación Conjunta (FOC) contra el narcotráfico internacional.
Claudia Dobles, CAC
La propuesta de la exprimera dama plantea retomar los megaoperativos de alto impacto que el actual Gobierno abandonó, así como establecer una política nacional de seguridad coordinada con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, junto con la reactivación del Consejo de Seguridad desde Presidencia.
Agenda Ciudadana propone endurecer penas por portación ilegal de armas de fuego —principal instrumento de homicidios— y fortalecer la trazabilidad mediante plataformas tecnológicas.
También se plantea una coordinación permanente con el OIJ para anticipar disputas entre bandas criminales y aumentar en al menos 4.000 efectivos todas las policías del país.
Otra línea es la creación de un centro tecnológico que integre cámaras, drones y sistemas de georreferenciación para respuestas operativas más precisas, así como la reinstalación del Centro de Operaciones Conjuntas (COC) para incrementar decomisos de droga.
Se propone ampliar la capacidad del Servicio Nacional de Guardacostas mediante la reapertura de las estaciones de Drake y Sixaola, utilizar inteligencia artificial y radares, y renovar flotillas policiales.
Además, se busca robustecer la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD para combatir el lavado de dinero, impulsar una ley de capitales emergentes e intervenir con mayor fuerza la minería ilegal.
En violencia contra las mujeres, se propone atención integral a víctimas, albergues y defensa jurídica gratuita, con énfasis en zonas rurales, así como combatir la impunidad en femicidios.
En el sistema judicial se plantea evitar la reelección indefinida de magistrados y reducir la mora judicial, mientras que la prevención se enfocará en coordinación interinstitucional, Centros Cívicos por la Paz y profesionalización policial.
Ariel Robles, FA
El Frente Amplio propone una política pública para la paz, con intervenciones sociales y policiales en barrios afectados por la violencia.
En la administración policial se plantea profesionalizar cuerpos de seguridad, mejorar salarios y derechos laborales, y fortalecer la rendición de cuentas, además de fiscalizar empresas de seguridad privada y reforzar controles fronterizos.
Para prevención del delito, se destinaría al menos el 50% de los recursos del Impuesto a las Personas Jurídicas y a los Casinos a programas dirigidos a poblaciones vulnerables, junto con iniciativas de cultura de paz y recuperación de espacios públicos.
En gestión penitenciaria se retomaría la Oficina de Inserción Social, se reforzaría la atención técnica y se profesionalizaría al personal. En el ámbito judicial se apoyarían fiscalías especializadas y una reforma al sistema de elección de magistrados, además de una revisión integral del Código Penal y la lista de actos considerados como delitos.
José Miguel Aguilar, PA
El Partido Avanza se enfoca en ejercer el liderazgo presidencial y un presupuesto extraordinario, aunque sin detallar cómo se financiaría sin aumentar impuestos. Incluye la creación de un Centro C5 y operativos territoriales con uso de tecnología como drones, lo que podría generar preocupaciones sobre privacidad y uso de la fuerza.
Se plantea aislar cabecillas criminales y bloquear comunicaciones en cárceles, así como "golpes selectivos" al narco, sin explicar su impacto a largo plazo. También propone coordinación con el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa para corregir problemas estructurales de la justicia, pero sin detallar reformas concretas.
En prevención se apuesta por recuperación social y urbana, aunque omite propuestas específicas para combatir la violencia contra las mujeres.
Juan Carlos Hidalgo, PUSC
El plan del candidato socialcristiano propone convertir la seguridad en prioridad nacional, asignar recursos extraordinarios y flexibilizar la regla fiscal.
Se crearía un Fondo de Seguridad Nacional con la venta de activos estatales y se aumentarían en 6.500 los efectivos policiales.
Para combatir el crimen organizado se transformaría el ICD en una agencia de inteligencia especializada y se negociaría cooperación con la Unión Europea. También se propone legalizar el cannabis recreativo para reducir ingresos de mafias.
En violencia de género se crearían al menos 20 centros de atención integral y despachos especializados en las siete provincias, con monitoreo en tiempo real de órdenes de restricción.
En el ámbito judicial se propone separar el Ministerio Público del Poder Judicial, crear un Ejecutivo Judicial para la gestión administrativa, reformar el Código Procesal Penal y construir cárceles diferenciadas para crimen organizado.