¿Qué es el Acuerdo de Escazú que crispa al sector productivo?

(CRHoy.com).- En las últimas horas, varios miembros del sector productivo han encendido las luces de alarma debido al avance en el Parlamento del tratado internacional ambientalista denominado Acuerdo de Escazú.

Se trata de un convenio regional latinoamericano y caribeño relacionado con el medio ambiente. Su nombre completo es bastante extenso: "Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)".

El proyecto lo presentó a la corriente legislativa el Poder Ejecutivo desde el 1.º de febrero del 2019. En el Parlamento lo tramitó la Comisión Especial de Asuntos Internacionales, donde, el 12 de agosto del 2019, recibió dictamen afirmativo unánime.

Según el sitio web de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley se le consultó al Ministerio de Educación (MEP), al Ministerio de Planificación (Mideplan) y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

De acuerdo con un informe del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, del 17 de febrero del 2020, el convenio de derechos humanos que desarrolla contenidos ambientales fue suscrito por Costa Rica el 4 de marzo del 2018.

Primordialmente, de acuerdo con el informe, el tratado versa sobre las garantías procesales en temas ambientales, como el acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia y deriva de los procesos previos relacionados con las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocidos como la Declaración de Río.

El informe detalla que el acuerdo pretende "comprometer a los Estados Parte en el plano internacional a desarrollar en el propio plano nacional acciones que garanticen la implementación efectiva de estos denominados derechos procesales ambientales.

Durante la etapa de presentación de mociones para modificar sus contenidos, los diputados hicieron poco uso de ese recurso. Durante el primer habilitado para tal fin solo se presentó una moción; en el segundo día, se presentaron dos propuestas de enmiendas. Las tres fueron rechazadas.

Finalmente, el plenario del Congreso aprobó el texto en primer debate el 13 de febrero del 2020 con 44 votos a favor.

Protección para ambientalistas

Según el artículo 1.º del convenio, además de los motivos ya dichos, el Acuerdo busca la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, así como la protección del derecho de cada persona "de las generaciones presentes y futuras", indica, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Por derechos de acceso, uno de los principales puntos del Tratado, se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Además de las instituciones públicas, el instrumento considera como "autoridad competente" a las organizaciones privadas, en la medida en que reciban fondos o beneficios públicos directa o indirectamente o que desempeñen funciones y servicios públicos.

Y entre las garantías que se comprometen a dar los Estados firmantes están el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente, dándoles reconocimiento y protección.

En cuanto al acceso a la información ambiental, el tratado dispone, en su artículo 5.º que el derecho de acceso a la información incluye el solicitar y recibir información de las autoridades sin necesidad de mencionar algún interés especial, ni justificar las razones por las cuales se pide la información.

Además, en el caso de las personas o grupos vulnerables que pidan dicha información, los Estados deberán tomar las medidas para girarles lo solicitado considerando sus condiciones y especificidades.

"Cada Parte garantizará que dichas personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones o obtener respuesta", indica el texto.

Entre las causales que estipula el acuerdo para negar la información se encuentra que esta pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, cuando afecte la seguridad pública, o la protección del medio ambiente.

Los Estados Parte, además, deberán tomar medidas para establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos bajo su jurisdicción, el cual se establecerá progresivamente y se actualizará periódicamente.

Público partícipe de decisiones

Unos de los aspectos polémicos del tratado es que obliga a los Estados firmantes a asegurar el derecho de participación del público en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Para esto, los Estados deberán garantizar los mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, además de aquellos relacionados con autorizaciones ambientales que tengan impacto significativo sobre el medio ambiente.

Esas garantías deberán otorgarse desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones.

"El derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso. Antes de la adopción de la decisión, la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación", se lee en el punto 8 del artículo N.º 7.

El tratado dispone que los Estados Parte quedarán obligados a garantizar un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estos no reciban amenazas y no sufran restricciones e inseguridad.

"Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico", detalla el acuerdo.

Cepal: Instrumento sin precedentes

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de las Naciones Unidas, quien ejerce como secretaria técnica del Acuerdo de Escazú, afirmó que este no tiene precedentes en el objetivo de que los países de la región "transiten por una senda de desarrollo más igualitario, inclusivo y sostenible".

"La región tiene buenas razones para sentirse orgullosa de este instrumento: además de ser el único tratado emanado de Río+20, es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto es de especial relevancia en una de las regiones más críticas para quienes defienden el ambiente y la tierra", escribió la jefa de la Cepal.

Además, Bárcena consideró que el Acuerdo de Escazú pretende llegar a los sectores más vulnerables, marginalizados y excluidos.

Esto, a través de medidas que calificó como afirmativas, y explicó que la aspiración es "remover aquellas barreras que impiden o dificultan el pleno ejercicio de derechos".

"Se trata de una fiel expresión del objetivo último de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: no dejar a nadie atrás", manifestó sobre el acuerdo, que ya ha sido ratificado por 12 de los países firmantes.

El 22 de enero pasado se alcanzó la cantidad de ratificaciones necesaria para que el acuerdo entre en vigencia, precisamente este 22 de abril, "Día Internacional de la Madre Tierra".

En Costa Rica, sin embargo, miembros del sector productivo creen que el Acuerdo de Escazú atenta contra la seguridad jurídica, la reactivación económica y la generación de empleo.

Inseguridad jurídica: una de muchas preocupaciones

El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Enrique Egloff, calificó como preocupante que el Parlamento apruebe el Acuerdo porque, según su criterio, presenta inconstitucionalidades, tanto en la regulación general como en su articulado.

La cabeza de la CICR consideró que el tratado provocaría inseguridad jurídica y "una pésima señal" para el sector productivo.

Los industriales consideran que el tratado es perjudicial porque invierte la carga de la prueba en materia de faltas ambientales, pues deberá ser el acusado el que deba probar que no está generando ningún daño al medio ambiente.

"El acusador simplemente afirma algo y la empresa tiene que demostrar que no está incurriendo en la falta o el daño ambiental, desestimando la presunción de inocencia garantizada en la Constitución de la República", afirma la CICR.

Esta Cámara cree que el tratado también amenaza con la parálisis de la producción e inversión de las empresas al comprometer al Estado a ofrecerle medidas cautelares al acusador que detendrían las obras o inversiones que generen el presunto daño.

Los industriales también cuestionan el artículo N.º 7 del convenio porque consideran inadecuado el mecanismo de participación del público en los procesos de toma de decisiones, pues consideran que el desarrollo de un proyecto empresarial podría paralizarse por acción de cualquier persona, especulación o imaginación que la actividad, proyecto, o acto pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente.

"Costa Rica está abrumada de trámites y trabas que dificultan el emprendimiento y la iniciativa y el acuerdo habilita un nivel de apertura a sanciones al empresario, que atenta y limita la iniciativa e inversión empresarial en vez de promoverla", consideraron en la CICR.

No son los únicos. Los voceros de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), coinciden con algunos de los señalamientos de los industriales.

Cacia ve riesgos en materia de seguridad jurídica, una amenaza para la razonabilidad técnica y la proporcionalidad, además de considerar que la ratificación del acuerdo riñe con el proceso de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

"Para los empresarios de la industria alimentaria, el Acuerdo de Escazú se convierte en una avalancha de incertidumbre en uno de los peores momentos de la historia reciente del país, cuyo efecto inmediato serán mayores riesgos, mayores costos y, por tanto, limitaciones para desarrollos generadores de empleos y bienestar social" subrayó Mario Montero, vicepresidente Ejecutivo de Cacia.

La Cámara le envió un mensaje a los diputados de la Asamblea Legislativa el pasado 21 de abril en el que les solicitaron revisar con especial cuidado el impacto que este tratado podría tener sobre la economía del país.

"Si la Asamblea Legislativa ratifica el Acuerdo de Escazú, se entregarían las decisiones de impacto sobre atracción de inversión y consecuente generación de empleos, a las manos de organizaciones no gubernamentales y movimientos de activistas los cuales gozarán de un estatus internacional denominado: ‘Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales'", advirtieron.

 Igual que los industriales, Cacia consideró que cualquier simple denuncia basada en una hipótesis de alteración del medio ambiente carente de respaldo científico o técnico tendrá la capacidad y legitimación para obstaculizar proyectos de desarrollo vinculados a sectores como construcción de carreteras, desarrollos agrícolas, pecuarios, urbanizaciones, puertos, colegios, instalaciones industriales, centros médicos, obras de infraestructura productiva y sistemas de comunicaciones, entre otros.

"El Acuerdo de Escazú no solucionaría problemas ambientales, ya que, por el contrario, convertiría a Costa Rica en un permanente campo de batalla, que tendría como principales protagonistas a los activistas, judicializando los casos hasta las instancias internacionales y postergando la actividad económica del país", recalcó Cacia.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), también reaccionó en contra del tratado.

"El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países, pero nadie del Gobierno lo consultó de previo a la firma. El proyecto de ley nunca fue puesto en consulta por la Asamblea Legislativa al sector productivo, ni a nivel de comisión, ni en el plenario. Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción", dijo José Álvaro Jenkins, presidente de la Uccaep.

Debido a sus preocupaciones, coincidentes con las de los demás actores del sector productivo, la Uccaep instó a los diputados a no aprobar la iniciativa y en su lugar promover la discusión de proyectos que permitan una verdadera reactivación económica.

Este jueves 22 de abril, un bloque de seis diputados anunció que votará en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú, debido a la alarma del miembros del sector productivo.

Se trata de los diputados del bloque independiente Nueva República. Los legisladores se suman así a los parlamentarios de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes también anunciaron que darán sus votos en contra al tratado, sumando así 16 votos de rechazo al proyecto.