¿Qué hacer ante sospechas de abuso contra una menor? Esto recomiendan expertas

Ante el caso de una niña de 11 años cuyo embarazo es investigado por las autoridades judiciales, CR Hoy consultó a especialistas en el ámbito educativo sobre las señales de alerta que deben identificar los centros educativos y los protocolos que deben activarse ante situaciones de riesgo.

Para ello, se entrevistó a Alison Salazar Lobo, presidenta del Colegio de Profesionales en Orientación, y a Gilda Montero Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).

Alison Salazar Lobo explicó que, desde el ámbito educativo, existen múltiples señales que pueden indicar una situación de riesgo para un menor de edad.

"Como presidenta del Colegio de Profesionales en Orientación, puedo señalar que en el ámbito educativo se deben identificar señales de alerta que podrían indicar una situación de riesgo. Entre ellas se encuentran cambios físicos notorios no acordes con la edad, malestares frecuentes como náuseas, mareos o fatiga extrema, ausencias reiteradas, cambios emocionales bruscos, llanto constante, enojo frecuente y alteraciones en el comportamiento habitual", indicó.

La especialista añadió que también debe prestarse atención al uso reiterado de ropa holgada o prendas adicionales que no se justifican por las condiciones climáticas.

"Por ejemplo, el uso constante de suéteres o capas adicionales en climas calurosos, capuchas que buscan ocultar cambios corporales, malestar con el propio cuerpo o una necesidad de pasar desapercibida pueden ser señales de alerta. A esto se suman situaciones de ansiedad, vergüenza o miedo", explicó.

Salazar enfatizó que, en menores de edad, la presencia de estas señales debe abordarse desde un enfoque de protección.

"Estas situaciones no deben tratarse como hechos aislados, sino que deben activar las actuaciones correspondientes para la protección de la persona menor de edad", señaló.

¿Un cambio físico activa protocolos?

Consultada sobre si un cambio físico en una niña de primaria debe activar protocolos específicos, Salazar fue clara en que un solo indicio no permite conclusiones automáticas, pero sí una alerta para el centro educativo.

"Un cambio físico, por sí solo, no equivale automáticamente a la activación de un protocolo de violencia. Sin embargo, sí debe generar una actuación diligente del centro educativo, que implica observar, documentar, comunicar a la dirección y gestionar la referencia a los servicios de salud", explicó.

Protocolos que debe seguir una escuela

Salazar detalló que, ante una situación anómala o de riesgo, el centro educativo debe aplicar el protocolo correspondiente según el tipo de situación detectada.

"En este caso específico, corresponde aplicar el protocolo de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual del MEP. Este protocolo establece siete pasos, entre ellos la detección de la situación, la comunicación a la persona directora, la notificación a la persona encargada legal cuando no exista riesgo, la atención inicial, la elaboración del informe, el seguimiento del caso y la definición de medidas de protección", explicó.

Añadió que, cuando existe embarazo en una menor de edad, este abordaje se complementa con el manual de atención del embarazo y maternidad en poblaciones menores de edad dentro del sistema educativo.

Rol del orientador

Salazar aclaró que la activación de un protocolo no recae exclusivamente en profesionales en orientación.

"Cualquier persona del centro educativo puede y debe activar el protocolo. No todos los centros cuentan con profesionales en orientación, por lo que cualquier docente que tenga una sospecha razonable está obligado a denunciar", afirmó.

Recordó que el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de abuso o maltrato contra una persona menor de edad.

"El rol de la persona orientadora es preventivo y de articulación institucional. No realizamos diagnósticos médicos ni investigaciones judiciales; eso corresponde a otras instancias. Nuestra función es apoyar en la detección temprana, asesorar en la correcta aplicación de los protocolos, dar seguimiento educativo y coordinar con las instancias de protección, siempre respetando la confidencialidad y el interés superior de la persona menor de edad", señaló.

Evitar la revictimización

Para evitar la revictimización, Salazar subrayó la importancia de manejar la información con cuidado.

"Es fundamental limitar la exposición de la persona menor de edad, evitar interrogatorios innecesarios, resguardar su identidad y manejar la información con estricta confidencialidad. Las actuaciones deben ser cuidadosas, coordinadas y respetuosas", explicó.

Además, recalcó la obligación ética y legal de denunciar.

"No hay que callar. Muchas situaciones de abuso continúan porque alguien no creyó o decidió no intervenir. Tenemos una responsabilidad legal, pero también moral, de proteger a las personas más vulnerables", afirmó.

Posición del sindicato

Por su parte, Gilda Montero Sánchez, presidenta de ANDE, señaló que el caso de la menor de 11 años presuntamente violada por su padrastro, parte de una presunción grave.

"Desde nuestra organización, lo primero que debemos decir es que existe una presunción de un delito de violación de un adulto contra una menor de edad. Si esto se confirma, nuestro rechazo es absoluto, porque es completamente inaceptable", manifestó.

Montero destacó la importancia del interés superior del menor de edad, establecido en el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y el papel que desempeñan los docentes.

"Muchas veces los niños y jóvenes confían en los docentes para contar sus situaciones. Sin embargo, dependiendo del contexto, existen temores reales: amenazas, relaciones de poder en las comunidades, reacciones violentas de familias o incluso del agresor", explicó.

Según Montero, estas condiciones pueden influir en la forma en que los docentes actúan.

"En algunos contextos, el educador busca proteger a la menor y garantizar que sea atendida médicamente lo antes posible. Puede recurrir a la referencia por obesidad como una vía para que la niña ingrese a un centro hospitalario, sin exponerse a amenazas o represalias", indicó.

La dirigente sindical también alertó sobre las amenazas que enfrentan docentes en algunas comunidades.

"Tenemos denuncias de educadores amenazados por pandillas, narcotráfico o personas agresivas. Esto genera miedo y, lamentablemente, en algunos casos obliga a los docentes a modificar versiones para protegerse", señaló.

Finalmente, Montero llamó la atención sobre las consecuencias a largo plazo del caso.

"Estamos hablando de una niña obligada a asumir una maternidad que no eligió, producto de una relación de poder desigual y de una agresión sexual. Es una vida marcada por una decisión que no fue suya. Como sociedad, debemos preguntarnos quién la va a acompañar y proteger de aquí en adelante", concluyó.