¿Qué prometen los dos candidatos principales a la Defensoría?

(CRHoy.com) Los diputados deben escoger un nuevo Defensor o Defensora de los Habitantes, para los próximos cuatro años.

Pero más allá de las negociaciones entre las fracciones o las tácticas para retrasar la votación que buscan asegurar votos, ¿qué es lo que los dos principales aspirantes prometen hacer de llegar al cargo?

Hablamos de Laura Arguedas y Erick Ulate, las dos personas que tienen más opciones para resultar electos.

Arguedas es politóloga de profesión y tiene un postgrado en Derechos Humanos.

Ulate es abogado y pone como fortaleza su amplia experiencia en organizaciones comunales y en la defensa al consumidor.

Ambos además arrastran dos marcas políticas sobre sus espaldas.

A Arguedas se le señala como la candidata del Partido Liberación Nacional (PLN). Fue la excandidata a la vicepresidencia de José María Figueres.

Hoy es además, jefa de asesores de la fracción verdiblanca.

En el caso de Ulate, es tildado como el "candidato del Gobierno". Esto luego que Casa Presidencial lo designó como representante de los usuarios en la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).

Él es presidente de la Asociación Consumidores de Costa Rica.

Propuestas

En el proceso para su selección como candidatos, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea entrevistó a cada uno de ellos para conocer sus propuestas.

Arguedas tuvo la entrevista el 17 de octubre del año pasado.

Ahí ella enumeró una serie de cambios y mejoras que haría dentro de la Defensoría, institución que además conoce bien, ya que laboró por más de 20 años ahí.

Mi deseo se fundamenta, primero que todo, en que creo profundamente en la dignidad humana y creo en ser una voz fuerte para las personas, especialmente, para quienes viven en mayor exclusión y necesidad, les dijo a los diputados.

La aspirante enumeró ocho puntos que serían los principales objetivos en que basaría su labor de asumir el cargo.

Además de los anteriores, su propuesta se completa con:

• Fortalecer la educación en derechos humanos porque este es un mandato legal. Esto se logra mediante la cátedra de derechos humanos; pero, sobre todo, con el Instituto de Educación en Derechos Humanos que ya está en la institución, al cual hay que dotar de maya curricular, programas de estudio, módulos de enseñanza, instructores, material de apoyo y otros componentes.
• Iniciar un nuevo proceso de construcción de la planificación institucional a largo plazo. Para eso, es necesario mejorar el clima organizacional y crear estrategias para fortalecer el trabajo interno en calidad, valor público, manejo del presupuesto, recursos humanos y con las plazas existentes que deben salir a concurso y otros.
• Implementar un proyecto de trabajo para la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 en el desarrollo temático de la Defensoría, esto con una metodología que permita ejercer un mejor control de legalidad a partir del seguimiento de las metas que plantean los mismos ODS.

Mayor credibilidad

En el caso de Ulate, su audiencia fue el pasado 26 de octubre. A diferencia de Arguedas, Ulate no presentó una lista de acciones específicas, sino su visión de lo que para él debe ser la institución.

Recordó que tiempo atrás la Defensoría gozaba de una gran "credibilidad" por parte de las personas.

"La gente acudía a la Defensoría de los Habitantes porque sabía que iba a encontrar efectivamente oídos, brazos, intelecto que pudiera defender las causas de la población. Eso desgraciadamente, a través del tiempo se ha venido perdiendo", afirmó.

Ulate señala que en el tema de los Derechos Humanos el problema es que se tratan como si fuera un tema de universidad, como si fuera un tema teórico, que no tiene un sustento en la realidad.

Puso como ejemplo que la anterior Asamblea Legislativa aprobó, el derecho humano de acceso al agua.

"¡Y qué bien! Pero, resulta que Acueductos y Alcantarillados factura mal el servicio de agua, hace que la gente tenga que ir a reclamar, haciendo dos horas de fila en la institución e inmediatamente en media pandemia, y al final no le reciben reclamos, sino que los obligan a firmar un arreglo de pago. ¿Qué derecho de acceso al agua hay ahí?", se cuestionó.

"Ustedes recibieron a la señora Rocío Aguilar para hablar de las pérdidas del ROP, y ¿cuál fue la conclusión? Que la gente que se pensiona en estos días, va a ver capitalizada una pérdida y, ¿los derechos de los adultos mayores? ¿Dónde quedaron? Y, ¿cuál es el pronunciamiento de la Defensoría de los Habitantes en este sentido?", agregó como otro ejemplo.

Ulate explica que él busca una Defensoría de los Habitantes proactiva, que se posicione claramente, en favor de la gente y que haga pública estas luchas.

¿Para qué? Para recuperar la confianza, para que la gente sienta que, de verdad, acudiendo a la Defensoría de los Habitantes, va a tener un respaldo en sus peticiones, afirmó.

Injerencia y peso en señalamientos

Uno de los aspectos que se les consultó a ambos es si creen necesarias reformas legales para que la Defensoría tenga un mayor impacto. Esto porque se ha criticado que sus recomendaciones no son vinculantes.

Ambos coinciden en que ya la ley de la Defensoría tiene herramientas para obligar a los funcionarios públicos a rendir cuentas ante esta entidad.

Arguedas explica que la institución de Ombudsperson, la figura, vive de su fuerza moral, pero eso no la hace inofensiva, también tiene dientes.

"La misma ley constitutiva, le da la posibilidad no solamente de exigir respuesta al sector público, le da la posibilidad de llamar a un funcionario o funcionaria pública, para que se haga presente, para indagar sobre un caso o sobre otro, y le da la posibilidad de ir a la vía judicial, en cualquiera de los recursos que la jurisdicción da, para incubar una investigación o para iniciarlo, para denunciar. Entonces, creo yo, que en esa lógica, la ley no necesita variaciones, porque entonces, estaríamos de alguna manera lesionando el espíritu del Ombudsperson", explicó.

Arguedas indicó que la Defensoría sí necesita tener rango constitucional.

Ulate por su parte cree que lo que falta es voluntad para ejecutar lo que ya dice la ley.

"Lo primero es que hay que tener la voluntad de hacerlo y yo tengo toda la voluntad de hacerlo. Imagínese que la Ley de la Defensoría de los Habitantes, establece sanciones para los funcionarios que no brinda la información, que no se presenten, y la Defensoría de los Habitantes es quien debe empezar a realizar ese tipo de acciones, para que esos funcionarios sean sancionados", mencionó.

Agregó que si existe la credibilidad y se aplican los mecanismos legales a él no le va a temblar el pulso para empezar los procesos administrativos judiciales contra aquellos funcionarios que no le quieran responder a la Defensoría de los Habitantes.

Ulate cree que se debe además actualizar la ley de la institución.