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¿Qué proponen en derechos humanos los principales candidatos presidenciales?

Por Rebeca Ballestero | 28 de Ene. 2026 | 2:19 am

¿Qué proponen en derechos humanos los principales candidatos presidenciales?

Los derechos humanos aparecen con distintos niveles de desarrollo en los planes de gobierno de los principales candidatos presidenciales para el período 2026-2030. Las propuestas presentadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) permiten observar enfoques diversos sobre temas como igualdad, no discriminación, derechos de las mujeres, poblaciones vulnerables y acceso efectivo a la justicia.

Este análisis se basa en los planes de gobierno de cinco candidaturas que actualmente figuran entre las que lideran las encuestas de intención de voto, y examina cómo cada aspirante integra —o deja en segundo plano— la agenda de derechos humanos dentro de su visión de país.

Ariel Robles (Frente Amplio)

El candidato presidencial Ariel Robles, del partido Frente Amplio, incorpora los derechos humanos como un eje estructural de su propuesta. El documento desarrolla políticas orientadas a la igualdad, la no discriminación y la protección de poblaciones históricamente excluidas.

Prioridad a la diversidad sexual

El Frente Amplio coloca la agenda LGBTIQ+ como un eje central de democratización social. Robles propone la aprobación de una Ley Integral para la población trans, construida con la participación de este colectivo, que garantice el reconocimiento expedito de la identidad de género —incluyendo a los menores de edad— y el acceso a servicios de salud sin estigmas.

Además, el plan incluye la prohibición total de las llamadas "terapias de conversión" y el restablecimiento de la figura del comisionado presidencial para asuntos LGBTIQ+, quien sería elegido a partir de una terna propuesta por la sociedad civil.

Justicia económica para las mujeres

En materia de derechos de las mujeres, la propuesta central es la creación de una "Renta Mínima Feminizada", dirigida a mujeres jefas de hogar en condición de pobreza y vulnerabilidad, con el objetivo de reconocer económicamente el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

El plan también plantea ampliar la licencia de maternidad a seis meses, universalizar las licencias de paternidad y combatir la violencia obstétrica en el sistema de salud.

Deuda histórica con los pueblos indígenas

Robles se compromete a retomar y aprobar la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas para garantizar la autodeterminación y el autogobierno en sus territorios. Asimismo, propone otorgar la binacionalidad al pueblo ngäbe, para resolver las problemáticas legales derivadas de su condición transfronteriza entre Costa Rica y Panamá.

También plantea reformar el Código Electoral para permitir la elección de una diputación indígena.

Política exterior

El Frente Amplio propone romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel mientras continúe lo que califica como genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Además, Robles impulsa una "política exterior feminista", que priorice la equidad de género en los foros internacionales y garantice la paridad en el servicio diplomático.

En materia migratoria, el plan rechaza acuerdos con Estados Unidos que impliquen violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

Derechos laborales

La propuesta integra los derechos laborales como derechos humanos, con iniciativas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin reducción salarial y la creación de una ley de salario mínimo vital, calculado con base en el costo real de la vida.

Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana)

La candidata presidencial Claudia Dobles Camargo fundamenta su propuesta en el principio de que los derechos humanos "no son concesiones del Estado ni privilegios, sino principios universales e indivisibles".

Sistema Nacional de Cuidados

La propuesta central es el reconocimiento de los cuidados como un derecho humano mediante la creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (SINCA), con el objetivo de cubrir a 40.000 personas en situación de dependencia hacia el año 2030.

La iniciativa incluye la certificación de 10.000 asistentes personales y el establecimiento de una categoría salarial específica para el trabajo de cuidados.

Diversidad sexual

Agenda Ciudadana se compromete a restituir la figura del comisionado presidencial LGBTIQ+ con capacidad de coordinación interinstitucional. Además, plantea modificar protocolos de la CCSS para incluir a personas no binarias en procesos de hormonización, prohibir las terapias de conversión y respaldar proyectos de ley para el reconocimiento pleno de la identidad de género.

 Mujeres

Dobles propone garantizar la aplicación efectiva de la norma técnica para el aborto terapéutico, combatir la violencia obstétrica y supervisar la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio.

Pueblos indígenas y afrodescendientes

El plan prioriza la ejecución del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas con presupuesto propio y el fortalecimiento de los procesos de consulta previa. Para la población afrodescendiente, propone garantizar el cumplimiento de la cuota del 7% de empleo público y restituir el comisionado presidencial para este sector.

Laura Fernández Delgado (Partido Pueblo Soberano)

La propuesta de Laura Fernández se fundamenta en el eje "La vida, la familia y los valores".

Plantea una defensa absoluta de la vida y propone reformar el Código Penal para aumentar las penas por aborto y restringir el aborto terapéutico únicamente a casos de riesgo inminente de muerte para la madre.

En materia de derechos de las mujeres, impulsa una política de "cero tolerancia" a la violencia, la creación de centros de atención integral para víctimas y acciones contra la violencia obstétrica.

Para la niñez, propone una reforma estructural del PANI con énfasis en la desinstitucionalización. En cuanto a poblaciones vulnerables, plantea fortalecer al CONAPDIS, construir un nuevo hospital geriátrico y priorizar la inversión en servicios básicos en territorios indígenas.

Álvaro Ramos (Liberación Nacional)

El plan de gobierno de Álvaro Ramos, titulado Una democracia que resuelve, plantea pasar de la "promesa formal a la garantía efectiva" de los derechos humanos.

Incluye un "nuevo pacto con las mujeres", el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, acciones contra la violencia digital y obstétrica, igualdad salarial y atención psicológica especializada.

En pueblos indígenas, propone concluir el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, crear un fondo específico de infraestructura y fortalecer la consulta indígena. También plantea iniciativas para personas con discapacidad, población LGBTIQ+, afrodescendientes, adultos mayores y personas migrantes.

Asimismo, define la salud, la educación y la seguridad como derechos humanos fundamentales, con propuestas para fortalecer la CCSS, aumentar la inversión educativa y mejorar la prevención del delito.

Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana)

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, incluyó sus principales propuestas en materia de derechos humanos en el plan de gobierno Emparejar la cancha, donde plantea acciones orientadas a garantizar la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación, con énfasis en poblaciones históricamente excluidas.

Las iniciativas se agrupan en la sección "Derechos humanos y poblaciones vulnerables" e incluyen medidas para mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la protección a mujeres, niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, población migrante y comunidad LGBTIQ+.

En el ámbito judicial, Hidalgo propone implementar un sistema de priorización de casos para reducir la mora judicial, así como la creación de 20 oficinas judiciales móviles en zonas rurales y marginadas. Para los derechos de las mujeres, plantea sistemas de monitoreo en tiempo real de órdenes de restricción, mayor protección del derecho a la vivienda para víctimas de violencia y procesos judiciales más ágiles en casos de violencia de género.

Respecto a la niñez y adolescencia, el plan prioriza la desinstitucionalización mediante el fortalecimiento del acogimiento familiar del PANI y reformas legales para sancionar a progenitores reincidentes en abuso o incumplimiento de deberes. En cuanto a los adultos mayores, propone crear una pensión mínima universal para mayores de 65 años, tipificar el delito de abuso patrimonial y ampliar la infraestructura de centros de cuido.

El plan también contempla acciones para proteger a la población migrante y refugiada frente a la explotación laboral, mediante sistemas de monitoreo y centros de atención integral, así como programas de inserción laboral. Finalmente, para la población LGBTIQ+, plantea la creación de centros de atención psicosocial especializados y campañas nacionales de sensibilización para prevenir la violencia y los crímenes de odio.

 

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