Radiografía universitaria: por qué es insostenible su situación, explicada en 5 pasos
Contraloría recomienda reformar elevados gastos en salarios
La advertencia es clara: si las universidades estatales no dan un golpe de timón que les cambie el rumbo en la forma cómo se financian, su futuro podría estar comprometido.
El riesgo no se limita solo a la elevada dependencia que tienen del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) que por ley debe otorgarles el gobierno cada año. Va más allá: crecimiento y distribución de salarios, adecuación de su oferta académica con la realidad del mercado e incluso el denominado bono demográfico; es decir, la tendencia actual a que cada vez se producen menos nacimientos y por consiguiente, menos jóvenes en el futuro a los cuales enseñar.
El documento Desafíos en la Creación de Valor Público de las Universidades Estatales revelado hace una semana por la Contraloría General de la República, prácticamente señala con marcador rojo cada uno de los puntos en que se debe trabajar, antes de que sea tarde. Si el rumbo no cambia- concluyen- la situación será insostenible.
Los ingresos nominales totales de las universidades se incrementaron un 59,7% entre 2013 y 2017, mientras que los gastos lo hicieron un 49,4% en el mismo periodo. Ambos crecimientos son mucho mayores a los presentados en el resto de la Administración Pública.
El problema es que gran parte de esos recursos se utilizan para atender los llamados gastos corrientes, en donde la partida de salarios es precisamente la de mayor peso.
Durante los últimos años el crecimiento en la partida salarial ha sido importante, y aunque la variación ha venido desacelerándose hacia 2017 el porcentaje de crecimiento sigue siendo mucho mayor a la inflación.
En 2017 con respecto a 2017, mientras los salarios crecieron un 5,9%, ese mismo año la inflación del país fue de un 2,57%.
Es cierto que la matrícula universitaria mantiene una tendencia creciente. Entre 2011 y 2017 la variación anual de la matrícula consolidada se mantuvo en un 2,4% en promedio, los nuevos ingresos crecieron un 0,8% y la cobertura general pasó de un 7,9% a un 11.1% entre personas de 18 a 25 años.
Los títulos otorgados por las universidades estatales también aumentaron un 3,31% entre 2014 y 2016, pasando de 14.999 a 15.495 títulos.
Sin embargo, al comparar esos datos con la inversión, tanto general como per cápita, los crecimientos se quedan cortos y se produce un margen muy elevado. La conclusión es que cada vez resulta "más caro" llevar educación a los estudiantes.
En el caso de la educación universitaria pública, el Índice de Progreso Social indica que la cantidad de estudiantes de educación superior matriculados en universidades de rango mundial se mantuvo constante en el periodo 2014-2018, mientras que en términos de inserción laboral de graduados universitarios, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) mostró que, como se citó anteriormente, entre 2014 y 2017, el porcentaje de inserción laboral de personas con educación superior completa disminuyó de 68,11% a 67,3%.
Pese a los incrementos en la cobertura, el porcentaje de personas con estudios superiores en Costa Rica continua siendo bajo si se compara con otros países, según la Contraloría.
Datos de la OCDE indican que el 23% de los adultos entre 25 y 64 años tienen educación universitaria, porcentaje que contrasta con el observado en países como Canadá (56,7%), Islandia (42,4%), y el promedio de la OCDE (36,9%). Además, el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan también es alto respecto a otros países: 24,6% en 2016 para jóvenes entre 20-24 años, versus un 16,5% en promedio para los países de la OCDE.
Existe un conflicto entre la Contraloría y las universidades estatales sobre la forma en cómo se contabilizan los presupuestos sin ejecutar.
Las casas de enseñanza acumulan un importante porcentaje de los recursos en los superávits para realizar obras de infraestructura a futuro, pero la Contraloría sostiene que esto no es contablemente adecuado, por lo que deben ser colocados dentro de una partida especial para ello o bien reportarlos como gastos no ejecutados.
El problema es mayor, por cuanto no se puede utilizar este dinero incluido en superávits para sufragar gastos corrientes como por ejemplo el pago de salarios.
0:000:00Manuel Corrales, gerente del Área de Servicios, Contraloría General de la República.
El cambio demográfico supone un desafío para la educación superior, ya que modifica la demanda del servicio en el mediano plazo.
El proceso de envejecimiento de la población significa una disminución sostenida de la población joven; es decir, en el público meta de las universidades. Según el Estado de la Educación esto ya es perceptible en la población escolar donde se ha registrado una merma significativa en primaria. Esto es, menos posibles estudiantes a los cuales enseñar en el corto plazo.
De acuerdo con la Contraloría, esto presupone un reto a las universidades de mejorar la oferta académica y readecuarla a las carreras del futuro.
Una política de crear y mantener privilegios sostenida a lo largo del tiempo ha provocado que la bola de nieve de los incentivos alcance ya niveles de cuidado.
La subpartida de incentivos salariales representa un porcentaje mayor a las remuneraciones básicas, e incluso la diferencia entre ellas ha venido aumentando de manera paulatina. Estos pasaron de 46,29% del total de remuneraciones en el año 2013 a 48,49% en 2017, mientras las remuneraciones básicas variaron de un 34,91% a un 32,32% en el mismo periodo.
Esto significa que se paga más por incentivos que por sueldo base, y aunque es algo que ocurre en gran parte de la Administración Pública, en las universidades estatales es más acentuado.
Todos estos aspectos hacen prever a los diputados en la necesidad de reformar la forma en que se financian las universidades.
La comisión conformada en la Asamblea Legislativa buscará eso a lo largo de las próximas semanas. Hacen la salvedad de que no trabajarán en "recortar por recortar", sino en darle mayor sostenibilidad al sistema.
0:000:00 Pablo H. Abarca, diputado PUSC
Los rectores ya dieron un primer paso. Y acordaron analizar en cada centro de enseñanza sobre nuevos mecanismos que permitan mejorar el manejo financiero de esas entidades.