Rebeldía de rectores castigará a universitarios con recorte de al menos ₡31 mil millones
Contraloría les ordenó trabajar con presupuestos de 2019 por incumplir requisitos en trámites sobre regla fiscal
Marcelo Prieto, rector UTT; Alberto Salóm, rector UNA; Luis Paulino Méndez, rector TEC, Jenning Jensen, rector UCR y Rodrigo Arias, rector UNED.
(CRHoy.com) La orden emitida por la Contraloría General de la República para que las universidades estatales trabajen con el presupuesto de 2019 en lugar de lo proyectado para 2020, representará un castigo superior a los ₡31 mil millones en sus planes de gastos para el próximo año.
La cifra fue confirmada a solicitud de CRHoy por el departamento de Servicios Sociales de la entidad, luego de que este jueves emitiera una resolución en donde decidió archivar los presupuestos universitarios, ante la rebeldía de los rectores al no presentar ante las autoridades hacendarias las certificaciones que hacían constar que están cumpliendo con la regla fiscal.
Según la entidad, la Contraloría aprobó a las universidades y al Consejo Nacional de Rectores (Conare) un presupuesto inicial 2019 de ₡708.760, 1 millones.
En tanto, la propuesta de presupuesto inicial 2020, se presentó por un monto total de ₡740.092,6 millones.
Esto refleja un saldo de ₡31.332,6 millones.
La orden de la Contraloría, establecida por el incumplimiento de requisitos para certificar el cumplimiento de la regla fiscal por parte de las universidades, indica que a estas casas de enseñanza les "regirá el presupuesto definitivo del 2019 ajustado en lo que corresponda".
Cada entidad debe realizar todavía el cierre de la ejecución definitiva del año, por lo cual los montos están sujetos a revisión. Algunas presupuestos iniciales 2019 significan montos mayores que la propuesta para 2020; sin embargo, la Contraloría señaló que existen reglas claras sobre lo que aplica en estos casos:
La Administración es responsable de que el monto del presupuesto ajustado que se remita a la Contraloría General, por rubro de ingreso, por partida presupuestaria de gastos y por programas, sea igual o inferior al presupuesto definitivo del año precedente… En todo el caso el presupuesto y ejecución deberá realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro las que se encuentra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635.
Con esta variación, las más afectadas serían la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Durante 2019 todas las universidades solicitaron presupuestos extraordinarios que elevaron sus planes de gastos. Según la Contraloría, técnicamente no resulta viable comparar presupuestos definitivos con presupuesto inicial del año siguiente.
Rebeldía universitaria
El diferendo entre la Contraloría y las universidades por estos presupuestos se origina con la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a partir de diciembre de 2018, en específico con el trámite para garantizar que se cumple con la regla fiscal.
Esta regla opera como contención de los presupuestos de las entidades estatales, aplicando fórmulas de crecimiento en relación al Producto Interno Bruto y endeudamiento, entre otros parámetros.
Según la reforma fiscal, las universidades como órganos estatales, estaban obligadas a remitir ante la Secretaría Técnica de la Administración Presupuestaria (Stap) antes del 30 de setiembre, toda la documentación para calcular que se estuviera cumpliendo con la regla fiscal.
En franca rebeldía, los rectores remitieron el oficio OF-CNR-2015-2019 el 13 de setiembre pasado, indicando que las universidades habían acordado no remitir esa información al Stap.
Por esta razón la Stap finalmente no pudo hacer el cálculo y así lo comunicó a la Contraloría.
Ante la negativa a entregar la información, la Contraloría hizo la solicitud de manera directa, pero el Consejo Nacional de Rectores (Conare) respondió que no otorgarían esa información por cuanto estaba pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad presentada por ellos sobre el tema.
Los rectores alegaron que otorgar esa información era ir en contra de la autonomía universitaria pues debían entregar información de sus presupuestos ante un órgano del Poder Ejecutivo.
Esto aún y cuando así lo ordenó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con todas las entidades estatales.
Las universidades han estado en constante enfrentamiento con las autoridades hacendarias y de la Contraloría en el último año, debido a la aplicación del plan fiscal.