Recope choca con pared ante idea de concesionar plan de millonaria terminal
Legislación exige que refinadora mantenga monopolio para refinar, importar y comercializar derivados del petróleo
(CRHoy.com). La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) exploró la posibilidad de desarrollar por la vía de la concesión el proyecto de la Terminal Pacífico, en Barranca de Puntarenas, estimado en $238 millones y cuyo impulso fue pausado en julio de 2021 por la Contraloría General de la República (CGR) ante la ausencia de los suficientes estudios técnicos y financieros.
Yariela Webb Araya, del departamento de gestión de proyectos de la empresa estatal, consultó el pasado 2 de febrero al área de asesoría jurídica sobre la posibilidad de concesionar la construcción y la administración de la obra a un tercero. Sin embargo, los expertos legales de la refinadora aseguraron que eso no es posible.
La Terminal Pacífico procura el diseño, el suministro, la instalación y la operación de una monoboya compuesta por 2 tuberías enterradas en el lecho marino. Con una longitud de 6 mil metros cada una y con diámetros de 600 milímetros (mm) para productos claros (gasolinas) y 300 mm para Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El proyecto, que busca no depender del plantel de Moín (Limón), se complementaría con la estación de rebombeo ubicada en Fertica, en Barranca, y un sistema para almacenamiento de GLP (7 esferas con una capacidad mínima de 4 mil metros cúbicos cada una).
El 7 de febrero, mediante el oficio AJ-0157-2022, cuya copia posee este medio, el departamento de asesoría jurídica le indicó a Webb que Recope no está habilitado legalmente para ceder a terceros la administración del monopolio estatal de refinación, importación, distribución o comercialización de los derivados del petróleo con fines energéticos.
"Si bien esta empresa pública ostenta competencia legal para desarrollar un proyecto como el descrito, lo que es conforme con sus mandato y objetivos legales, considerando que, al no poder Recope poner en manos de terceros la administración del monopolio que le ha sido otorgado por ley de forma expresa, y según criterios reiterados de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la CGR, a esta le estaría vedado acudir a la concesión de obra con servicio público para encargar la explotación del proyecto Terminal Pacífico a un tercero", detalla el documento de análisis legal.
La ley que regula a la refinadora le confiere la potestad exclusiva para la construcción de las instalaciones necesarias para refinar, transportar y comercializar a granel, así como la modernización o ampliación de estas, las cuales constituyen "actividades necesarias para la producción de los combustibles requeridos por el mercado nacional".
Además, en casos de emergencia, Recope está obligado a prestar directamente el suministro de combustibles a los consumidores.
Esta restricción no debe confundirse con lo dispuesto en la ley 5508, la cual avala que la empresa haga convenios con inversionistas nacionales o extranjeros para modernizar o ampliar las instalaciones "a fin de que pueda atender debidamente la demanda de combustible y otros derivados del petróleo".
"En conclusión, Recope está legalmente vedado a ceder la administración del monopolio a un tercero, sea privado o público, y siendo que la figura legal de la concesión de obra con servicio público implicaría precisamente la construcción, explotación y aprovechamiento de la obra por parte de un tercero, es decir, cederle la administración de la Terminal Pacífico para la importación de hidrocarburos, se estaría violentando la restricción legal establecida en la Ley del Monopolio. Es por esto que para Recope resulta legalmente improcedente la, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos", enfatizó el análisis jurídico.
La intención de la refinadora es que la obra, estimada en $238 millones, entre en operación en 2026.
Según el plan inicial, la institución debía aportar de su bolsillo $98.2 millones y el resto ($135,7 millones) provendrían de un crédito bancario.
Dos de las opciones puestas sobre la mesa para impulsar el proyecto fueron gestionar una Alianza Público Privada (APP) o un Fideicomiso de Obra Pública (FOP). No obstante, ninguna de las 2 ha cristalizado.
La obra también incluye el sistema de carga de cisternas, el sistema contra incendios, las interconexiones, los equipos de medición, de automatización y un tanque de 8 mil metros cúbicos (m3) para almacenamiento de diésel.
En la terminal también se instalaría un sistema para almacenar, importar y distribuir productos como GLP, diésel y gasolinas (como Súper o Regular).
