Al Consejo de Gobierno

Recope presiona por terminal portuaria de $220 millones

Gerardo Ruiz R. [email protected] Agosto 5, 2020  12:01 am

08052020

  • Recope trata de convencer a Presidencia para que firme contrato con Canadá para construir obra
  • Industriales advierten que no han sido consultados sobre nuevo plan portuario


(CRHoy.com).- La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) insistió ante el Consejo de Gobierno en la construcción de una nueva terminal portuaria en el Pacífico que tendría un costo cercano a los $220 millones.La autónoma negocia con la Corporación Comercial Canadiense (CCC) el diseño y la construcción del proyecto.

En la sesión del pasado 26 de mayo, el Consejo de Gobierno acordó solicitarle a la Refinadora toda la información relacionada con la construcción de la terminal. El presidente, Carlos Alvarado, y sus ministros, también pidieron al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Ministerio de Planificación que preparen una recomendación sobre el proyecto.

Hace un año, Recope firmó un memorandum de entendimiento con Canadá. La intención es que la empresa estatal canadiense, CCC, desarrolle el proyecto mediante mecanismos más ágiles, como el esquema de contratación de “gobierno a gobierno”.

Durante la sesión del Consejo de Gobierno, Recope intentó convencer al Gabinete de la necesidad de que se constituya en su Asamblea de Accionistas para que firme el contrato de gobierno a gobierno.

Recope y su camino andado con Canadá

Según el acta, Francisco Vallejo, de Recope, explicó que se han explorado escenarios legales para una “ágil” contratación de la construcción del proyecto y que para tal fin “se requiere de una empresa capaz de ejecutar el proyecto asegurando la finalización dentro del plazo, costo y calidad pactados, que además sea experta en diseño y ejecución de proyectos de alta complejidad”.

Explicó de inmediato que la CCC se rige por la Ley sobre la Corporación Comercial Canadiense, de 1946, que ayuda a los gobiernos de otras naciones a obtener productos y servicios de Canadá a través de contratos con el “gobierno a gobierno”.

Amplió que al no ser la CCC un ente de derecho público internacional, no se podría hacer una contratación directa, por lo que Recope analiza “ir por la excepción de la Ley de Contratación Administativa que habla de la contratación entre Estados”.

Vallejo, entonces, propuso al Consejo de Gobierno que, por la naturaleza jurídica de Recope, que el Estado costarricense, a través del Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus competencias, y a requerimiento del Consejo de Gobierno constituido en Asamblea de Accionistas de Recope, “gestione la firma de contratos de gobierno a gobierno para facilitar la ejecución de proyectos estratégicos por parte de la empresa pública estatal, encaminados a lograr una efectiva y eficiente prestación del servicio público”.

Según el funcionario de la entidad autónoma, ya esta ha identificado “suficiente respaldo jurídico”  para justificar la actuación que desea Recope del Consejo de Gobierno.

Entre ese “respaldo” mencionó directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Gobierno Corporativo, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), y un decreto ejecutivo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entre otras normas.

Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, indicó al Consejo de Gobierno en esa misma sesión que la posibilidad de contratación “gobierno a gobierno” con Canadá ya se le consultó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República, así como a la Embajada de Canadá.

El eventual contrato sería para el diseño y la construcción de la terminal de Recope en el Pacífico. La autónoma defiende como “una gran ventaja” que el gobierno canadiense se comprometería a rendir la garantía soberana de la Corona de su país.

La garantía estatal cubriría aspectos como el costo, alcance, calidad y tiempo de entrega de los proyectos, publicó Recope al publicitar la firma del memorandum de entendimiento.

La Refinadora defiende que el proyecto ya está “maduro”, que cuenta con viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que dispone de los terrenos y servidumbres libres y que la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y con el Incop ya se realizó.

¿Y el beneficio para el consumidor?

Yariela Webb,  líder del Programa de gas licuado de Petróleo (GLP) y del proyecto Terminal del Pacífico en Recope, explicó al Consejo de Gobierno que ya existe un estudio de factibilidad que realiza un análisis comparativo incremental, con un costo promedio incremental de corto y mediano plazo para el consumidor de ¢3 por litro de GLP y de ¢1,7 por litro de diésel y de gasolinas con respecto a la operación que tiene Recope en Moín, Limón.

Explicó también que el costo de construir la nueva terminal en los muelles de Barranca, Puntarenas es de $219,1 millones, valor que puede variar hacia arriba o hacia abajo en un 30% por incertidumbre.

Alejandro Muñoz dijo que la construcción de esa infraestructura contribuiría con la seguridad energética del país y con el impulso del uso del GLP para el transporte de carga, pues es un derivado del petróleo menos contaminante y va de acuerdo con el Plan de Descarbonización que impulsa el presidente Carlos Alvarado.

La idea de Recope es que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) le concesione la operación de la monoboya o muelle flotante. El Incop, por su parte, financiaría los trabajos para desarrollar la infraestructura necesaria para realizar el empalme del muelle con el resto del sistema de distribución de combustibles.

¿Gasto estratégico?

Según Recope, el proyecto abrirá la posibilidad de importar GNL, así como el desarrollo de plantas de producción y almacenamiento de hidrógeno. Sobre el primer caso, sus funcionarios expusieron al Consejo de Gobierno que hoy la empresa tiene problemas de almacenamiento con la infraestructura que posee.

“Este proyecto es de suma importancia ya que abre la posibilidad de que el país cuente con otro punto de abastecimiento marítimo para GLP, gasolinas y diésel, lo que disminuye la vulnerabilidad, siendo que el GLP es un producto de transición más limpio, incrementará la capacidad de almacenamiento de Recope y sus inventarios, incluso disminuye los costos y las emisiones relacionados con el fletamento terrestre del GLP, brindando la infraestructura necesaria para abrir mercados para energías alternativas”, argumentó el presidente ejecutivo de la Refinadora.

Recope no puntualizó si ya posee un estudio sobre la demanda de GLP o GNL en el país. Sin embargo, una de las razones que expuso su presidente ejecutivo en defensa del proyecto fue que el impulso al crecimiento de la demanda del GLP, a través de políticas públicas “apropiadas”, neutralizaría el efecto inmediato en el precio de ese combustible.

Empero, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), interesada en el uso intensivo de GLP y GNL en los procesos industriales, con el fin de abaratar los costos de producción, recalcó que no conoce el proyecto de Recope en Barranca.

Su director ejecutivo, Carlos Montenegro, consideró como “llamativo” que la empresa estatal no haya realizado una consulta sobre la terminal portuaria a los consumidores industriales de los combustibles alternativos. La CICR defiende la tesis de que el gas natural no es parte del monopolio de Recope.

“Es importante que estas iniciativas resulten de la valoración de las necesidades de los consumidores y en ese sentido nos extraña que no se conozca el proyecto por los consumidores principales (el sector industrial)”, alertó.

Montenegro advirtió que si la Refinadora realiza las inversiones multimillonarias en Barranca y después el proyecto no funciona–por una demanda débil de GNL en el país–serían los consumidores quienes, vía tarifas de combustibles, terminarían pagando la obra.

“Por ello, se insiste en que el primer paso es conocer las necesidades de los consumidores”, advirtió el vocero del sector industrial.

Al Consejo de Gobierno los funcionarios de Recope le expusieron otras razones que, según ellos, hacen estratégica la inversión en un muelle flotante en la costa del Pacífico.

“Y en caso de que se diera un desabastecimiento de combustibles este proyecto construiría una monoboya que se ancla en el mar en profundidades superiores a 15 metros donde el fluido es transferido entre la boya y el buque a través de mangueras submarinas y flotantes y su conexión a tierra es por medio de tuberías marinas”, explicó Webb, según se detalla en el Acta de la sesión del Consejo de Gobierno, de la cual CRHoy.com tiene una copia.

Además de los sistemas marítimos con capacidad para atender a buques petroleros de hasta 40.000 toneladas, el proyecto contempla la construcción de dos líneas marinas de hasta 5,6 kilómetros para traer el combustible a tierra. Se prevé la construcción de tres esferas presurizadas de 4.770 metros cúbicos con capacidad para 30.000 barriles y cuatro esferas de 3.975 metros cúbicos para almacenar hasta 25.000 barriles de GLP.

Hoy en día Recope solo tiene operaciones de trasiego de combustibles en Moín. Desde allí se bombea combustible hasta Barranca a través de un poliducto de más de 530 kilómetros que recorre una parte de la Gran Área Metropolitana (GAM).



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