Rectores acordaron hacer frente común para enfrentar “ataques” a su autonomía
A través del CONARE pretenden defenderse de eventuales cambios en el FEES
La orden está dada. Los rectores de las universidades estatales decidieron unirse en un frente común para enfrentar a los diputados y defender lo que consideran un ataque político y mediático "orquestado" contra la autonomía universitaria.
La decisión consta en las actas 32-18 y 33-18 del 20 de noviembre y 4 de diciembre pasados, sesiones en las cuales el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se reunió para comenzar a delinear una estrategia de respuesta ante la decisión de los diputados de investigar cómo gastan y distribuyen las universidades estatales los recursos del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), a través de una comisión legislativa.
El Conare está integrado por los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR) Henning Jensen, de la Universidad Nacional (UNA) Alberto Salom, del Tecnológico de Costa Rica (ITCR-TEC), Julio Calvo, de la Universidad Técnica Nacional (UTN) Marcelo Prieto, y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Carlos Montoya.
En dicho documento consta que el grupo de rectores decidió elevar la preocupación sobre el tema a los consejos universitarios e integrarlos en la discusión de "medidas y acciones". Los consejos universitarios están integrados, además de los rectores, por miembros de cada universidad, y son los órganos encargados de tomar decisiones relacionadas con la representación de las casas de enseñanza.
"La coyuntura actual debe articular los esfuerzos y replantear una agrupación de todas las energías para elaborar una estrategia específica de acción que permita definir la defensa jurídica, el quehacer institucional, los puntos de convergencia de lo indefendible y la carencia de pensamiento de la autonomía… Desde que inició este proceso surge la inquietud de crear una comisión institucional de miembros del consejo, federación de estudiantes, docentes, administrativos, representantes del sindicato que tenga como fin unificar los esfuerzos de la universidad", consideró en ese momento José Carlos Chinchilla, presidente del Consejo Universitario de la UCR.
Consulte aquí acta 32-18 del Conare
Consulte aquí acta 33-18 del Conare
"Las universidades no pueden seguir tan desarticuladas y debe incorporar una estrategia de comunicación desde el punto de vista politológico, con un análisis sistemático y profundo de las fuerzas que están presentes de cara al problema central de las universidades", dijo por su parte Salom, antes de proponer segmentar la estrategia en 6 focos de atención: Gobierno, Asamblea Legislativa, sociedad civil, prensa, Conare y comunidades universitarias.
Como parte de ello la UNED había considerado contratar una empresa para hacer un diagnóstico sobre cómo la población los percibe así como de los comunicados de prensa que emiten; sin embargo, finalmente decidieron encargar el tema al Programa Estado de la Nación, incluyendo reacciones en redes sociales, a partir de lo cual se propondrá una nueva estrategia de comunicación.
Dentro de las propuestas también se encuentra el desarrollo de un seminario para las primeras semanas del 2019, así como empezar a trabajar articuladamente en los mensajes que emiten a la ciudadanía y a nivel político, y no como hasta entonces, que los esfuerzos eran separados.
Plan en marcha
La estrategia de llevar un mensaje común comenzó a hacerse evidente desde mediados de diciembre pasado. Durante el cambio de Presidencia del Conare los discursos de Prieto y Jensen estuvieron completamente enfocados en defender lo que ellos consideran un ataque a la autonomía universitaria.
Prieto – presidente saliente en ese momento- habló de "ataque sistemático, planificado, organizado y bien pensado" y de inmediato lanzó la advertencia contra los diputados: El Conare acudirá a la Sala Constitucional para evitar el recorte en el aumento del FEES, avalado por los diputados el año anterior.
En octubre pasado los diputados redujeron ₡10 mil millones de ese presupuesto, después de serios cuestionamientos sobre la forma en que se distribuyen los recursos.
Amparado en el escudo de la autonomía, el funcionario también desacreditó la competencia legislativa para analizar las finanzas estatales.
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"Respaldamos el principio de transparencia, no tememos en ser transparentes, pero eso no quiere decir que haya un sesgo en esa comisión de la Asamblea, Si son diputados no hay autonomía y libertad… Si permitimos que haya una comisión de vigilancia estaremos abriendo el camino y muy ancho para violar la Constitución", dijo Prieto.
Las palabras del rector fueron respaldadas por el presidente entrante de Conare Henning Jensen quien señaló que si bien la autonomía no es un fuero donde se deban proteger privilegios, las universidades deben permanecer "firmes", en que no se les "ataque".
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Investigación arranca
A pesar de ello, todo está listo para que los diputados arranquen esta semana el trabajo en la nueva comisión investigadora.
Para ello, el jueves anterior los integrantes de la Comisión de Ingreso y Gasto Público decidieron trasladar un expediente relacionado con gastos universitarios a la nueva comisión, para que ésta tenga algunos insumos de arranque.
Jonathan Prendas, presidente de Ingreso y Gasto, señaló que a los rectores se les ha llamado en "innumerable" cantidad de ocasiones para que indiquen cuánto "cuesta" la atención promedio de los estudiantes, pero éstos se limitan a enviar información en bruto y bajo la excusa de la autonomía han rechazado ser transparentes con el manejo de los recursos.
Xiomara Rodríguez, integrante de la comisión investigadora de las universidades, dijo por su parte que el grupo primeramente se acomodará para determinar por dónde comenzarán a investigar. Una vez con datos comenzarían con la etapa de comparecencias.
Los recursos universitarios han sido objeto de críticas después de que la UNA pretendía construir una plaza valorada en $14 millones en medio de un momento de crisis fiscal. El tema destapó la existencia de millonarios superávits, que a nivel de educación superior defienden no como desperdicio de recursos sin ejecutar sino como una forma de apalancar inversiones futuras.
Durante 2018 también se dieron a conocer cuestionamientos a nivel ético y jurídico, como por ejemplo la prohibición por parte de la Contraloría de que los rectores utilicen carros discrecionales, y millonarios pagos de cesantías calculadas por más de los 12 años que estableció en junio pasado la Sala Constitucional.