Rectores ceden y piden bajar tope a cesantías universitarias
Jerarcas universitarios también piden analizar situación con los salarios
Ocho meses después de que un fallo de la Sala Constitucional y dos meses después de aprobada la reforma fiscal, los rectores de las universidades estatales estuvieron de acuerdo en que es necesario establecer un tope máximo de 12 años en el cálculo de las cesantías a los funcionarios de esas casas de enseñanza.
Así lo señalaron en la sesión 3-2019, del 29 de enero, al "recomendar a las instancias universitarias competentes a establecer como indemnización máxima para el pago del auxilio de cesantía el tope de doce años promovido para el sector público en aquellos casos que exista convención colectiva".
El acuerdo es una recomendación. Esto implica que debe ser avalado por cada Consejo Universitario en donde los integrantes tienen plena autonomía y poder de decisión.
Sin embargo marca un precedente pues significa un giro de 180 grados en la posición de los máximos representantes universitarios, quienes a lo largo de todo este tiempo se habían opuesto a rebajar los topes para el cálculo, al punto que siguieron pagando por lo correspondiente a 20 años.
En junio del año pasado los magistrados constitucionales determinaron que calcular el pago de una cesantía por encima de los 12 años resultaba irrazonable y desproporcionado, por lo que ordenó a que a partir de ese momento se tomara ese plazo como techo.
Las universidades estatales, amparados en su autonomía, no prestaron atención a esa orden incluso desafiando a la propia Sala, tal y como lo hizo el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) en diciembre pasado, cuando en una respuesta a los magistrados le señalaron que cesantías de hasta 18 años – como las que paga esta entidad- no resultaban irrazonables.
CRHoy ha denunciado en diversos artículos los pagos de millonarias cesantías en todas las universidades estatales, incluso después del fallo de la Sala Constitucional.
Incluso, en la Universidad de Costa Rica (UCR) su departamento jurídico recomendó desacatar lo estipulado en la reforma fiscal, la cual también reafirmaba el tope de 12 años
Cada universidad venía calculando con topes distintos generando millonarios gastos.
Por ejemplo en la Universidad Nacional (UNA) el pago máximo calculado asciende a 20 años.
Entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de octubre pasado esa casa de enseñanza había sacado de su presupuesto ₡2.807 millones para hacer frente a esa obligación con solo 46 personas. De ellas, se le había dado trámite a al menos nueve casos después del fallo de la Sala Constitucional de junio pasado.
Uno de los casos más polémicos ha sido el de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). En su caso la discusión surgió porque además del fallo de la Sala Constitucional existía un dictamen de la Procuraduría General de la República que desde 2010 el auditor mantuvo en su poder sin trasladarlo a conocimiento del Consejo Universitario. Este dictamen regulaba el tema de las cesantías.
Todo ello se produjo en momentos en que el rector anterior Luis Guillermo Carpio preparaba su jubilación. Luego de una disputa interna de meses la UNED resolvió calcular el monto para el exrector con base en el tope máximo de 20 años, lo que significó un pago de ₡92.253,093, la cifra más elevada pagada en esa casa de enseñanza en el último año.
Por si fuera poco el acuerdo se tomó con la firma del propio rector saliente, a pesar de que el tema y el acuerdo al respecto se dio en el Consejo Universitario un día después de su salida. Por este tema la Procuraduría abrió un proceso de investigación.
El TEC por su parte calcula sus cesantías con topes de hasta 18 años. Esta casa de enseñanza tiene un proceso en su contra por este tipo de pagos, mediante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el exdiputado libertario Otto Guevara.
La Universidad de Costa Rica por su parte tiene un tope máximo de 15 años. El exvicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) Roberto Salom Echeverría, -hermano del rector de la UNA Alberto Salom, es el exfuncionario de esa casa de enseñanza que más millones ha cobrado por concepto de cesantía desde 2015 a la fecha: un total de ₡70.316.625.
Revisión en salarios
El acuerdo del CONARE establece además medidas tendientes a revisar los altos salarios en las universidades.
Para ello decidieron utilizar los resultados de los estudios actuariales del último quinquenio para revisar los regímenes de remuneración vigentes, "en el marco del respeto de los derechos laborales y acorde con el sistema de reconocimiento de méritos propio de instituciones académicas".
Los esquemas salariales universitarios han sido motivo de cuestionamientos. Recientemente la contralora general Marta Acosta, en la comisión legislativa que analiza el Fondo Especial de Educación Superior (FEES), hizo un llamado a promover mayor eficiencia en cuanto al gasto corriente, debido a que la situación financiera de las universidades es insostenible a futuro.
El problema radica en que cada vez más los incentivos para los funcionarios universitarios tienden a pesar más que los propios salarios base.
Según la Contraloría, entre 2013 y 2017 los incentivos salariales que se pagaron en las universidades estatales crecieron en un 44%.
En contraposición, en el resto del sector público el crecimiento fue menor, tanto en incentivos como en remuneraciones base.
Los rectores decidieron crear un comité interinstitucional de análisis, para analizar los alcances de la reforma fiscal y recomiende "medidas internas pertinentes para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones de educación superior universitaria estatal acorde con sus fines y propósitos".