Rectores desafían al gobierno y exigen quedar fuera de plan fiscal
Algunas universidades ya acordaron tomar medidas legales contra Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Los rectores de las universidades estatales ya hicieron una primer movida jurídica al acudir a la Sala IV para intentar mantener ₡10 mil millones del FEES. Foto CRHoy.
Un acuerdo adoptado recientemente por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) pretende que de un solo plumazo el Poder Ejecutivo borre a las universidades estatales de la obligación de aplicar lo establecido en la reforma fiscal aprobada en diciembre.
El acuerdo insta directamente al presidente Carlos Alvarado a "enmendar" el decreto ejecutivo 41564 publicado el 11 de febrero pasado en La Gaceta, el cual contiene el reglamento para aplicar lo relacionado con el empleo público en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Explícitamente, los rectores universitarios pidieron:
"Instar al Presidente de la República a enmendar el Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLAN-H (…) , a fin de que se elimine la mención que contiene de las universidades públicas en su artículo 1º inciso h) y artículo 3º, referido a la definición de su ámbito de aplicación, en razón de su evidente inconstitucionalidad".
El reclamo se basa – a juicio de los rectores- en que la Ley de Fortalecimiento no incluye la palabra "universidades", pero en el reglamento se aclara que estas casas de enseñanza se incluyen dentro de las instituciones autónomas que incorpora la ley.
La decisión de los rectores se produce a pesar de que de manera incansable los titulares de Hacienda Rocío Aguilar, diputados, y la propia contralora general Marta Acosta, han aclarado que las universidades sí están incluidas en la reforma fiscal.
El acuerdo del Consejo de Rectores se produce después de que a nivel interno algunas universidades ya habían discutido esta posibilidad. El 23 de enero pasado CRHoy informó en exclusiva que el Departamento Jurídico de la Universidad de Costa Rica (UCR) estaba recomendando a las autoridades educativas desacatar el plan fiscal por cuanto este simplemente no les era aplicable.
La UCR publicó en su sitio web un artículo intentando desmentir esta información.
El título de empleo público del cual pretenden ser excluidas las universidades es el que contiene topes a los incentivos salariales y topes al pago de cesantías (las universidades siguieron pagando más allá de los 12 años estipulados por la Sala Constitucional después de junio de 2018), entre otros.
A la vía legal
El acuerdo adoptado por el Conare no es el único. A nivel interno de las universidades ya analizan tomar algunas acciones de índole legal.
La primera en dar un paso al frente fue la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la cual, en acuerdo tomado por el Consejo Universitario en su sesión 2719-2019, del 28 de febrero pasado, decidió acudir a la vía legal para impedir ser incluidos en la reforma fiscal.
Específicamente el acuerdo dice:
"Simultáneamente con la acción anterior, este Consejo Universitario también acordó solicitar a la Administración de la UNED que en conjunto con la Oficina Jurídica, proceda de inmediato a presentar los recursos legales ante las instancias judiciales correspondientes, contra lo establecido por el Poder Ejecutivo en el Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H del 11 de febrero de 2019″.
El acuerdo fue comunicado a la comunidad universitaria de la UNED este 4 de marzo. El documento señala que "El Título III de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no aplica a las Universidades Públicas, por cuanto no se mencionó de manera expresa que vincula a las mismas como parte del sector descentralizado".
Sin embargo, sí aclaran que mientras el decreto mantenga a las universidades, estas no pueden desaplicarlo de manera unilateral, sino es a través de los tribunales competentes.
