Rectores se sacuden de cuestionamientos y defienden superávits universitarios
Ministra de Hacienda reclamó ante la "histórica" complicación para que universidades cumplan leyes de Administración y de Control Interno
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar,compareció el lunes pasado ante la comisión que analiza el FEES. Foto cortesía PUSC
De la misma forma que lo hicieron contra la contralora general Marta Acosta, los rectores de las universidades estatales saltaron esta semana de nuevo, esta vez contra la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, quien los cuestionó por los elevados superávits que acumulan y las "históricas complicaciones" para que esas casas de enseñanza cumplan con la Ley de contratación Administrativa y la Ley de Control Interno.
Mediante un comunicado, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) señaló que "no es cierto" afirmar que las universidades estatales no cumplan con ambas leyes, que entre otras cosas controlan por el adecuado proceso de contrataciones y permiten fiscalizar el manejo financiero de las entidades.
La jerarca calculó que con el dinero no utilizado por las universidades alcanzaría para financiar la operación de unas ocho entidades estatales. En específico los gastos de la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Vivienda, el de Economía, el de Ciencia y Tecnología, el de Presidencia y la Cancillería.
Esto dado que el superávit -libre y específico- asciende a cerca de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, alrededor de ₡187 mil millones.
Aguilar planteó la posibilidad de que al menos el superávit libre que queda sin ejecutar sea tomado en cuenta como parte del cálculo del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) que debe entregarle el Estado cada año.
Esto no es bien visto por los rectores, quienes consideraron que el superávit libre se refiere a los recursos que quedan disponibles al final de un año y que no están destinados a ningún proyecto específico, pero que se utilizan en otras necesidades institucionales, como infraestructura y equipamiento.
"Los superávits no se pueden usar en el pago de salarios o gastos de operación, según la normativa vigente para todas las instituciones públicas. Por lo cual la recomendación de la Ministra de Hacienda de rebajar a la transferencia del FEES los superávits, deja vulnerables a las universidades públicas en su operación", indicaron los rectores.
De acuerdo con los jerarcas universitarios, la Contraloría ha ido variando el criterio de calificación sobre los superávits, con lo cual se ha generado un cambio en la composición. Así, mientras en el 201, el 71% de los superávits de las universidades públicas correspondían a superávit específico y el 29% a libre, para 2018 solo el 14% era específico y el restante 86% libre.
Los rectores también desmintieron los señalamientos de Aguilar en torno a la negativa de las universidades de someterse a procedimientos de control.
Según ellos están sometidos a la fiscalización y aprobación de los presupuestos por parte de la Contraloría, "cumplimos con la Ley de Contratación Administrativa e incluso se gestiona el refrendo del ente Contralor cuando corresponde. No es cierto afirmar que las universidades públicas no den estricta observancia a la Ley de Contratación Administrativa y a la Ley de Control Interno".
Aguilar señaló directamente a las universidades de cumplir a medias con su incorporación al Sistema de Compras Públicas, y dijo que en el pasado incluso han existido diferendos que han terminado en el Tribunal Contencioso para que las casas de enseñanza cumplan con los mandatos establecidos por la Contraloría General de la República.