Reforma a pensiones judiciales es insuficiente para cubrir déficit
Déficit es de ¢5,3 billones, revela estudio

La comisión especial que tramita la reforma a las pensiones del Poder Judicial pretende dictaminar el proyecto el 5 de abril. (CRH)
La reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial que estudia la Asamblea Legislativa es insuficiente para cubrir el déficit actuarial de ¢5,3 billones, según un informe preliminar realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El estudio reveló que el faltante equivale a 12,86 veces el monto de las reservas acumuladas para el régimen de jubilaciones y representa el 44% del valor presente de todo el pasivo actuarial, es decir, todos los futuros beneficios de los participantes activos y futuros.
Con el proyecto de ley que estudia una comisión legislativa, el faltante solo se reduciría en un ¢1 billón y el déficit seguiría siendo de ¢4 billones.
"Significa que el fondo no puede garantizar sus promesas de largo plazo", advierte la investigación realizada por los actuarios José Cordero y Max Soto.
Según los datos, que no son definitivos porque se trata de una versión preliminar, para financiar las pensiones de los 3.600 actuales pensionados del Poder Judicial se tendría casi que duplicar el aporte tripartito total al régimen, no solamente las cotizaciones de los empleados.
En este escenario, tendría que elevarse de 26,60% a 48,93%.
El aporte total del 26,60% se desglosa de la siguiente forma: 11% obrero, 14,36% del patrono y 1,24% del Estado.
"El texto sustitutivo (proyecto que discute la Comisión Especial de Pensiones) muestra una situación menos desfavorable que el régimen vigente. Pero la mejora que genera el texto sustitutivo es insuficiente para lograr algún nivel de solvencia actuarial", indica el informe.
El estudio también concluyó que a futuro disminuirá la cantidad de cotizantes por cada jubilado. En 2015, había 5,54 cotizantes por cada jubilado y el 2065 sería 1,57 por cada jubilado.
Un primer paso
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk, quien forma parte de la comisión legislativa, reconoció que la reforma es insuficiente, pero manifestó que es un primer paso para ahorrar.
"Mi opinión es que debería por lo menos hacerse una propuesta para comenzar a solucionar el problema, aunque tengamos claro que es apenas una parte de lo que se va a solucionar. Mi propuesta es aprobar un primer proyecto, aunque tengamos la certeza de que es solamente es un comienzo porque si seguimos esperando todos los estudios, la situación se va a volver más dramática", explicó.
La Superintendencia de Pensiones (Supen) advirtió el 15 de noviembre del año anterior que la reforma planteada es insuficiente para garantizar la sostenibilidad del régimen.
Los legisladores de la comisión acordaron comenzar a estudiar las mociones al texto a partir del 28 de marzo y dictaminarlo el 5 de abril, según informó el presidente de ese órgano legislativo, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Johnny Leiva.
"Hemos dado suficiente tiempo para el estudio (la versión final). Ya hay información base para dictaminar", agregó.
El texto que estudia la comisión es una propuesta que hicieron los gremios del Poder Judicial, que recomendaron imponer un tope máximo de ¢4,7 millones a las futuras pensiones y una contribución solidaria que iría del 20% al 50% a las jubilaciones que excedan ese tope.
También plantearon elevar la edad para pensionarse de 60 años a 65 años.