La aprobación en primer debate de la reforma fiscal, por parte de la actual Asamblea Legislativa, será complicada.

Así lo reconocen diputados que integraron la comisión especial del Congreso que aprobó este martes el dictamen afirmativo de mayoría del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, impulsado por el Poder Ejecutivo.

Tres factores atentan contra la votación en primer debate de la polémica iniciativa:

• Aunque se tramita por medio de una vía rápida, el poco tiempo es uno de los principales enemigos. El dictamen afirmativo ingresará al Plenario este lunes 16 de abril, pero los legisladores dejarán sus curules el próximo 30 de abril.
• La oposición interna en el Congreso de fuerzas políticas como el Movimiento Libertario (ML), Frente Amplio (FA) y Restauración Nacional (RN). Sus diputados votaron en contra del informe de mayoría y pueden reiterar mociones al texto en el Plenario Legislativo.
• La guerra externa al proyecto anunciada por sindicatos y los cuestionamientos de sectores empresariales.

A pesar de ello, las bancadas que apoyan la propuesta, como las del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), esperan tener chance de dejarla aprobada en primer debate para que sea enviada a consulta a la Sala Constitucional y que sean los futuros congresistas quienes le den el segundo debate.

Dificultades

Sandra Piszk, diputada del PLN, dijo que espera que el Plenario pueda dejar aprobado el proyecto en primer debate porque tiene plazo definido, por tratarse de un procedimiento abreviado.

Sin embargo, admitió que tampoco será fácil.

"El 208 bis (norma reglamentaria que ampara la vía rápida) obliga a una fecha límite. Pero, por supuesto, va a ser complicado. No me cabe la menor duda de que va a ser difícil, porque especialmente don Otto Guevara (del ML), por una parte, y don Edgardo Araya (del FA), por otra, van a procurar que esto no se vote", comentó.

Aseguró que es una obligación de los actuales diputados dejar la iniciativa aprobada en primer debate.

"No son propuestas agradables. Pero el costo de no hacer nada realmente es muy alto y la gente debe entender que cuando se habla de déficit fiscal no es el Gobierno. Cuando se habla de déficit fiscal, estamos hablando de que si este asunto no se resuelve, habrá un incremento de la pobreza similar al que hubo en la década de los 80", advirtió.

El legislador Johnny Leiva, del PUSC, admitió que el primer debate dependerá de la dinámica que siga el Congreso en las próximas semanas.

"Uno quisiera alcanzar la primera votación y si no llegamos a la primera votación, prácticamente quedará en discusión para votación", declaró.

Decisión en manos de otros

Desde el oficialismo, también ven difícil que el texto pase el trámite de primer debate antes del relevo en el Congreso, el próximo 1 de mayo.

"Lo veo muy difícil porque la posición de Otto Guevara y de Edgardo Araya es de que esto no pase. Es una posición totalmente irresponsable porque el Estado necesita de estos recursos", sostuvo Marco Vinicio Redondo, diputado del PAC.

Agregó que, incluso, algunos de los nuevos congresistas ya han manifestado que "también tienen que saber qué es lo que van a votar".

"Si la siguiente Asamblea pide ese espacio, se podrán llevar seis meses, un año. Cuidado sino los cuatro años y no se ha aprobado la reforma fiscal. Y cuando tengamos que tomar las decisiones, no va a ser en esta línea, inclusive cuidado si no hasta con presiones de los organismos financieros internacionales", señaló.

El legislador Edgardo Araya, del FA, fue categórico al afirmar que esta Asamblea Legislativa no podrá aprobar en primer debate la iniciativa.

"No dan los tiempos. Le hemos hecho los números y no llegamos. Llegamos, si acaso, a mociones de reiteración. Creo que esto quedará para el próximo periodo claramente", afirmó.

El proyecto en discusión se compone básicamente de tres ejes:

• Creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Mantiene la tasa del 13% del impuesto de ventas, pero amplía la base de bienes y servicios que quedarían gravados con el nuevo tributo. También establece una tasa menor para los servicios de educación y salud privados.
• Reformas al impuesto sobre la renta. Una de las más importantes es que esta carga tributaria se elevaría para los salarios altos de empleados del sector público y privado. El impuesto de renta se aplicaría con una tasa del 20% a los salarios que oscilen entre ¢2,1 millones y ¢4,2 millones y de un 25% a los que superen los ¢4,2 millones. Actualmente, pagan un 15% de renta.
• Reformas para ordenar el pago de incentivos salariales en el sector público, topes a los salarios de los jerarcas de la administración pública y establecimiento de una contribución especial solidaria a las pensiones de los expresidentes de la República.

La propuesta pretende generar nuevos ingresos y reducir el elevado gasto público para paliar el creciente déficit fiscal que cerró en ¢2,02 billones en 2017, un monto equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), sin la reforma fiscal, el déficit ascendería a 7,1% del PIB este año.