Remiten a Inspección Judicial causa contra fiscal Jiménez Steller

8 de Jun. 2026 | 3:17 am
Manuel Jiménez Steller

Manuel Jiménez Steller

La causa disciplinaria abierta el año pasado contra el actual fiscal adjunto de Puntarenas, Manuel Jiménez Steller, por una decisión que benefició a sospechosos de integrar la organización criminal La H, fue remitida al Tribunal de Inspección Judicial para determinar si incurrió en una falta.

En 2022,  Jiménez Steller era el fiscal adjunto de Limón y firmó una solicitud de sobreseimiento definitivo a favor de seis señalados por integrar la banda de narcotráfico, detenidos en diciembre de 2020 en playa Los Cangrejos, tras el decomiso de 2,5 toneladas de cocaína que llevaban en una embarcación interceptada por la policía.

Un correo electrónico enviado por el entonces fiscal de narcotráfico, Pablo Cedeño, a la fiscala general interina alertó sobre las consecuencias de la gestión y motivó la intervención de la jerarquía del Ministerio Público.

La entonces fiscala general interina, Sara Arce, revirtió la gestión de Jiménez mediante una enmienda jerárquica. Arce consideró que la solicitud de Jiménez resultaba prematura y que aún faltaba valorar prueba relevante dentro del expediente.

Posteriormente, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada asumió el caso y presentó acusación contra los mismos imputados.

CR Hoy reveló que uno de los abogados que participó en la defensa era Celso Gamboa Sánchez, extraditado en marzo a Estados Unidos.

Jiménez Steller enfrentó cuestionamientos por no aclarar si mantuvo comunicaciones con el exmagistrado durante la tramitación del caso.

Meses después, CR Hoy informó que uno de los beneficiados con la solicitud de sobreseimiento, Jauder Ortega Rodríguez, salió de Costa Rica tras recuperar la libertad y posteriormente recibió una condena de 12 años de prisión en Panamá por tráfico internacional de drogas.

Cuando las autoridades costarricenses retomaron el proceso penal, varios de los imputados ya no se encontraban en el país para enfrentar el juicio. En el caso de Ortega Rodríguez, los jueces lo declararon reo rebelde y ordenaron su captura.

A raíz de estos hechos, además de una investigación penal por presunta procuración de impunidad que se tramitó en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la Inspección Fiscal abrió un procedimiento disciplinario para determinar si Jiménez Steller incurrió en alguna falta funcional al solicitar el sobreseimiento de los presuntos integrantes de la organización narcotraficante.

Ahora, el Tribunal de Inspección Judicial deberá resolver si corresponde imponer alguna sanción al funcionario.

Cargamento decomisado a La H en diciembre del 2020

Cargamento decomisado a La H en diciembre del 2020

Registros de la Inspección Fiscal muestran que Jiménez Steller ha enfrentado al menos 11 procesos disciplinarios a lo largo de su carrera judicial. Seis de esas causas fueron archivadas por las autoridades competentes, mientras que otras tres llegaron al Tribunal de Inspección Judicial y posteriormente fueron desestimadas al no encontrarse elementos suficientes para continuar con los procedimientos.

Dos expedientes sí derivaron en sanciones disciplinarias. En ambos casos, la Fiscalía General le impuso una advertencia escrita. Una de esas sanciones fue revisada y posteriormente confirmada por el Tribunal de Inspección Judicial, mientras que la otra quedó firme en sede administrativa.

El caso relacionado con La H constituye la única causa que permanece activa. Por esa razón, el Tribunal de Inspección Judicial deberá valorar el fondo de los hechos y determinar si Jiménez Steller incurrió en alguna falta durante el ejercicio de sus funciones como fiscal.

Tras su salida del Ministerio Público, Jiménez Steller asumió como viceministro de Seguridad durante la administración de Rodrigo Chaves. Durante su gestión se dio el retiro de agentes antidrogas de la Terminal de Contenedores de Moín, Peñas Blancas y Tablillas, así como el cierre o reubicación de estaciones de Guardacostas en Bahía Drake y Sixaola, sectores identificados por las autoridades como puntos sensibles para el trasiego de estupefacientes.

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