Reos dominan el ambiente: autogobierno opera en las cárceles
Hay venta de espacios de camas y llamadas telefónicas; también negocian con medicamentos
Autogobierno carcelario. Esa es la palabra utilizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes, para describir una serie de irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) Luis Paulino Mora, en San Rafael de Alajuela.
Ese centro, conocido como la cárcel de San Rafael, es el sexto más poblado del país con más de 1.000 reclusos.
Dicho penal se constituyó para albergar a privados de libertad de baja contención, con condenas menores a los 12 años. Su capacidad real es de 700 espacios, por lo cual tiene una sobrepoblación de 300 personas.
El MNPT en su informe anual (concerniente al 2017) enumeró problemas como el comercio interno de drogas, las disputas entre bandas que quieren controlar el penal, el pago por la distribución de camas y el tráfico de medicamentos distribuidos en la prisión (los cuales terminan –incluso- en manos de visitantes)
La supuesta venta de espacios de camas se daría según la ubicación. Incluso, un cobro similar se haría entre reos por labores de limpieza de módulos o por los espacios para la realización de llamadas telefónicas.
"Esta situación no evidencia otra cosa más que la pérdida de control por parte del personal penitenciario en relación con el centro, pues no era concebible que las personas privadas de libertad tuvieran que pagar por tener acceso a aquellas condiciones que el Estado se encontraba en la obligación de brindar, así por ejemplo, un lugar en donde dormir y el derecho al contacto con el exterior", cita el informe del MNPT, presentado este 25 de junio.
[samba-videos id='a9e44824fef6e84dcd33b176188e11c6′ lead='false']
Negocios ilícitos
En uno de los talleres de trabajo, el personal del organismo encontró que un reo que trabaja cosiendo monederos tenía a otros reclusos 'trabajando' para él.
Sus actividades se extendían no solo en el CAI Luis Paulino Mora, sino en otros 2 penales ubicados en la misma jurisdicción. Al parecer, toda la coordinación la hacía mediante el uso de teléfono celular.
Para los fines operativos, confesó que contaba con el apoyo de su cónyuge, quien se encargaba de recoger los artículos ya preparados y entregar la mano de obra a sus otros 'colaboradores'.
Al momento de la visita, personal del MNPT comprobó que en el taller 4 de los privados de libertad se encontraban laborando sin la presencia de oficiales penitenciarios que los fiscalizaran.
"El MNPT cuestionó si la normativa penitenciaria contemplaba que una persona privada de libertad tuviera o ‘dirigiera' una empresa de confección de monederos en 3 centros penitenciarios. También se cuestionó si las secciones de orientación, encargadas del aspecto laboral de la población, tenían conocimiento acerca de esta situación para establecer los controles correspondientes y para seleccionar a las personas privadas de libertad que se encontraban trabajando en ese proyecto", subrayó el documento.
Atención urgente
Entre las recomendaciones dadas a la Dirección General de Adaptación Social y a las autoridades del centro, el MNPT indicó que debían resolverse con prontitud las situaciones relativas al cobro de camas, cuotas por aseo y llamadas telefónicas.
Además, urgió la revisión de anomalías ante actividades lucrativas ejercidas por un reo con la confección de los monederos y su 'negocio de corte 'familiar'.
Tras los llamados de atención, la Policía Penitenciaria respondió en enero anterior que en el tema de los cobros se gestionaría un plan de responsabilidades con la dirección del centro y Adaptación Social, para restablecer el orden. "En el tema de las listas de atención médica, prescripción y entrega de medicamentos, la policía se estaría pasando el reporte y efectuando las coordinaciones correspondientes con la Jefatura Nacional de Servicios de Salud, por ser un tema de competencia de esta oficina", agregó.
En otros aspectos, el informe advierte que el país sigue sin superar la crisis en el sistema penitenciario. Agobiado por un deterioro de la infraestructura, la creciente sobrepoblación, la falta del recurso humano y de seguridad, el uso generalizado de la prisión preventiva y la gran cantidad de personas jóvenes detenidas.