Resolución de Prodhab pondría en riesgo servicios de salud, justicia, migración y banca
Organismo electoral sostiene que eventual desinscripción de base de datos del Registro Civil afectaría consultas utilizadas diariamente por la CCSS, Migración, Poder Judicial, centros educativos y entidades financieras
Una resolución de la Agencia de Protección de Datos (Prodhab) sobre el sistema de verificación de identidad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podría interrumpir trámites cotidianos en bancos, hospitales, juzgados y controles migratorios si se confirma la cancelación de la base de datos del Registro Civil, advirtió el propio Tribunal.
La resolución de la Agencia surgió tras una queja presentada por el abogado Mauricio París, en la que cuestionó la cantidad de información que se muestra pública gracias al Sistema de Verificación de Identidad (VID), como estado civil, domicilio electoral, matrimonios y el listado de hijos. La Prodhab le pidió al TSE valorar los datos que expone y advirtió que se podría dar la orden de desinscribir la base de datos.
Andrey Cambronero, asesor de la Presidencia del TSE, aseguró que una eventual desinscripción de la base de datos del Registro Civil tendría repercusiones directas sobre entidades que dependen de esa información para realizar trámites cotidianos.
"Hay instituciones que utilizan esta base para facilitar la salida del país de las personas. Hablo de Migración y Extranjería, pero también el sistema bancario nacional cotidianamente consulta la base de datos civiles, así como el propio Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social", afirmó.
Según explicó, la Dirección General de Migración y Extranjería utiliza la información registral para procesos relacionados con el movimiento de personas dentro y fuera del país.
La Caja consulta los datos para distintos trámites vinculados con la prestación de servicios de salud, mientras que los juzgados y tribunales del Poder Judicial recurren a la base para verificar la identidad de personas involucradas en procesos judiciales.
El sistema bancario, tanto público como privado, también realiza consultas frecuentes para validar la identidad de clientes y reducir riesgos de fraude en operaciones financieras.
Cambronero añadió que la afectación podría extenderse a otros ámbitos menos visibles para la ciudadanía. Entre ellos mencionó los procesos de matrícula en escuelas y colegios, que utilizan información registral para verificar datos de los estudiantes.
Recordó que, antes de que existieran las consultas digitales, era habitual observar largas filas en las oficinas del Tribunal antes del inicio del curso lectivo, cuando miles de personas acudían a solicitar certificaciones de nacimiento.
"La consulta web vino a solventar esas filas largas y evitó que las personas tuvieran que desplazarse al Tribunal para conseguir esa información", señaló.
Según el TSE, una eventual desinscripción de la base de datos impediría aplicar los convenios de acceso a la información que actualmente mantienen diversas instituciones públicas y privadas, lo que podría ralentizar trámites que hoy se realizan de forma prácticamente inmediata mediante consultas electrónicas.
¿Qué cuestiona Prodhab?
En su resolución, la Prodhab concluyó que el Tribunal realiza un tratamiento de datos biométricos sin contar con mecanismos adecuados de consentimiento informado y ordenó una serie de medidas correctivas.
Sin embargo, el TSE rechaza esa interpretación. Cambronero sostuvo que la Agencia parte de una premisa equivocada al considerar que existe una comercialización de datos biométricos mediante el Sistema de Verificación de Identidad.
Según indicó, incluso la Procuraduría General de la República, en una opinión jurídica emitida dentro del proyecto de ley que busca modificar las reglas de acceso a datos registrales, concluyó que no existe una venta de esos datos. Según el TSE, durante el análisis de esa iniciativa se concluyó que el VID funciona como una herramienta de validación biométrica y no como un mecanismo de venta o transferencia de datos personales.
Cambronero explicó que el sistema no entrega información biométrica a terceros. Su funcionamiento consiste en comparar la huella digital que una persona coloca voluntariamente con la que ya se encuentra almacenada en la base de datos del Registro Civil.
Cuando una persona utiliza el servicio, primero se ingresa su número de cédula y luego se solicita la huella dactilar. El sistema únicamente verifica si ambos registros coinciden para confirmar la identidad.
"Los datos biométricos nunca salen del Tribunal Supremo de Elecciones, nunca son manipulados por terceros y tampoco pueden ser almacenados por ellos", afirmó.
Añadió que el uso de la huella es voluntario y que cualquier persona puede optar por identificarse mediante otros mecanismos, como la presentación de la cédula de identidad.
Otro de los argumentos planteados por el TSE es que Costa Rica opera bajo un sistema de publicidad registral, mediante el cual determinados datos inscritos adquieren carácter público porque son necesarios para garantizar seguridad jurídica e identificar personas en múltiples trámites.
Cambronero sostuvo que el Tribunal nunca ha puesto en riesgo datos sensibles de la población.
Como ejemplo, indicó que el organismo publica información relacionada con el domicilio electoral —provincia, cantón, distrito y distrito electoral— porque la ley así lo exige para la conformación del padrón electoral, pero no divulga la dirección exacta de residencia de las personas.
A criterio del Tribunal, los datos administrados por el Registro Civil continúan siendo utilizados exclusivamente para fines de identificación y existe un interés público en mantener herramientas que facilitan trámites migratorios, judiciales, bancarios, educativos y de salud.
Mientras se resuelven los recursos presentados contra la resolución, tanto las consultas registrales como el VID continúan operando con normalidad.
