La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, advierte que, si el Congreso decide no levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, pese a la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por múltiples denuncias de beligerancia política, el país entraría en un "terreno peligrosísimo".

Según la legisladora frenteamplista, un rechazo enviaría el mensaje de que los presidentes pueden usar recursos públicos sin límites y, peor aún, legitimaría los ataques del Ejecutivo contra el TSE, poniendo en riesgo las reglas básicas de los procesos electorales.

En una conversación con Diputómetro de CR Hoy Pro, Alfaro aseguró que Costa Rica se encuentra ante una elección decisiva: "Si en el referéndum del TLC discutíamos un modelo económico, ahora debatimos el modelo político y el tejido social que nos acompañará por décadas", dijo.

A continuación, un extracto de la entrevista.

Usted firmó el informe de mayoría que recomienda retirar la inmunidad al presidente por 15 denuncias de beligerancia política. ¿Qué hallazgos del expediente le parecen los más graves y por qué justifican un levantamiento de inmunidad?

Nosotros no tendríamos que hacer una valoración de la gravedad, sino determinar que hay materia suficiente para considerar que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la responsabilidad de continuar con la investigación.

Notamos que las denuncias fueron validadas con prueba material. Están los audiovisuales; hay información que se complementa entre una denuncia y otra, presentada por distintas personas en momentos diferentes, pero que describe un mismo patrón. Muestran un comportamiento recurrente y planificado. Nos encontramos ante una situación de beligerancia continuada.

Nos parece que corresponde recomendar el levantamiento de la inmunidad, especialmente porque la defensa del presidente nunca se refirió al fondo de las denuncias y no hay ningún elemento que sugiera que la prueba fue manipulada, sesgada o sacada de contexto. Ahí están. Lo que corresponde es permitir que la investigación continúe.

El Gobierno sostiene que este proceso es "político" y que no existen pruebas sólidas. ¿Cómo responde a esa narrativa?

Las denuncias son sólidas y están acompañadas de prueba suficiente. El análisis hecho por la Inspección Electoral —que realizó la investigación preliminar y emitió dos informes que respaldan el expediente— es realmente robusto.

No hay duda de que los hechos ocurrieron y de que existe una intencionalidad clara. Será el Tribunal quien determine la gravedad y la sanción administrativa correspondiente. Negar lo evidente se ha vuelto una práctica muy propia de este gobierno.

También han intentado deslegitimar al TSE y al Código Electoral, asegurando incluso que es inconstitucional, algo que carece totalmente de fundamento. La idea de que el expediente carece de solidez es una fantasía creada para desinformar y generar zozobra, con insinuaciones como la del diputado Daniel Vargas, quien llegó a hablar de un "golpe de Estado", una afirmación no solo atrevida, sino peligrosa.

Ustedes han insistido en que la inmunidad presidencial protege al cargo, no a la persona. ¿En este caso se estaba protegiendo al presidente de una investigación necesaria?

Sí. Mantener esa protección, pese a una acusación que se sustenta y cumple con los criterios para el levantamiento de la inmunidad, sería extralimitar el objetivo mismo de la figura.

Aquí no hay persecución ni intención de apartar al presidente del cargo.

Se ha dicho que queremos destituirlo, que estamos violentando el voto popular de hace tres años y medio. Todo eso forma parte de narrativas fantasiosas que distorsionan el verdadero sentido de la inmunidad, que es garantizar el ejercicio del cargo, no cubrir abusos.

Y lo que se denuncia es un abuso: utilizar el cargo y fondos públicos para vulnerar la voluntad popular. Sostener la inmunidad en este caso sería proteger un comportamiento que, precisamente, busca manipular la opinión de la ciudadanía con recursos que nos pertenecen a todos.

Además, debe quedar claro que el levantamiento aplica únicamente para esta investigación, no para otros casos en Fiscalía. Es un proceso exclusivo para permitir que el TSE continúe indagando.

Si el Plenario decide no levantar la inmunidad, ¿qué mensaje quedaría para futuros presidentes respecto a los límites de la beligerancia política?

Si no se levantara bajo el argumento de que el Código Electoral es prácticamente inconstitucional o que el Tribunal no puede actuar como lo establece la ley, estaríamos ante una vulneración gravísima de nuestras reglas del juego democrático.

El mensaje sería que un presidente puede hacer lo que quiera con los recursos públicos, sin las limitaciones que exige una democracia.

Entraríamos a un proceso electoral con el árbitro cuestionado, lo cual es peligrosísimo.

Ojalá no se repita lo ocurrido en el caso del BCIE-Cariñitos, cuando una fracción justificó su voto contra el levantamiento de la inmunidad diciendo que ayudaría al presidente a victimizarse.

Lo que está en juego ahora son las reglas de los procesos electorales: si vamos a respetarlas, si reconocemos al árbitro, si reconocemos la constitucionalidad del Código Electoral.

No levantar la inmunidad sería, en la práctica, legitimar un discurso que socava la autoridad del TSE.

¿Qué está en juego en las elecciones de 2026?

Mucho. Está en juego la institucionalidad, la democracia, la paz social y muchos derechos que los costarricenses hemos conquistado: laborales, políticos, civiles y, en el caso de las mujeres, incluso el derecho a la salud.

También está en riesgo la educación pública y de calidad. Estamos frente a fuerzas que no respetan procesos históricos ni conquistas sociales. Además, estamos gobernados por personas que han priorizado intereses ajenos al interés nacional y han sido laxas frente al crimen organizado y el narcotráfico. Han desmantelado la seguridad social, la educación y han polarizado al país.

Estas elecciones son determinantes. En el referéndum del TLC discutíamos un modelo económico; ahora discutimos el modelo político y el tejido social que nos acompañará por décadas.

Un mensaje final a la ciudadanía.

Los costarricenses deben reflexionar si quieren seguir apostando por aventuras sin sustento, por promesas incumplidas. Costa Rica debe pensar con claridad qué tipo de liderazgo quiere: uno que imponga, o uno que construya puentes y dialogue con sensibilidad social.

Detrás de la palabra "vulnerabilidad" hay personas con necesidades urgentes. La solidaridad solo es posible si apostamos por un proyecto colectivo, que piense en quienes peor la están pasando.