Ruta de la inseguridad: 8 pifias del Gobierno en la lucha contra el crimen
Chaves ha acusado a la prensa, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y hasta a los consumidores
En año y medio de Gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, ha acumulado ocho pifias en la atención de la crisis de criminalidad que enfrenta el país. La más reciente controversia surgió este miércoles, cuando afirmó en la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, que trasladaba la responsabilidad de la lucha del crimen a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial.
Sin embargo, el asunto es de larga data, pues meses después de que asumió el poder comenzaron a generarse desaciertos en torno al tema. El primero ocurrió el 14 de diciembre de 2022, cuando el presidente le dijo al exministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que los homicidios en su gobierno comenzaban a contar a partir de enero de 2023.
Ese día dijo que su administración recibió un Ministerio de Seguridad sin las condiciones para atender la situación de violencia en el país, pues a pesar de ‘que decían que la casa estaba ordenada (la administración del expresidente Carlos Alvarado) más bien estaba en ruinas'.
"La mitad del periodo él (Jorge Torres) no estaba y yo le dije ‘los números suyos empiezan a contar el 1º de enero de 2023', entonces él sabe que tiene una responsabilidad en ese sentido", explicó Chaves.
Para ese momento, el país registraba 617 asesinatos, es decir, ya había superado por 29 números la cifra del 2021 y le faltaban 37 más para completar el histórico número con que cerró el 2022, 654 crímenes.
Tras esa afirmación, la siguiente ocurrió casi un mes después el 11 de enero, cuando el mandatario Chaves acusó al subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Michael Soto, de ‘hacer un juego de palabras' para llamar la atención sobre la crisis de asesinatos, alegando que Soto había estado en el cargo en el gobierno pasado y luego se incorporó a su puesto en el OIJ, por lo que le parecía ‘bastante extraño que una persona que había manejado el carro por cinco años y conocía la situación, luego empezara a quejarse de lo que estaban haciendo en ese momento'.
El mismo día, lanzó ataques en contra del Poder Judicial, haciendo referencia a que los criminales que asesinaron al joven Marco Calzada ‘andaban como golondrinas volando felices de la vida'.
"El Poder Judicial tiene que hacer su parte. Las cárceles de este país no pueden ser puertas resolventes. Hay claridad de que a ellos los juzgara el juez, al final, pero todas las indicaciones son que esos muchachos mataron a este pobre joven (…) Y así pasa con todo, él (Jorge Torres) los agarra, se los manda a la Fiscalía y al Poder Judicial y ahí yo no sé qué pasa, si es un garantismo excesivo o qué, pero no, más de una vez agarran a una persona que ya había matado a alguien cometiendo otro delito", comentó.
Chaves acusa a medios de crear crisis
Tiempo después, el 12 de abril, fue el turno de la prensa. En esa oportunidad, el jerarca señaló que la situación de los homicidios en el país era inaceptable, sin embargo, no era algo nuevo como querían hacer ver algunas personas, incluyendo los medios de prensa, que lo catalogan ‘como una crisis' cuando no lo era. La afirmación surgió tres meses después de que había dicho lo contrario.
Los señalamientos siguieron contra la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
"Nosotros sabemos la causa: guerra de pandillas, ajuste de cuentas y bajonazos de droga entre pandillas. No es que eso lo haga aceptable, pero para bajar eso hay que entender que hay un ecosistema que tiene que ver con la posesión de armas ilegales, que tiene que ver con el hecho de que la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y el Poder Judicial no se han puesto de acuerdo todavía de si el artículo 2 de la Ley contra el Crimen Organizado está en vigencia o no. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Hay que arreglar eso, yo he estado muy calladito, respetuoso de que la Asamblea y el Poder Judicial se pongan de acuerdo", aseveró.
Salida de Jorge Torres
El 10 de mayo, el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, dejó esa cartera tan solo 20 días después de que se viera involucrado en la fallida propuesta de las jornadas 6×4, que pretendían que los oficiales trabajaran seis días y descansaran cuatro, con jornadas de 12 horas. Al tiempo, que se vio envuelto en una controversia luego de que diera una entrevista a La Nación donde afirmaba que ‘los costarricenses debían tocarle la puerta al narco, para evitar la venta de drogas'.
Meses después, el 31 de agosto, durante la sesión del Consejo de Gobierno en Limón, el presidente Chaves concordó con una declaración de un limonense, que dijo que "mientras no se metieran en malos pasos, no había de qué preocuparse, porque los criminales se mataban entre ellos".
Ante el comentario, la vicepresidenta del Congreso y diputada de Nueva República, Gloria Navas, mencionó que la afirmación del mandatario representaba una profunda ignorancia de lo que significa la violencia en Costa Rica. Para ese momento, el país alcanzaba 597 homicidios.
Consumidores cómplices
Posteriormente, el 9 de octubre, cuando el país estaba al borde de alcanzar 700 asesinatos, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, expresó en una conferencia de prensa que los consumidores de drogas ‘eran cómplices' de los crímenes y se sumaban a la problemática de las muertes dolosas.
Un mes después, el 9 de noviembre, diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, cuestionaron a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, por ausentarse a la sesión de proyectos de seguridad y por la débil agenda de proyectos de ley para combatir la criminalidad y el narcotráfico que el Poder Ejecutivo convocó para las Sesiones Extraordinarias.
El Ejecutivo convocó para este período legislativo solamente los 5 proyectos de ley presentados en abril como parte de la estrategia Costa Rica Segura, los cuales según el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso presentarían eventuales roces con la Constitución y otras leyes en vigor.
Proyectos de ley
Estos proyectos son: Ley del Sistema Penitenciario Nacional (expediente 23.688) Reforma a los artículos 7, 88, 88 Bis y 88 Ter, de la Ley N°7530 de Armas y Explosivos y sus Reformas (expediente 23.689) Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones (expediente 23.690) Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada (expediente 23.691) Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad (expediente 23.692) y el plan para permitir la extradición de nacionales por tráfico internacional de drogas y terrorismo.
No obstante, este 22 de noviembre, el mandatario abandonó su responsabilidad de combatir la criminalidad y desconvocó los proyectos de ley presentados ante el Congreso, aduciendo que "no lo dejaron trabajar".
"El Poder Ejecutivo no puede condenar a los delincuentes, eso son responsabilidades exclusivas del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. El Sistema Judicial es enfático en defender los derechos de los criminales, pero nos estamos olvidando de las víctimas (…) Ordené desconvocar todos los proyectos que ha presentado el Ejecutivo y ordené que se convoquen las 26 leyes que dice la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que ellos consideran adecuadas. A partir de este momento, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de asumir ante los ciudadanos el marco político que pare este desangramiento", dijo Chaves.