Sala IV da 10 días a Luis Amador para hacer pública política de seguridad vial
Solicitud se hizo desde el 14 de diciembre por Unatroaa
La Sala Constitucional ordenó a Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, entregar el plan de política pública para la seguridad vial y reducción de muertes en carretera en un lapso de 10 días.
Así consta en la resolución 2024004863 del 23 de febrero de 2024 que fue publicado por el Tribunal Constitucional.
El recurso de Amparo fue presentado por Joselito Ureña Vega, representante de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa) contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Ureña alegó que el 14 de diciembre de 2023 hizo la solicitud ante la cartera recurrida, pero que hasta el momento de la interposición del recurso no hubo respuesta a la gestión pertinente.
La organización sindical realizó la gestión ante la autoridad gubernamental al considerar que existen deterioros en las condiciones de seguridad vial en Costa Rica, así como el incremento en el riesgo que sufren los oficiales de tránsito.
Las preguntas que envió el sindicato y que se quedaron sin respuestas fueron las siguientes:
- "¿Cuáles son las políticas públicas de este gobierno para atender el tema de la Seguridad Vial de este país y de protección a los usuarios de nuestras vías públicas?"
- "¿Qué medidas paliativas está recurriendo usted como jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para mitigar y así garantizar la Seguridad Vial en nuestras vías públicas que de manera visible y evidente se han tornado más que violentas y anárquicas?"
Respuesta ministerial
El ministro de Obras Públicas y Transportes respondió a los magistrados el 14 de febrero anterior que se recibió la solicitud de la organización sindical.
Amador citó que procedió a trasladar la correspondencia a Carlos Ávila Arquín, viceministro de Transporte y Seguridad vial, así como también a Cindy Coto Calvo, directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Según el ministro, se hizo el traslado con el fin de elaborar un borrador de respuesta a la gestión de Ureña Vega.
Sostuvo que la jerarca de Cosevi remitió el borrador de respuesta al despacho el 24 de enero de 2023, y que Ureña Vega fue debidamente notificado el 14 de febrero de 2024, mismo día en que Amador rindió informe a la Sala Constitucional.
"En atención a su oficio UNA – 2023- 135 del 14 de diciembre del 2023, mediante el cual solicita información referente al tema de Seguridad Vial en el país, respetuosamente le comunico que se está trabajando en el Consejo de Seguridad Vial con el Plan Estratégico Institucional para abordar todo el tema de seguridad vial. Además, esta institución está trabajando en un plan de tres años para atender las zonas con mayor incidencia de accidentes de tránsito", fue la respuesta enviada al sindicato.
Análisis constitucional
La Sala Constitucional cuestionó que la respuesta se diera 2 meses después de la gestión realizada y que la misma no respondiera a las interrogantes realizadas por el sector sindical.
"Como es evidente la respuesta brindada por el Ministro de Obras Públicas y Transportes no aborda de forma clara y completa ninguno de los dos puntos, pues solamente hizo referencia a que: "(…) se está trabajando en el Consejo de Seguridad Vial con el Plan Estratégico Institucional para abordar todo el tema de seguridad vial. Además, esta institución está trabajando en un plan de tres años para atender las zonas con mayor incidencia de accidentes de tránsito (…)".
"Sin que se provea el plan al que alude, y mucho menos especifique medidas concretas actuales o vigentes en este momento sobre la información solicitada por el recurrente. Así las cosas, igual esta Sala Constitucional debe intervenir", indicó la resolución escrita por Alejandro Delgado Faith, magistrado suplente del Tribunal.
Ese fue motivo suficiente para la Sala Constitucional para que el recurso de Amparo se declarara con lugar y se le diera el plazo de 10 días a Amador para que proceda a la entrega de la información.
El Tribunal Constitucional condenó al Estado costarricense por la omisión de datos con tiempo del MOPT al sindicato.