Sala IV ordena acciones urgentes a 5 entidades para enfrentar minería en Crucitas
La Sala Constitucional le ordenó al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tomar medidas urgentes para enfrentar la minería en Crucitas.
Esto se dio a raíz de la resolución de un recurso de amparo, en el que se reprochaban omisiones sistemáticas en varias ocasiones para buscar soluciones a la minería ilegal en la zona de San Carlos. Como consecuencia, se compromete la soberanía nacional y se generan daños ambientales que serían muy difíciles de reparar, por lo que el recurso fue declarado parcialmente con lugar.
En ese sentido, se le ordenó al MSP lo siguiente:
- Mantener, de modo permanente e indefinido, la presencia policial.
- Reforzar el control migratorio en los puntos fronterizos requeridos para impedir el ingreso ilegal de personas.
- Mantener el control y la vigilancia con la finalidad de evitar que continúe la actividad de minería ilegal de cualquier tipo en esta región.
- Adoptar las medidas pertinentes, dentro del marco de sus competencias, para contar con el presupuesto y el recurso humano necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades de vigilancia, prevención, seguimiento y control en la zona de Crucitas.
- Coordinar medidas y acciones con otras instituciones involucradas en el tema.
Al AyA se le solicitó continuar con el suministro de agua potable en las zonas afectadas, adoptar medidas para que, en un plazo máximo de 18 meses, se finalice el Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las comunidades de Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro; y continuar con los trabajos en conjunto con otras instituciones para atender la contaminación del agua en la zona.
Al Ministerio de Salud se le pidió continuar con los controles y el seguimiento de estos casos, así como seguir participando en la Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas.
Por su parte, al Minae se le ordenó que, en un plazo máximo de tres meses, envíe a la Sala un plan detallado de las acciones que se realizarán en la Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas. Además, deberá adoptar medidas para que se dispongan los recursos económicos, materiales y humanos a más tardar en un año.
Por último, el Estado y el AyA fueron condenados al pago de costas, daños y perjuicios por lo sucedido.