Sala IV ordena investigar agresión a privada que hermana escuchó por teléfono

(CRHoy.com) La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) investigar a un grupo de oficiales supuestamente involucrados en una agresión en perjuicio de una privada de libertad cuando esta se mantenía en una llamada telefónica con su hermana.

Mediante la resolución 2023007021, del 24 de marzo pasado, el alto tribunal declaró con lugar un habeas corpus -figura que protege a las personas de detenciones e incomunicaciones ilegítimas por parte de una autoridad- presentado en favor de Margarita Solano Murillo, quien descuenta una pena de siete años de prisión en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, en Desamparados.

Los magistrados dispusieron que el procedimiento administrativo debe descubrir la verdad realidad de los hechos alegados y determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios implicados. Para efectuar la pesquisa en cuestión, a la cartera se le concedieron dos meses, de acuerdo con el por tanto del fallo, remitido a CRHoy.com por la oficina de prensa de la Sala.

Ello se dicta con el apercibimiento que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden de este tribunal que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo

Resolución 7021-2023
Sala Constitucional

La resolución, a su vez, le ordena al penal cumplir con una mejora en el sistema de cámaras de vigilancia; misma que se ha dispuesto en múltiples fallos desde 2019 y para -por lo menos- 6 recintos penitenciarios distintos.

Tales determinaciones están dirigidas a director general de Adaptación Social, Juan Carlos Arias Agüero; a directora general del Curling Rivera, Kattia Góngora Meza; y a la jefa de la Policía Penitenciaria, Karla Abarca León. A estos a su vez deben abstenerse de incurrir en hechos similares a los que dieron pie al recurso.

El habeas corpus en cuestión fue dado a conocer por este medio el 2 de marzo anterior. Los hechos, sin embargo, tuvieron lugar seis días antes, cuando la tutelada llamó a su familiar para contarle sobre una caída que sufrió una compañera y que le fue achacada a la recurrente, aún y cuando la afectada estaba dispuesta a aclarar lo que pasó y cómo sufrió las heridas.

La tutelada comentó a su hermana en determinado momento que se le acercaron varios uniformados.

"Indica la hermana de la agraviada que logra escuchar vía telefónica, ya que la llamada queda abierta, donde Margarita indica lo siguiente: ‘¡Nelly, Nelly, me están pegando!' Margarita gritaba y decía: ‘No, por favor no me sujeten así. Estoy quedando sin aire, ¡auxilio, auxilio!‘, se extrae de la resolución que dio curso al recurso.

El recurso explica que la hermana se quedó en la línea por hasta cuatro minutos, hasta que la comunicación fue cortada. Es en ese momento que decidió llamar a la Oficialía para alertar sobre la paliza de la que su hermana estaba siendo blanco y para que se le dieran explicaciones al respecto. Aunque sí era atendida, cuando alcanzaba a hacer el reporte, le colgaban o quien le atendía decía que no podía escucharla.

Fue entonces cuando la allegada se enlazó con una privada de libertad de apellidos Robinson Lezama, quien le indica que desde su celda logra observar cómo la Policía Penitenciaria llevaba a Solano Murillo ensangrentada. La reclusa empezó a reclamar a los oficiales -con gritos- que por qué la golpeaban, hasta que estos tomaron a la rea herida y la llevaron hasta una oficina, donde se presume siguieron lastimándola.

Producto del abuso de autoridad, la privada de libertad requirió sutura en la frente producto de un golpe proporcionado con un palo policial, concluyó un dictamen médico-legal del 1° de marzo pasado. El documento -al que CRHoy.com tuvo acceso- apunta que en el cuello presentaba "excoriaciones irregulares en el cuello compatibles con estigmas ungueales"; es decir, heridas coincidentes con arañazos que sufrió cuando era tomada del cuello por los agentes.

"La evaluada Margarita Solano Murillo presenta excoriaciones a nivel del cuello y herida suturada en la frente, compatibles con el mecanismo de trauma narrado en la historia médico-legal en la fecha que ella refiere", puntualizó la doctora Sandra Solórzano Herra.

Como antecedente, el recurso hizo alusión a otro habeas corpus declarado con lugar por el propio tribunal el 22 de octubre de 2022, en el que se comprobó otro abuso de autoridad en perjuicio de Solano Murillo. El voto fue el 2022025207 acreditó una violación al derecho fundamental a la integridad corporal de la privada, debido a que fue "objeto de intervención excesiva" por parte de otro policía, el 24 de setiembre de 2022, cuando su madre y su pareja se disponían a retirarse tras una visita.

Los altos jueces ordenaron entonces la apertura de un procedimiento administrativo que debía concluirse en los dos meses siguientes, al tiempo que se dispuso la adquisición de equipos de grabación suficiente para filmar, almacenar, registrar y documentar todas las intervenciones, requisas y recuentos efectuados por policías.

El 10 de marzo anterior, el departamento de comunicaciones de Justicia indicó a solicitud de este medio que sobre la investigación dispuesta en ese caso no podía referirse en el tanto que se mantenía abierto (a pesar de que el proceso debía ya estar culminado). La respuesta, sin embargo, fundamentó la negativa de detalles en el artículo 295 del Código Procesal Penal; sin precisarse si el funcionario fue denunciado ante el Ministerio Público.