Sala IV ordena solucionar ocupación ilegal de precaristas en terrenos del IMAS en Goicoechea
La Sala Constitucional resolvió con lugar un recurso de amparo interpuesto por una vecina de Guadalupe, Goicoechea, contra el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Municipalidad de Goicoechea, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Área Rectora de Salud de Goicoechea.
Se trata del expediente 25-022056-0007-CO, con fecha del 26 de setiembre del 2025, mediante el cual el Tribunal ordenó a estas instituciones que, en un plazo máximo de ocho meses, solucionen de forma definitiva la situación de los asentamientos informales en Purral, bajo una estricta coordinación interinstitucional.
Además, deberán respetar los derechos humanos de las familias ocupantes, así como preservar el medio ambiente y las áreas de protección.
En su resolución, la Sala dispuso lo siguiente:
"Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Yorleni León Marchena, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social; a Fernando Chavarría Quirós, Gloriana Carmona Seravalli y Mario Rojas Sánchez, en sus calidades de alcalde, presidenta del Concejo Municipal y director de Ingeniería Municipal, respectivamente, todos de la Municipalidad de Goicoechea; a David Chavarría Morales, en calidad de director ejecutivo a. i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación; así como a Jessica Chavarría Solórzano, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Goicoechea, o a quienes ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y realicen todas las actuaciones dentro del ámbito de su competencia para que, de forma coordinada entre todas las instituciones, y dentro del plazo de ocho meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solvente de manera definitiva la situación de los asentamientos informales ubicados en la zona de Purral de Goicoechea, con estricta observancia y respeto a los derechos de las personas que allí residen, así como preservando el medio ambiente y resguardando las áreas de protección del sector".
Además, se ordena a las autoridades recurridas que de inmediato adopten una medida provisional para minimizar los focos de contaminación que se generan en la zona y que afectan a la población y al ambiente, la cual deberá mantenerse vigente durante todo el lapso que duren las actuaciones necesarias para erradicar de forma definitiva los asentamientos informales.
Asimismo, condenó al Estado, al IMAS y a la Municipalidad de Goicoechea al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Argumento del caso
La vecina de Guadalupe acudió a la Sala alegando que en esa zona el IMAS cuenta con varias propiedades que, durante décadas, han sido invadidas debido a la negligencia y tolerancia de dicha institución.
Esto habría permitido que un número considerable de personas se apoderara de terrenos públicos, donde se han construido numerosos asentamientos ilegales, lo que ha originado graves problemas de inseguridad y salubridad.
Según el recurso, estos asentamientos se ubican en zonas de difícil acceso para la policía, con una alta incidencia delictiva, así como venta y consumo de drogas.
Además, se generan toneladas de basura que son arrojadas a ríos y nacientes de agua, lo que provoca contaminación y frecuentes inundaciones en sectores bajos.
La recurrente también enfatizó que, pese a haber realizado solicitudes hace más de un año a la Municipalidad de Goicoechea y al IMAS para coordinar desalojos, no se ha avanzado en la atención del problema, lo que considera un incumplimiento del deber de proteger los bienes públicos.