Salario global divide a diputados en discusión de Empleo Público
(CRHoy.com).- La comisión Legislativa de Gobierno y Administración espera dictaminar para finales de octubre el proyecto de ley de Empleo Público y que su discusión en el Plenario inicie a inicios de diciembre, sin embargo, antes deberán resolver un tema que resulta álgido en la discusión: el salario global.
Este martes el texto 21.336 llegó al final de día de presentación de mociones de fondo. Los diputados presentaron 2 mociones de textos sustitutivos.
Uno texto es impulsado por los diputados liberacionistas Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y la independiente Zoila Rosa Volio, mientras que otro es impulsado por el Partido Unidad Social Cristiana.
El primero sugiere que el salario global se aplique a los nuevos servidores públicos con lo cual se evita el pago de indemnizaciones y lesiones a derechos adquiridos. Mientras que el del PUSC impulsa que se incluya a los actuales trabajadores y los nuevos.
El texto que impulsan los liberacionista fue consensuado con el Poder Ejecutivo y la fracción oficialista. El legislador socialcristiano, Pedro Muñoz dijo que además de la diferencia que tiene el PUSC con el tema del salario global, no apoyará esta propuesta porque se pretende "desmantelar al Servicio Civil" y le da un exceso de potestades al Ministerio de Planificación.
Víctor Morales, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidente de esa comisión explicó que en las próximas semanas los diputados realizarán valoraciones del impacto económico de ambas propuestas, así como análisis jurídicos.
Entre las mociones presentadas hay otras sobre aspectos de convenciones, entre otros temas.
El proyecto de Empleo Público pretende fijar las nuevas reglas para los nuevos funcionarios que se incorporen a trabajar con el Estado.
El texto plantea el establecimiento de un régimen general de empleo público, conformado por "ocho familias de puestos". Cada una de estas familias tendrá un único salario.
Además propone cambios en la forma de determinar los salarios en el sector público, al pasar de un esquema de salarios compuestos basados en las funciones y las competencias a otro que elimine las distorsiones y las desigualdades salariales existentes en la actualidad.
Actualmente el gobierno paga por mes ¢2,6 billones en salarios, de los cuales ¢1,1 billones es por concepto de pluses o incentivos. El plan busca poner un límite a estos aspectos.
El plan mantiene que los estímulos no salariales solo para el buen desempeño, la creación de una plataforma en línea para publicar los concursos en el sector público y dar cuentas del avance del reclutamiento.
También se establece que una vez que un funcionario acumule 2 calificaciones malas por bajo desempeño, el Estado podrá despedirlo.
El texto aumenta a 2 meses la licencia de maternidad en casos específicos y se crea el permiso por paternidad. Además se establece un tope de 20 días a las vacaciones para los nuevos burócratas.
Otro de los aspectos que toca el proyecto es el traslado de la Dirección de Servicio Civil al Ministerio de Planificación