Secretario del PLN exige que Gobierno haga público acuerdo firmado en el “Escudo de las Américas”
El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, exigió al gobierno de Rodrigo Chaves Robles hacer público el documento firmado por Donald Trump durante el "Escudo de las Américas", un acuerdo que contó con el respaldo del presidente de la República.
El acuerdo fue firmado por el mandatario estadounidense el pasado 7 de marzo, en Florida, Estados Unidos (EE. UU.). La solicitud también fue dirigida al canciller Arnoldo André Tinoco, para que alguno de los dos revele el documento de manera íntegra y sin ambigüedades.
Guillén aseguró que, en una democracia madura, ningún compromiso internacional que pueda tener implicaciones en materia de seguridad, defensa o cooperación militar puede mantenerse en la penumbra.
El secretario recordó que Costa Rica posee una tradición institucional única en el mundo: la abolición del ejército en 1948 y la consagración constitucional de un modelo de seguridad civilista, sustentado en el derecho internacional, la diplomacia y la cooperación entre Estados.
Por ello, señaló que cualquier acto del Poder Ejecutivo que pueda comprometer al país en esquemas de seguridad hemisférica de naturaleza militar exige el máximo nivel de transparencia, deliberación pública y control democrático.
"El país tiene derecho a saber con exactitud a qué compromisos fue vinculado por las actuaciones del presidente Rodrigo Chaves Robles y del ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero", explicó Guillén.
Determinar el alcance
Guillén detalló que solo conociendo el contenido íntegro de ese documento se podrá determinar si sus alcances son compatibles con la Constitución Política, con el artículo 12 que abolió el ejército, con los principios históricos de neutralidad activa de Costa Rica y con la tradición diplomática de solución pacífica de los conflictos.
"La falta de transparencia ha sido una constante preocupante de este gobierno. Por ello, esperamos que la presidenta del partido oficialista, Laura Fernández Delgado, ahora que ha tomado distancia de la agrupación política que llevó al presidente al poder, contribuya a romper con esa práctica y ayude a que el país conozca la verdad sobre los compromisos asumidos", aseveró el secretario del PLN.
Asimismo, Guillén aseguró que lo que está en juego no es un simple documento diplomático, sino la coherencia de Costa Rica con su propia historia republicana.
"A la luz de los discursos y anuncios realizados por autoridades estadounidenses en el contexto de esta iniciativa hemisférica contra los carteles, surge la preocupación legítima de que se pretenda introducir en Costa Rica una lógica de militarización de la seguridad que contraviene el espíritu civilista que ha distinguido al país durante más de siete décadas", añadió Guillén.
Explicación del ministro de Seguridad
El ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, explicó a CR Hoy la participación del Gobierno de Rodrigo Chaves en el encuentro multilateral, donde Trump planteó la posibilidad de usar fuerza militar e incluso misiles de alta precisión contra líderes y cárteles del narcotráfico en América Latina.
Según el jerarca, el país no firmó ningún convenio de cooperación militar, sino que únicamente el gobernante estadounidense ofreció ayuda para llevar la lucha contra el crimen organizado a ese ámbito.
Asimismo, Zamora negó la posibilidad de instalar bases militares de EE. UU. dentro de las fronteras costarricenses y afirmó que es algo que ni siquiera se consideró ni estuvo presente en la conversación bilateral con el país norteamericano, dado que "una base per se no garantiza ninguna disuasión" frente al narcotráfico.
Caso llevado a la Sala IV
Guillén, a su vez, hace algunos días presentó una acción de inconstitucionalidad contra la adhesión de Costa Rica a una declaración de seguridad hemisférica promovida por EE. UU., al considerar que podría implicar compromisos de carácter militar incompatibles con el orden constitucional del país.
Según explicó, el recurso fue planteado debido a que el Poder Ejecutivo vinculó al país a esa declaración y a una eventual coalición regional contra el crimen organizado, sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa.