Secretismo en el ICE: se gesta nuevo intento por derribar el muro

Era 4 de agosto de 2008 cuando 24 mil trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) recibían por orden directa de su entonces presidente ejecutivo, Pedro Pablo Quirós, la exigencia de efectuar un "manejo adecuado de la información". La directriz limitaba a todo funcionario a dar cualquier tipo de detalle sobre el trabajo de la entidad, sus planes e incluso datos antes considerados como públicos, a la vez que redujo los permisos a sus jerarquías para hablar con los medios de comunicación a un puñado de gerentes y encargados de área.

Esa directriz  0150-0655-2008 significó el primer ladrillo de un grueso muro que con el tiempo se ha ido levantando alrededor de la entidad cada vez más alto e infranqueable, y que no solo ha servido para salvaguardar los intereses comerciales en el área de telecomunicaciones como originalmente estaba previsto, sino que también ha permitido cobijar su parte administrativa e incluso la eléctrica.

Contra esa pared han chocado todos: ciudadanos, periodistas, diputados e incluso la propia Contraloría General de la República, que en 2015 se vio demandada ante el Tribunal Contencioso Administrativo por intentar hacer valer un decreto que obligaba a la entidad a emitir un informe anual sobre su situación financiera.

Pronto a cumplir 11 años de apertura en el mercado de telecomunicaciones, lo cierto es que la entidad ha logrado salirse con la suya en múltiples ocasiones, aún y cuando en el camino ha recibido algunos llamados al orden por parte de la única entidad de control que medianamente ha podido mantenerla a raya: la Sala Constitucional.

A pesar de este largo historial de casos, el Instituto ya logró capearse un intento serio que pretendía traerse abajo ese muro y ahora se encuentra a las puertas de enfrentar un nuevo intento.

La última vez ocurrió precisamente en 2016 luego de que la entidad enfrentó fuertes cuestionamientos por el acceso a datos públicos que declaró confidenciales. Las contradicciones entre las cifras que se manejaban en torno a la situación financiera de Radiográfica Costarricense (Racsa) y la información que ofrecía esta subsidiaria, el ICE y la Contraloría, llevaron al entonces diputado Antonio Álvarez Desanti a promover un proyecto para transparentar las cifras del ICE.

El proyecto cobró importancia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público justo después de una comparecencia de la contralora Marta Acosta, pero la intervención entonces de una fracción que era más fuerte en cuanto a votos, como lo era el Frente Amplio, se trajo abajo su avance. El intento quedó en fracaso.

Ahora, justo en la misma comisión de Ingreso y Gasto, con otros actores como diputados, pero también después de intervenciones de la Contralora y del ICE, y ante la incongruencia con los datos y la investigación sobre una supuesta situación financiera compleja, varios legisladores apuestan por intentarlo de nuevo. Así lo confirmó el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masis.

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Sobre esta opción ya se han manifestado algunos integrantes de la comisión, como por ejemplo su presidente Jonathan Prendas quien también había venido trabajando en una reforma.

Diputados de otras bancadas también coinciden en la preocupación sobre la falta de transparencia en la entidad.

"Me preocupa el tema de la transparencia, el famoso llamado velo de la transparencia en una Institución como el ICE… y entonces uno dice, ¿el ICE no es una Institución del Estado? (…) si hay velo de transparencia, ¿quién manda en el ICE?, ¿quién manda al ICE?, ¿quién manda al Presidente Ejecutivo? (…)Y si no le hacen caso a la Contraloría entonces ¿a quién le hacen caso en el ICE? (…) llegó el tiempo de reinventar al ICE, de resetear al ICE, de saber leer cuál es la función esencial que el ICE debe tener", señaló ante el grupo legislativo el liberacionista Luis Fernando Chacón.

En papel

La nueva gesta contra el muro del ICE  ya se encuentra plasmada en un proyecto de ley, presentado por Masís a inicios de año. La idea del legislador es impulsarla al calor de la discusión que se lleva a cabo sobre la situación financiera de la entidad.

Propone, principalmente, que todos los datos del ICE puedan ser de acceso público y aquellos que sean de índole confidencial pierdan esta categoría un año después.

Esto mediante una reforma al polémico artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad.

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Marta Acosta, contralora general, calificó la relación con el ICE ante los diputados como "tortuosa", en el sentido de que han tenido que enfrentar múltiples procesos judiciales debido a la forma "abusiva" en que la entidad ha interpretado su derecho a confidencialidad.

Esta forma abusiva se comprueba en la historia. En mayo de 2016 por ejemplo, la Sala Constitucional tuvo que ordenarle a la entidad entregarle al exdiputado Otto Guevara datos sobre telefonía fija los cuales le habían sido negados previamente bajo la excusa de la competencia. La Sala le aclaró en ese momento que la telefonía fija no formaba parte de ese mercado abierto y seguía siendo monopolio.

En 2018, nuevamente la Sala Constitucional determinó que el ICE estaba utilizando la normativa de telecomunicaciones para ocultar información relacionada con el área eléctrica.

El caso correspondió a una solicitud de información realizada por el exdiputado y exsindicalista del ICE Jorge Arguedas, quien en noviembre de 2017 había pedido información sobre una licitación pública relacionada con energía hidroeléctrica contratada a generadores privados. Si bien entregó la mayoría de los datos ocultó adrede una docena de folios relacionados con estudios de impacto ambiental para el proyecto hidroeléctrico Diquís.

Recientemente en febrero pasado, CRHoy solicitó al ICE la información sobre sus altos gerentes pero la respuesta fue que eran confidenciales. La semana anterior sorpresivamente dieron marcha atrás en la decisión y revelaron las cifras.

La comisión que analiza las finanzas del ICE ya ha recibido a personeros de la Contraloría y de la entidad, entre ellos también al expresidente Carlos Obregón. En las próximas semanas tienen prevista la visita del gerente de Telecomunicaciones Jaime Palermo, así como una sesión a puerta cerrada con la auditora Sofía Machuca.