Secretismo y errores del directorio legislativo impiden apelar informe a favor de Solís

El informe de la Procuraduría de la Ética Pública que solicita la desestimación de la denuncia contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera por cometer supuestas faltas al deber de probidad en el tema del cementazo tuvo un trámite inusual, contrario a lo que establece el reglamento y plagado de errores y secretismo dentro del anterior y actual directorio de la Asamblea Legislativa.

El expresidente del congreso Gonzalo Ramírez lo ocultó a los exdiputados del periodo 2014-2018 durante los últimos tres días de su gestión, e incluso convocó a una sesión extraordinaria privada para declarar confidencial la llegada del documento al plenario, mientras que la actual presidenta del congreso Carolina Hidalgo lo mantuvo en su poder durante 27 días y lo dio a conocer a los nuevos legisladores hasta después de vencido el plazo para presentar recursos de revocatoria y apelación, aduciendo la "pérdida" de parte del documento.

Según el reglamento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, los diputados pueden presentar  recursos de revocatoria y apelación contra las resoluciones del órgano procurador cuanto este dicta un rechazo, archivo o desestimación sobre un caso denunciado.

Sin embargo con la desestimación de Solís los diputados no tuvieron la oportunidad de hacerlo, ya que conocieron del informe una vez vencido el plazo de ley para objetarlo. 

El ocultamiento del informe y el trámite legislativo que atropella los derechos a objetar la resolución, causa molestia entre algunos diputados, que critican tanto el actuar de la Procuraduría de la Ética por ser tan severa con algunos exdiputados, pero muy condescendiente con el expresidente Solís, así como el del anterior presidente legislativo Gonzalo Ramírez y la actual presidenta del congreso por cometer un error tan "sospechoso".

Lea informe completo de desestimación de Luis Guillermo Solís aquí.

Informe se ocultó a diputados por más de un mes

El informe de la desestimación del expresidente llevó un trámite secreto e inusual de poco más de un mes a lo interno del directorio: 3 días durante el periodo donde Gonzalo Ramírez fue presidente en la legislatura anterior y 27 días durante la actual administración de Carolina Hidalgo.

• El documento llegó al directorio legislativo la tarde del jueves 27 de abril del 2018. Aunque los anteriores diputados sesionaron extraordinariamente hasta el lunes 30 de abril, el expresidente legislativo Gonzálo Ramírez no comunicó a los exdiputados  la llegada del informe, sabiendo que los legisladores tenían tres días hábiles para presentar objeciones.
• Ramírez mantuvo oculto el informe hasta el cierre del periodo legislativo el lunes 30 de abril a la 1:00 p.m. cuando oficialmente se levantó la última sesión del cuatrienio 2014-2018.
• Pese a ello, a las 3:00 p.m. de ese mismo lunes, el exdiputado del extinto Partido Renovación Costarricense abrió una sesión extraordinaria del directorio legislativo con la única presencia de la exprimera secretaria Carmen Quesada para declarar confidenciales los artículos de la sesión que revelaban el contenido y el conocimiento del informe. Así consta en documentos en poder de CRHoy.com. (Ver documentos 1 y 2).
• Para el primero de mayo se instaló la nueva Asamblea Legislativa y el nuevo directorio legislativo presidido por la oficialista Carolina Hidalgo. A esa fecha, al informe de la procuraduría le quedaba un día para presentar apelaciones, sin embargo no fue entregado a los nuevos diputados ni en ese, ni en los siguientes días.
• El 17 de mayo del 2018,  Carolina Hidalgo, le envía a la Procuraduría de la Ética un oficio comunicando que el informe que recibió el anterior directorio estaba incompleto, pues le faltaban dos folios y lo solicita de nuevo. Este trámite anula el vencimiento del plazo para apelaciones y establecería un nuevo plazo de 3 días hábiles para presentar apelaciones o recursos de revocatoria. (Ver documento 3).
• El 22 de mayo del 2018 la Procuraduría de la Ética envía de nuevo el informe correcto al directorio legislativo a partir de este punto los diputados tienen dos tesis, para Carlos Ricardo Benavides se inicia un nuevo plazo de 3 días para presentar recursos de revocatoria y apelación, mientras que para la presidenta del congreso Carolina Hidalgo, el plazo para presentar apelaciones ya estaba vencido. (Ver documentos 4 y 5).
• El 25 de mayo del 2018 venció el posible nuevo plazo para presentar recursos de revocatoria y apelación al informe, sin embargo para ese momento, los diputados desconocen la existencia del documento y el tiempo que lleva en en el directorio legislativo.
• El 28 de mayo del 2018 a la llegada de la sesión del plenario, los ujieres entregan a los diputados un sobre cerrado que contiene una copia del informe de Procuraduría de la Ética cuando ya había vencido el plazo de apelaciones. A la copia del informe se adjunta una carta del director ejecutivo de la Asamblea Legislativa Antonio Ayales donde revela el contenido de los artículos que el expresidente Gonzálo Ramírez declaró confidenciales el 30 de abril del 2018 durante la sesión extraordinaria.(Ver documento 6).
• El 28 de mayo del 2018 el expresidente Luis Guillermo Solís celebra en su cuenta en Twitter que fue absuelto por la Procuraduría de la Ética Pública tras vencimiento de plazo para presentar revocatorias y apelaciones. (Ver imagen 7).

¿Qué dice el directorio legislativo?

Desde el lunes anterior CRHoy.com ha intentado comunicarse con el expresidente la Asamblea Legislativa Gonzalo Ramírez y con la exprimera secretaria del directorio Carmen Quesada, protagonistas de la sesión privada donde se recibió el informe en abril del 2018 y donde se declararon confidenciales los artículos del acta que que revelan el conocimiento, contenido y recibido del documento.

Sin embargo al cierre de esta nota ninguno de los dos respondió a nuestras llamadas ni a los mensajes dejados en sus teléfonos celulares.

Por su parte, Hidalgo se lava las manos y le tira la pelota al anterior presidente legislativo.

Asegura que ella distribuyó el informe hasta el 28 de mayo porque hasta ese momento lo permitió la agenda legislativa y que fue cuando lo tuvo completo, pues al documento "se le habían perdido dos páginas".

"Cuando llegó aquí me indica la secretaría del directorio que tiene una lista de informes de la Procuraduría que no se habían compartido, entonces lo pertinente era compartirlo a todos los diputados y diputadas para que lo conozcan y se tome la decisión respecto en la comisión que los analizó. Yo procedo a pedir la lista para repartirlos y me indican que existe uno en particular que no tiene dos páginas en concreto (…) yo desconocía cuál era ni qué contenido tenía el mismo… simplemente le mandé una nota al procurador general don Julio Jurado pidiendo que me lo remitiera de manera completa o integra porque ya me habían señalado que le hacían falta dos páginas…", indicó Hidalgo a CRHoy.com.

Para ella, la tardanza se dio por la dinámica parlamentaria. "Fue un tema de agenda del plenario… no tiene… ya se había anunciado en jefes y subjefas de fracción que apenas se tuvieran la cantidad de copias, porque eran un montón, se repartía… y efectivamente apenas estuvieron listas se repartieron…".

La posición de la presidenta legislativa es que el plazo de las apelaciones no venció el 25 de mayo, como opinan otros diputados, sino desde inicios de ese mes ya que la solicitud de reenvió a la Procuraduría no cambió los plazos establecidos originalmente para las apelaciones porque en principio el documento se recibió completo y fue en la asamblea donde se perdieron las páginas.

Hidalgo evade asumir la responsabilidad de que durante los primeros dos días de su gestión corría el tiempo de ley para objetar el informe. "No lo entregué porque no estaba completo, no era mi responsabilidad, obviamente yo quería entregarlo de manera completa" concluyó Hidalgo, cuyos asesores son Boris Ramírez, exdirector de Prensa de Solís, y Verónica Fernández, exasesora personal del ahora expresidente.

Escuche parte de la entrevista con la presidenta legislativa a continuación.

"Vamos a exigir explicaciones"

Algunos diputados consultados por CRHoy.com mostraron su molestia con la presidencia del congreso por la manera en que se tramitó y entregó el documento hasta que se venció el plazo de ley para apelarlo. Aseguran que pedirán explicaciones a la presidencia ya que este tipo de prácticas podrían generar impunidad y encubrimiento de posibles actos de corrupción.

"Me parece que es una actuación poco transparente, de hecho quiero pedir explicaciones al directorio legislativo del por qué se dio esa forma de proceder. Obviamente lo que procede es que el directorio informe a los diputados y entregue los documentos apenas los reciben para que exista la posibilidad de que se presenten los recursos que la ley permite. Creo que no es una práctica correcta, habrá que ver si fue un error o cuál es la justificación que da el directorio, pero obviamente se presta para promover la impunidad de altos jerarcas y lo que menos necesitamos es que se de la imagen de que se quiere seguir tapando y protegiendo a los de arriba, a los que han alcahueteado y permitido casos de corrupción", indicó José María Villalta del Frente Amplio.

El diputado Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional indicó que tan pronto les llegó el informe de la Procuraduría varios diputados del PLN solicitaron a sus asesores legales preparar el recurso de apelación correspondiente, pero se llevaron la "desagradable sorpresa" de saber que el plazo para apelar estaba vencido.

"Es inaudito. Alguien le negó a los diputados de esta Asamblea apelar el informe de la Procuraduría. Debe sentarse la responsabilidad sobre quienes impidieron que este grave asunto llegara a la máxima instancia. Vamos a indagar qué fue lo que ocurrió. Todo parece indicar que incluso el informe llegó incompleto. Eso abría las puertas para declarar la nulidad de la primera notificación y establecer un nuevo plazo. Pero ni así. Fuimos enterados cuando ya no había nada que hacer ni en una ni en otra hipótesis" indicó el jefe de fracción del PLN.

Dicho partido ha solicitado "copia fiel de todo lo actuado por el Directorio anterior y actual…También queremos saber porqué la Procuraduría notificó a la Asamblea anterior ya cuando solo le restaba un día de labores. Era imposible que los anteriores diputados reaccionaran. Y a los actuales nunca nos llegó a tiempo para ejercer nuestra potestad de apelar" concluyó el diputado.

Mientras que Jonathan Prendas del Partido Restauración Nacional también pedirá explicaciones. "Esto es un acto deliberado de encubrimiento por parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa a favor del expresidente Luis Guillermo Solís, eso no puede ser. Acciones como estás minan la confianza que podamos tener sobre el manejo de temas sensibles, en donde se señale la labor del gobierno y se necesite de la imparcialidad de la presidencia del Congreso. Además, estas acciones cercenan nuestros derechos como diputados y coartan la representación democrática que nos otorgó el pueblo, pues al no entregar el informe de la procuraduría en las fechas correspondientes no nos permitieron presentar el recurso de revocatoria y apelación al cual teníamos derecho."

¿Qué investigó la Procuraduría?

El informe de la investigación de Procuraduría de la Ética Pública contra el expresidente Solís consta de 18 páginas y fue firmada el 26 del abril del 2018, tres meses después de que llegara la denuncia ala institución.

En ese periodo, el ente procurador analizó más de 34 mil folios enviados por la comisión especial que investigó el crédito de $38.000.000 al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas por parte del Banco de Costa Rica (BCR) y las supuestas irregularidades en varias instituciones de  Gobierno sobre el caso del cementazo.

Entre las conclusiones de los exdiputados investigadores que los motivaron a enviar el actuar de Solís y de Casa Presidencial a la procuraduría están:

• No haber actuado "en condiciones de igualdad para los habitantes de la República", cuando Presidencia y el Consejo de Gobierno instruyeron a la Junta Directiva del BCR para que nombrar a Mario Barrenechea como gerente general del Banco de Costa Rica.
• "Sus decisiones no se ajustaron a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña. Falló al no velar porque la administración de los recursos públicos se ajustara a los principios de (…), eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente".
• "El Presidente de la República presionó por medio del viceministro Fernando Rodríguez y/o el diputado Morales Zapata a la Dirección General de Aduanas para que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento importado por Juan Carlos Bolaños".
• "Juan Carlos Bolaños fue recibido 7 veces en Casa Presidencial, en el marco de las gestiones relacionadas con sus negocios en varias instituciones del Estado  … Contrario a lo afirmado por el señor presidente de la República en su comparecencia ante esta Comisión, las gestiones de Juan Carlos Bolaños que motivaron sus visitas a Casa Presidencial fueron exitosas".
• "Casa Presidencial nunca encontró razones para llamar a cuentas y aplicar sanciones, cuando correspondía hacerlo, a los directivos del BCR, a pesar de la abundante evidencia existente, entre ellas dos resoluciones de la Procuraduría de la Ética en relación con la directiva bancaria Paola Mora y el gerente del BCR Mario Barrenechea donde recomendaba sanciones. El Consejo de Gobierno decidió ignorarlas y ordenar su archivo".
• "La Presidencia de la República presionó al órgano de Reglamentación Técnica del MEIC para que emitan criterio al siguiente día hábil, para poder sacar a consulta pública las Reformas al Reglamento (para la comercialización del cemento, lo que beneficiaba el negocio de Juan Carlos Bolaños, pues el reglamento anterior hacía imposible usar cemento importado)".

Pese a los correos electrónicos, la gran cantidad de documentación aportada y las entrevistas realizadas, el ente procurador indicó que no contaba con "información que pruebe una participación del señor Presidente de la República en los hechos, y mucho menos que, lo involucre en una actuación contraria al deber de probidad", según indica en la página 16 del informe.