Segunda denuncia penal: contratación de póliza para Chaves y jerarcas violaría 3 leyes

El Ministerio Público recibió una segunda denuncia penal contra la intención del Ministerio de Hacienda de contratar al Instituto Nacional de Seguros (INS) una póliza anual de responsabilidad civil por ¢248.391.706 para Rodrigo Chaves, presidente de la República, los vicepresidentes Mary Munive y Stephan Brunner y los ministros y viceministros.

La contratación se gestiona en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) por medio del expediente 2024PX-000002-0009100001.  Según el Ministerio de Hacienda, esta es la primera vez que la Administración gestiona una póliza de este tipo.

En la justificación para este gasto, el Gobierno alega que "la póliza es necesaria para resguardar las decisiones o acciones a tomar en el país" y para que el Estado cuente con las herramientas para defender sus decisiones, proteger la imagen, el erario público y a los jerarcas en la toma de sus decisiones.

José Eduardo Vargas Rivera, abogado y fundador del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a Chaves al poder, presentó la denuncia penal el sábado 26 de octubre y advirtió que existen incumplimientos en al menos 3 leyes. La denuncia señala al mandatario y a Nogui Acosta, titular del Ministerio de Hacienda.

Según la queja, la intención del gobierno implicaría la comisión de presuntos delitos de incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.

"Se ha venido interpretando esto simplemente como una póliza típica. No estamos ante una póliza típica. Estamos ante un delito penal claro y evidente, donde solo la publicación del cartel ya es un indicio del delito consumado", detalló Vargas.

¿Por qué esta postura? El denunciante acotó que es necesario entender que la Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, en varios artículos, especialmente el Artículo 13, estipula claramente que el presidente (Chaves) y los ministros deben pagar la póliza de su propio peculio.

Además, recalcó que el Artículo 1 de la Ley Orgánica del INS establece que el instituto no puede aprobar pólizas contrarias a la ley y/o si los informes técnicos no están apegados a la ley.

"El Artículo 1 dice que el INS está obligado a rechazar cualquier póliza, cuyos informes técnicos no estén apegados a la ley. Lógicamente, al impedirlo la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, el INS no podría aprobarlo porque lo prohíbe el Artículo 1 en su Inciso 1. Ahora, bien, también el INS tiene una prohibición en la ley reguladora del mercado de seguros. En el Artículo 25, Inciso C, que dice textualmente solo podrán aprobarse pólizas apegadas a la ley", puntualizó Vargas.

El abogado indicó que con este panorama el INS tendría 2 prohibiciones claras para concretar la póliza: la primera en su propia ley orgánica y la segunda prohibición en el Artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros.

"Y, si a esto le sumamos que la Ley General de la Administración Pública, en el Artículo 11, prohíbe hacer actos contrarios a la ley, estamos ante un claro delito penal. En este caso, el presidente estaría incumpliendo la ley con claro dolo y si el INS acepta la póliza, estaríamos ante un nuevo caso 'Barrenador'. Habría presuntos delitos de incumplimientos de deberes y malversación de fondos públicos", citó el denunciante.

En la justificación de la contratación de la póliza, el Ministerio de Hacienda alegó que "es razonable que el Estado pueda dotar de la defensa técnica idónea, de alto nivel, a los jerarcas demandados para que puedan defender sus actuaciones dirigidas a satisfacer no solo el interés público, sino a la ciudadanía", dice la contratación.

El ministerio defendió que la contratación se apegó a los análisis técnicos y jurídicos del proceso de contratación administrativa y que su objetivo es asegurar al Estado frente a eventuales pérdidas económicas por posibles procesos judiciales contra jerarcas del Poder Ejecutivo, de manera que no se afecten las arcas públicas para la atención de esos procesos.

La vigencia de esta póliza por ¢248 millones será anual e incluirá:

• Gastos y costas legales de defensa.
• Costos y gastos de emergencia para 65 jerarcas e incluirá a directores y oficiales retirados. Costos para fianzas.
• Costos para atención de crisis, gastos para relaciones públicas y gastos para proteger la reputación de los asegurados.
• Costos por procesos de extradición, costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles, costos para salud y seguridad ocupacional, privación o confiscación de activos, costos de pre-investigación, violaciones ambientales, audiencia derivada de una investigación, administradores no ejecutivos, entre otros. A
• La póliza incluirá actuaciones culposas, cualquier error probado o supuesto, declaración errónea, omisión, todo tipo de actuaciones en el ejercicio de sus funciones que causen perjuicios a terceros, entre otros.
• El límite de responsabilidad será de $500 mil por persona asegurada.

De la póliza se excluirán, según dice la contratación, casos por soborno, lavado de dinero, litigios previos y pendientes, daños corporales o daños materiales a partir de la fecha de vencimiento.

La Contraloría General de la República (CGR) señaló que no es el Estado quien debe pagar la millonaria póliza de responsabilidad civil para el presidente y el gabinete, en caso de condenas legales por sus decisiones o acciones en el ejercicio de sus cargos.

La CGR dejó claro que el pago de esas pólizas debe salir del mismo bolsillo del mandatario y de los jerarcas.

El ente contralor recalcó que el Artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos impone para todo encargado de "recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos" el deber de rendir una garantía con cargo a su propio peculio (dinero y bienes propios de una persona), en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

La CGR puntualizó además que ya había pronunciamientos previos de su parte con relación a la obligación de los jerarcas de pagar estas pólizas de su propio peculio. Esos pronunciamientos fueron en mayo de 2022, cuando se le hizo la consulta desde la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y septiembre de 2019, cuando consultó en relación con lo mismo desde la Municipalidad de Cartago.

Póliza cuestionada suma más procesos

La denuncia de Vargas se suma a una que también está en trámite en la Fiscalía y que fue presentada de forma anónima contra Chaves y Acosta. 

En esta, el denunciante pide que se les investigue por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación al deber de probidad, influencia en contra de la Hacienda Pública, fraude de ley en la función administrativa, y legislación o administración en provecho propio,
"así como otros por determinar en la investigación". Además, solicita la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra ambos funcionarios.

El denunciante señala que "se están desviando dineros públicos para un fin que no tiene sustento jurídico ni tiene un financiamiento aprobado por alguna ley de la República para dicho fin".

Junto con el proceso en la Fiscalía, la Procuraduría de la Ética Pública también recibió una denuncia contra Chaves y Acosta.