Seguridad se declara sin competencia legal para desalojar residencia venezolana
(CRHoy.com).- El Ministerio de Seguridad Pública se declaró "sin competencia" para resolver la solicitud de desalojo de una propiedad perteneciente al estado venezolano, la cual se ubica en Los Yoses, cantón de Montes de Oca.
La Cancillería había ordenado el desalojo de esta propiedad desde octubre anterior. El inmueble fue cedido por el régimen de Nicolás Maduro a simpatizantes chavistas en Costa Rica.
Desde el pasado 1° de noviembre el presidente, Carlos Alvarado dijo que había instruido a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad determinar la legalidad del desalojo, esto luego de que quedara congelada desde hacía un mes a esa fecha.
Este martes el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, dijo que luego de someter este caso al análisis del Departamento de Desalojos de su Dirección Jurídica, el Ministerio de Seguridad Pública resolvió que no contaba con la autoridad para resolver esta disputa.
"Ello debido a que la anterior representación diplomática le había cedido dicha propiedad, mediante una escritura efectuada por un notario público, a un ciudadano costarricense, al que le garantizó el usufructo y la posesión del bien inmueble. Ante una situación como esta, la Cartera de Seguridad Pública resolvió que la disputa debe ser dilucidada ante una instancia judicial y no administrativa", señaló Solano.
El inmueble de 4.400 metros cuadrados y ubicado en Los Yoses, Montes de Oca, era la residencia del embajador de Venezuela hasta inicios de 2019 cuando el gobierno de Alvarado reconoció al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como presidente encargado de la nación suramericana.
El régimen de Maduro decidió destinar la propiedad a la creación de un centro cultural administrado por costarricenses afines a Maduro. Esto mientras la embajadora nombrada por Guaidó, María Faría, reclama su uso.
El canciller Manuel Ventura manifestó en noviembre que su la Cancillería había suspendió la orden administrativa hace aproximadamente un mes (al 1 de noviembre) , apenas unas 2 semanas después de que la propia Casa Amarilla solicitara el desalojo al Ministerio de Seguridad Pública.
El ministro explicó que la gestión se hizo con base en la legislación nacional y en lo estipulado por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Añadió que el trámite se inició a raíz de que la representante de Guaidó en Costa Rica le solicitó a la Cancillería recuperar el inmueble . Desde 1992 la casa está registrada a nombre del gobierno venezolano.
CRHoy intentó conversar con la embajadora María Faría,sin embargo no fue posible localizarla a la hora de esta publicación.