Servicios Técnicos de Asamblea cuestiona ley Jaguar e intención de gastar ¢3 mil millones en referéndum
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa cuestionó la más reciente versión de la ley Jaguar y la intención del Poder Ejecutivo de someterla a referéndum.
Este departamento, que asesora a los diputados en cuestiones técnicas y de trámite legislativo, dijo que el planteamiento del Gobierno no aportaría ninguna innovación al ordenamiento jurídico del país y representaría un uso ineficiente de los recursos públicos si se somete a un referéndum.
Así lo dijo Servicios Técnicos tras una solicitud, del pasado 21 de octubre, en la que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió a esta instancia pronunciarse acerca del articulado del plan Jaguar 2.o que no fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, más conocida como Sala IV, esto para determinar su eventual viabilidad para ser sometido a una consulta popular.
Hay que recordar que en su pronunciamiento del pasado 1 de octubre, los magistrados de la Sala IV encontraron vicios de inconstitucionalidad a la segunda versión del proyecto de ley Jaguar, sin embargo, por mayoría, los magistrados declararon que no hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 2 del proyecto, que reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Dicho artículo hace referencia a las competencias de control y fiscalización de la CGR.
El texto sustitutivo más reciente del proyecto pretende modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), el cual establece que esta institución es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores en el Estado.
El informe de Servicios Técnicos explica que la legislación vigente, en particular la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley General de Control Interno, ya distinguen con claridad cuáles son las funciones de las entidades públicas, las auditorías internas y la CGR, en el sentido de que es imposible que un órgano de control interno o externo participe en la toma de decisiones.
"En síntesis, la iniciativa no innova, sino que más bien hace eco de las regulaciones existentes", explica el documento.
Se añade, además, que realizar un referéndum para una iniciativa innecesaria implica un gasto significativo que, en realidad, se podría utilizar para cubrir necesidades sociales, sanitarias o educativas de la ciudadanía.
"La realización de un referéndum para crear una norma que ya existe debe ser cuidadosamente evaluada. La organización de un referéndum implica un gasto significativo desde el punto de vista de recursos, el costo de un eventual referéndum el cual se ha dicho públicamente que supera los ¢3.000 millones, monto que puede ser destinado a cubrir necesidades sociales, sanitarias o educativas de la ciudadanía. Si la norma ya está regulada, podría considerarse un uso ineficiente de estos recursos, desviando atención de otras necesidades más urgentes. Si se realiza un referéndum sin una justificación clara, puede disminuir la confianza en el proceso democrático y en las instituciones", señala el documento
El texto completo del informe de Servicios Técnicos lo puede ver en este enlace