Sindicato de Japdeva acudirá a Sala IV para frenar ley de reestructuración
Sostienen que algunos alcances de legislación son inconstitucionales
(CRHoy.com). Con el proyecto aprobado por los diputados y el respaldo del Poder Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap) acudirá a la Sala Constitucional para frenar el plan de reestructuración.
El texto avalado en segundo debate por los diputados el pasado 14 de octubre permitirá a la institución reducir su planilla de 1.186 a alrededor de 400 funcionarios con el objetivo de redirigir el rumbo hacia la sostenibilidad financiera y operativa.
Antonio Wells Medina, secretario general de Sintrajap, confirmó que presentarían una acción de inconstitucionalidad contra la ley en los próximos días.
Con asesoría legal, la organización gremial apunta a que existen artículos inconstitucionales en la ley debido a que –por ejemplo- esa legislación se creó a partir de una comisión técnica "desconocida".
"Eso no fue consultado a priori, por lo que tenemos que hacerlo vía recurso de inconstitucionalidad. También, están siendo violentados varios artículos de la Constitución Política por lo que está pasando Japdeva al no permitirle competir y tampoco aparece en el expediente que Sintrajap haya sido consultado. Sí fuimos a la comparecencia, pero no hay consulta formal", citó Wells.
Desde inicios de año la institución mantiene una pugna con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por el papel de la autoridad portuaria del Estado, lo cual permite –entre otras cosas- fijar la programación de los buques que debe atender cada terminal portuaria del caribe.
Ante el rezago institucional, la situación de la entidad se agravó a partir de la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) operada por APM Terminals.
"Hay un fraude de ley ante el despido simulado que está inserto. Si se presentan un recurso de inconstitucionalidad y están en trámite casos de prejubilación o traslados horizontales, bonos u otros mecanismos de reducción de planilla, y si la Sala IV acoge el recurso, estos quedarían pendientes hasta que se resuelva", agregó el dirigente.
Wells recordó que existe un proceso en el contencioso administrativo contra las propuestas de reestructuración que contempla la ley. Esta gestión se une a otra planteada por José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA), que pretende "devolverle" la autoridad portuaria estatal a Japdeva.
Panorama complejo
Al cierre de julio de este año, antes de que comenzaran a ingresar los primeros recursos extraordinarios avalados por la Asamblea Legislativa para ayudar a enderezar el rumbo, la institución reportaba un déficit de ₡8.135 millones.
En los primeros 7 meses de 2019 la institución registró –en total- ingresos por ₡17.981,40 millones. Sin embargo, los egresos (por salarios y gastos operativos) fueron muy superiores: ₡26.116,40 millones.
Desde que comenzó a funcionar la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de APM Terminals en febrero de este año, Japdeva pasó de tener ingresos por ₡3.700 millones mensuales en enero a proyectar poco más de ₡700 millones a junio.
Es decir, unos ₡3.000 millones menos en cuestión de meses. Los escasos recursos que ingresaron en ese lapso obedecieron al movimiento de carga mixta y convencional.
Para terminar de complicar el panorama, los gastos mensuales de la entidad superan los ₡3.400 millones (₡2.500 millones por salarios y el resto en rubros operativos) para un déficit mensual cercano a los ₡2.700 millones.
Y, por si fuera poco, en las semanas posteriores al ingreso de la TCM Japdeva inició una pugna legal -entre dimes y diretes- con el MOPT por el papel de la autoridad portuaria estatal encargada de diseñar los cronogramas que cada terminal portuaria del Caribe.
