Sindicatos aseguran que ley contra revictimización afecta el sistema educativo
Educadores señalan que la norma necesita reformarse
(CRHoy.com) Los sindicatos del magisterio nacional aseveran que la aplicación de la "Ley 9999, para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de los menores de edad en el sistema educativo", afecta de manera negativa la educación del país, además denuncian que el proceso de análisis en comisión fue vago.
El pasado martes 8 de noviembre los dirigentes de APSE, ANDE, SEC, SINAPRO Y ADEP, se reunieron con los diputados de la comisión especial de educación que estudia las causas del "apagón educativo", para exponer las situaciones provocadas a raíz de la ley y la necesidad de reformar la normativa.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE), la Ley 9999 no fue consultada a las organizaciones magisteriales, señalaron que el proceso fue vago, provocando que al aplicarse la ley, los escenarios y partes se malinterpreten.
"ANDE se pronuncia en contra de los efectos nocivos de la Ley 9999, Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de los menores de edad en el sistema educativo costarricense, se suma la violencia que se vive en las escuelas y colegios del país, por lo que el personal docente de los centros educativos ya sufren las consecuencias devastadoras", expresó la fuerza sindical.
Cuando la Ley 9999 se encontraba en análisis, contó con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes y fue propuesta por la diputada de la legislación pasada, Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN). La norma fue aprobada el 29 de junio del 2021 con 41 votos a favor, y empezó a regir a partir del 27 de agosto del 2021.
"Cuando un proyecto sale de una comisión legislativa, es porque se supone que ya existió un amplio proceso de diálogo, de discusión y de análisis, lamentablemente, cuando uno revisa las actas de la comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa (…) se da cuenta de que el trámite fue bastante apresurado".
"Únicamente estuvo tres meses en la comisión para que ya saliera dictaminado de manera unánime afirmativa (…) solo se consultó a seis instituciones, al MEP, Servicio Civil, Defensoría de los Habitantes, Unicef, el PANI y a la Caja, en ningún momento la comisión de juventud, niñez y adolescencia, se les ocurrió pensar que era necesario consultar a las organizaciones magisteriales, consultar a los educadores, a quienes están en las aulas", señaló Vinicio Rojas, asesor político de ANDE.
Según lo revelado por el ANDE, hasta el momento el Ministerio de Educación Pública (MEP) registra 323 casos de incidentes relacionados con esta ley, por lo que los educadores constantemente se quejan de las consecuencias en el ambiente cotidiano dentro de las aulas.
"Hemos estado reuniéndonos con diferentes diputados, no es una labor en la que estamos dormidos, hemos realizado 14 reuniones con diputados de las diferentes bancadas, nosotros tenemos plena consciencia de que no es posible que un docente sea reubicado por llamar la atención a un niño cuando en realidad lo que hacemos es formar a los estudiantes", dijo Gilda Montero, presidenta de ANDE.
El APSE también se pronunció al respecto, e indicó que la reforma urge para que los educadores no se sigan viendo afectados.
"Ana Doris González, Presidente de APSE, fue enfática en la urgencia de reformar la ley 9999, para derogar las normas que afectan a los trabajadores de la educación. Ileana Vega Montero, asesora legal de APSE, expuso a los legisladores con detalle los artículos que causan afectación. Los sindicatos ANDE y SEC también se refirieron al caso", expuso en su comunicado el APSE.