Sistema educativo en alerta: envejecimiento del personal y crisis en los nombramientos del MEP

Casi el 70% de los docentes, administrativos y autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y de centros educativos privados que integran el Magisterio Nacional tiene al menos 11 años de trabajar de forma continua en la educación.

En contraste, solo el 30% acumula 10 años o menos en la institución, lo que evidencia un  envejecimiento del personal.

Así lo revela el Estudio Sobre las Condiciones y Desafíos de los Docentes y del Magisterio Nacional, elaborado por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), el cual también detalla que el 68,7% de los funcionarios tiene entre 35 y 54 años.

Según los datos presentados, el grupo más numeroso lo conforman los funcionarios con más de 21 años de laborar, quienes representan el 33,80%. Les siguen los docentes con entre 16 y 20 años de servicio, con un 18,47%.

En tercer lugar, está el personal con entre 11 y 15 años, que suma un 17,68%, y luego quienes tienen entre 6 y 10 años, con un 16,90%.

Las poblaciones más pequeñas corresponden a los nuevos ingresos: solo un 4,82% tiene entre 1 y 2 años de trabajar en centros educativos, mientras que un 8,32% posee entre 3 y 5 años de experiencia.

Todo esto ocurre en medio de la persistente falta de nombramientos completos en el MEP. Cada inicio del curso lectivo la institución enfrenta este problema, y el 2025 no fue la excepción.

Para enero, el ciclo escolar arrancó con 537 plazas vacantes en proceso de nombramiento, según confirmó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez. Sin embargo, más de 3.000 docentes aún no han podido ser nombrados, de acuerdo con el Departamento de Gestión de Talento Humano del MEP.

"Si el MEP nombrara con esa agilidad, todos ya estaríamos listos para iniciar el curso lectivo, pero no. Desde que comienza el año toca esperar a que se actualice la planilla e ingresar al sistema a ver si lo nombraron a uno. En mi caso, no tengo plaza fija y debo esperar. Es posible que mi nombramiento aparezca hasta mediados de febrero o marzo. Los estudiantes me reclaman por qué no llego, pero si no tengo el nombramiento no puedo presentarme", contó a CRHoy una docente de Alajuela que pidió anonimato por temor a represalias.

Prueba de idoneidad y nombramientos

A esta situación se suma la reciente aplicación de la primera prueba de idoneidad para docentes, directores y orientadores, realizada el pasado 6 de noviembre como parte del Transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP). La evaluación, aplicada en más de 40 centros educativos, convocó a unas 2.300 de las más de 10.000 personas incluidas en el transitorio.

Quienes la aprueben podrán acceder a una plaza en propiedad, mientras que el resto deberá concursar en el proceso general de 2026, el primero que se realiza desde 2019.

Este nuevo mecanismo deriva de una reforma al Estatuto de Servicio Civil realizada en 2020, que exige pruebas de idoneidad para seleccionar personal docente y administrativo. Antes, el nombramiento se hacía únicamente mediante la presentación de títulos.

Además, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó el expediente 23.592, conocido como Ley para Mejorar la Efectividad del Proceso de Nombramientos en el MEP. Su objetivo es agilizar la gestión del personal y reducir la discrecionalidad en traslados, descensos y concursos. La iniciativa, impulsada por el Partido Unidad Social Cristiana, recibió el respaldo de 41 diputados y ahora espera la firma del Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos más relevantes de esta ley es la incorporación del artículo 104 bis, que obligará al MEP a nombrar en propiedad a los docentes que hayan ocupado durante al menos dos años, de forma ininterrumpida, una plaza vacante pura o una plaza por sustitución o suplencia, siempre que cumplan los requisitos del puesto.

El análisis de cada caso deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses. La medida aplicará para los puestos de los estratos Docente, Docente Administrativo y Técnico Docente, y busca corregir una situación histórica: miles de trabajadores interinos que llevan años esperando estabilidad laboral, a pesar de cumplir con el perfil requerido.

Las reformas también introducen ajustes a los artículos 100 y 101 del Estatuto de Servicio Civil. Entre ellos, se dispone que, para obtener un ascenso en propiedad, será obligatorio haber desempeñado el cargo anterior durante al menos dos años de forma regular.

Asimismo, se limita la cantidad de movimientos de personal durante el año lectivo:

• Si un traslado o ascenso se realiza durante el primer mes del curso, no podrá efectuarse otro en ese mismo año.
• Si ocurre después del segundo mes, la restricción aplicará para el resto del curso lectivo y también para el siguiente.

Con ello se busca evitar los cambios constantes de personal que afectan la continuidad académica en los centros educativos.

Además, se autoriza al MEP a efectuar movimientos por traslado, ascenso o descenso directamente mediante la nueva plataforma, siempre con la aprobación del Servicio Civil. Esto permitirá reducir los trámites administrativos y acelerar los procesos internos.

El Transitorio I de la ley establece que el MEP deberá elaborar un plan institucional para regularizar los nombramientos en propiedad de las plazas interinas vacantes.

En este proceso se dará prioridad a quienes hayan ocupado una plaza interina por más de dos años, salvo que exista oposición justificada por parte de la jefatura inmediata, la cual deberá sustentarse mediante acto administrativo debidamente fundamentado.

El plan deberá publicarse en la Plataforma Integrada de Empleo Público e incluir un concurso de valoración de méritos, según lo dispuesto en la Ley Marco de Empleo Público.