Sobreprecio de ¢808 millones: Contratos de Racsa por tobilleras también están bajo la lupa
Tres instituciones diferentes investigan un aparente sobreprecio de más de ¢808 millones que gestionó Radiográfica Costarricense (Racsa) para adjudicar a la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas el contrato de tobilleras de monitoreo del Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
Según una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), Justicia promovió la licitación por Emergencia 2023XE-000001- 0006900001, con la cual se estarían desembolsando más de ¢808 millones en sobrepagos, sobre lo establecido en el contrato original.
"(…) se le adjudicó a RACSA proveer las tobilleras por 1 año (venciendo el 29 de junio del 2024) en modalidad entrega según demanda, por un monto de $9,61 por uso de tobillera diaria por persona. RACSA contrató a la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas Sociedad Anónima, para suplir la tecnología del fabricante brasileño SYNERGIE", señala el documento bajo análisis de la Fiscalía.
Ese montó se fijó, pese a que en la licitación Internacional 2022LI-00001-0006900001, el MJP tiene un contrato firmado desde el mes de abril 2023 con el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, integrado por las empresas SGSV, RACSA y la propia SYNERGIE por un monto de $5,99 por uso de tobillera diaria, exponiendo así un sobreprecio de cada aparato de $3,62 diarios.
"Cabe preguntarse por qué se paga de más actualmente si tienen un contrato por un monto menor por día de uso de tobillera. El MJP ha venido pagando un sobreprecio injustificado de $3,62 /día tobillera, que asciende a una afectación de fondos públicos de aproximadamente $1.531.803,00. Desde abril 2023, el MJP estaba facultado para dar inicio a la licitación 2022LI-000001- 0006900001 por $5,99/Día por cada tobillera; sin embargo, el MJP ha continuado bajo el marco de ejecución contractual 2023XE-000001-0006900001 pagando $9,61 diarios por Tobillera, es decir, ha estado pagando un sobreprecio de $1,531,803 USD (más de ¢808 millones)", se lee en el documento enviado a la Fiscalía, al que tuvo acceso CRHoy.com.
Señalaron fallas
También se cuestiona que pese a que se habían hecho advertencias por parte de otros oferentes al Ministerio de Justicia sobre la mala experiencia previa con el fabricante brasileño Synergye y el software utilizado para monitorear llamado Chronos, por problemas presentados durante la operación de las tobilleras, las dos instituciones "seleccionaron a ese mismo proveedor nuevamente".
En su momento, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y otras tres compañías habían enviado un documento a la Contraloría General de la República, esbozando los argumentos por los cuales no era seguro utilizar la tecnología brasileña.
"Nos preocupa como institución y como proveedores actuales del sistema electrónico, que un proyecto tan importante y sensible para la seguridad ciudadana; presente un retroceso tan grave al volver a utilizar una solución que hace tres años fue descartado por el propio Ministerio de Justicia, precisamente, por las múltiples fallas. En el periodo de uso, fue evidente que el funcionamiento de estos dispositivos no cumplió con las características que decía la prosa técnica y fue más que evidente que no sirvió para garantizar el cumplimiento de las medidas que los jueces asignaban a las personas privadas de libertad.
"Lo más gravoso de todo este proceso, es que es la primera vez que el Ministerio de Justicia adjudica una tecnología de este tipo, sin realizar una prueba de concepto como sí lo hizo en el pasado; está confiando a ciegas en lo que dice la prosa técnica cuando ya ellos mismos saben que esta tecnología en el pasado tuvo que sustituirse ante el fracaso de la misma", comentó Johan Montero, director de IBUX digital, empresa que objetó la adjudicación.
Por esos detalles y ante las dudas que generó esta contratación, los denunciantes pidieron investigar los mecanismos de excepción y las instituciones que los contratan.
Para ella solicitaron que se documenten los estudios de mercado que demuestren "un adecuado auscultamiento del mercado de oferentes", si se valoró la mejor calidad y precio sin hacer un concurso, entre otros.
La denuncia señala que los datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, demuestras que las adjudicaciones efectuadas a Racsa "sin concurso y adjudicadas a dedo, ascienden a millonarias sumas provenientes de fondos públicos", entre ellas, señalan a esta como una de las más cuestionadas.
Solicitamos a Racsa una versión de parte de las instituciones antes las presuntas irregularidades denunciadas, pero al cierre de esta nota no habían contestado la solicitud.
Radiográfica, tras conocer de la denuncia y las dudas planteadas en plenario por el diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, el pasado 8 de diciembre emitió un comunicado donde defendió su argumento de la cuestionada contratación.
"Con respecto a las afirmaciones relativas a la contratación de tobilleras electrónicas, es necesario aclarar que el consorcio en el que participó RACSA fue contratada por el Ministerio de Justicia a través de un concurso público internacional, por lo que las declaraciones emitidas el día de hoy por el diputado Nicolás son confusas, falsas y no se apegan a la realidad de los hechos.
Es totalmente falso y engañoso las declaraciones aduciendo que existe alguna adjudicación al Consorcio por parte de la Comisión de Emergencias para el tema de Tobilleras electrónicas", suscribieron en un boletín.
Por su parte Justicia indició que "sobre la denuncia formulada, no tenemos acceso, por cuanto se trata de un proceso privado y tutelado por el numeral 295 del Código Procesal Penal; sobre las condiciones cartelarias y de adjudicación, nos apegamos al bloque de legalidad y los requerimientos técnicos se cumplieron, según normativa para estos efectos".
