Solo 60 fiscales judiciales atienden hasta 40 mil casos al año de violencia de género
Los delitos de violencia contra la mujer son el tercer grupo de delitos más denunciados en Costa Rica, según datos del Ministerio Público: se trata de alrededor de 40 mil casos al año. No obstante, apenas 60 fiscales tienen que asumir toda esa carga.
Debby Garay, fiscala adjunta de Género, relató en entrevista con CR Hoy cómo la falta de recursos es la principal razón del gran atraso que presentan este tipo de casos: solo el 14% de los expedientes llega a ser juzgado y apenas la mitad de esos concluye con sentencia absolutoria, según el informe Estado de la Justicia.
"Que no se dote de recursos al Poder Judicial nos deja maniatados. Son las usuarias, particularmente quienes sufren estos delitos, las que tienen derecho a acceder a la justicia como un derecho humano, y eso no puede quedarse en el papel. Eso tiene que materializarse con acciones específicas desde que se presentan a poner una denuncia.
En 31 oficinas donde hay fiscalías todavía no hay personal, como en Los Chiles, Puriscal o Batán, que son lugares donde existe alta vulnerabilidad de las mujeres a sufrir estos eventos y donde hay estadísticas muy elevadas. ¿Qué se requiere? Más personal, más recursos.
¿Y qué pasa cuando usted tiene menos recursos? La respuesta es más lenta. No quiere decir que no se vaya a atender, sino que no se puede atender a tiempo ni con la prioridad que merece la mujer que presenta su caso", detalló.
Para Garay, el panorama es aún más complejo ante la creciente ola de criminalidad en Costa Rica, la creación de nuevas leyes que el Poder Judicial debe aplicar sin recursos adicionales y la aparición de nuevas formas de violencia contra la mujer, como la violencia vicaria o la violencia digital, para las cuales no existe suficiente personal técnico especializado que pueda abordar estas conductas delictivas.
Roxana Chacón, magistrada coordinadora de la Comisión de Género de la Corte Suprema de Justicia, también llamó la atención sobre la urgencia de contar con más recursos. Gestiones realizadas permitieron que los diputados dotaran de presupuesto para contratar más personal, pero ese dinero fue bloqueado por el Ministerio de Hacienda, con el jerarca Rudolf Lücke a la cabeza.
"Fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y por la Comisión de Hacendarios hace dos años. Parte de esas plazas iban destinadas precisamente para la Fiscalía de Género, para tratar de dotar de mayor número de fiscales que atiendan este tipo de delitos, como los sexuales contra personas altamente vulnerables.
Esas 57 plazas que aún faltan van destinadas a las áreas rurales, donde necesitamos tener fiscales que atiendan este tipo de delitos y violaciones. Las plazas están ahí y fueron otorgadas, pero no llegan cuando se habla de liberarlas", detalló Chacón, quien reconoció que, pese a insistirle al ministro de Hacienda, este no ha cedido.
Se trata de 74 plazas presupuestadas para que comenzaran a trabajar el año pasado, pero el Gobierno decidió girar solo 22, por lo que más de 50 quedaron pendientes. El Poder Judicial logró que, dada la negativa en 2025, este año se reincorporaran los recursos, pero la negativa se ha mantenido.
"Hablamos de víctimas. Queremos investigar y que se acerquen a denunciar, pero no nos están dando los recursos para ello, cuando la atención de la violencia es un compromiso del Estado: del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.
Lo que necesitamos es que nos den los recursos para investigar esta materia, porque es para ellas, por ellas, en nombre de ellas", añadió Garay.
El congelamiento
Tal como reveló CR Hoy el pasado 15 de enero, Rudolf Lücke, actual ministro de Hacienda, prohibió a la institución que dirige girar esos recursos, pese a que ya estaban presupuestados con el fin de dotar de 176 plazas a la policía judicial y 99 a la Fiscalía, además de cubrir gastos necesarios para el pago de alquileres y la adquisición de equipo de transporte.
La administración de Rodrigo Chaves niega una transferencia de ₡8.688 millones solicitados para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público enfrenten la ola de criminalidad y homicidios que azota al país desde 2022, año en que asumió el actual Gobierno.
Ante la negativa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, remitió una petición al jerarca para que reconsiderara su decisión, pero esta se mantuvo.
El Poder Judicial reiteró que la seguridad no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros necesarios, especialmente cuando estos ya fueron analizados, aprobados y avalados por la Asamblea Legislativa. La no transferencia de ese dinero tiene un impacto "demoledor", según el presidente de la Corte.
Las plazas aprobadas en el Presupuesto Ordinario de 2026 para el Organismo de Investigación Judicial estaban destinadas a fortalecer delegaciones estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como las labores de custodia de detenidos en todo el país.
Sin embargo, la falta de ejecución de estos recursos afecta zonas clave expuestas a criminalidad compleja y a bandas de carácter transnacional.
El OIJ advirtió que la ausencia de personal reduce la capacidad investigativa, alarga los tiempos de respuesta y limita los operativos en territorios de alta conflictividad, lo que debilita la lucha contra el crimen organizado.
El director a. i. del OIJ, Michael Soto, expresó su esperanza de que los fondos sean girados pronto. En la misma línea, la Fiscalía General alertó que la escasez de personal pone en riesgo los plazos procesales y la persecución penal. El fiscal general, Carlo Díaz, criticó que Hacienda no libere recursos ya aprobados por la Asamblea Legislativa.
La retención del dinero no es un hecho nuevo. En realidad, se trata de una enmienda legislativa que buscaba reincorporar recursos que durante todo 2025 el Gobierno se negó a girar al OIJ y al Ministerio Público para la contratación de talento humano adicional.
En el presupuesto de 2026, una decisión del Congreso permitió reasignar fondos para nuevas plazas, infraestructura y equipo, con el objetivo de fortalecer tanto a la policía judicial como a la Fiscalía.
La falta de plazas impacta directamente investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico, crimen organizado y violencia de género.
Pese a contar con recursos asignados ante el aumento sostenido de la criminalidad, el Poder Ejecutivo ha decidido no trasladar los fondos, lo que ha limitado el margen de acción de las fiscalías y ha puesto en riesgo el cierre técnico de algunos despachos.