Solo 7 de 260 pluses salariales se otorgan por desempeño de empleados
Desorden con pluses ahoga esquema de salarios en el Estado
Profesores postulantes no reunían los requisitos necesarios para ser acreedores del premio Imagen ilustrativa.
De un total de 260 incentivos o pluses salariales que se otorgan a nivel nacional por el gobierno central, instituciones, entidades bancarias y órganos descentralizados, solo siete están ligados o se otorgan de acuerdo con el desempeño que tienen los empleados.
Así lo reveló un reciente informe de la Contraloría General de la República, órgano que además puso a disposición de los usuarios una completa base de datos sobre cada uno de los pluses y salarios que se otorgan en la función pública, así como la valoración de cada entidad.
De acuerdo con la entidad los incentivos salariales en la mayoría de los casos fueron creados para incentivar la eficiencia, calidad y productividad de los funcionarios; sin embargo; no han respondido a estos objetivos con los que fueron creados.
"Los incentivos salariales al dejar de ser un estímulo a la productividad en el sector público y convertirse en retribuciones generalizadas a todos los funcionarios sin consideraciones de desempeño, el esquema remunerativo se ha vuelto altamente costoso para el Estado y la sociedad costarricense; además, de ello, en los últimos años el porcentaje de los ingresos corrientes que el sector público debe destinar al pago de salarios se encuentra en ascenso sin que los resultados en materia de eficiencia sean satisfactorios… es importante la revisión del sistema de evaluación de desempeño y su ligamen al sistema remunerativo, de forma tal que los resultados generen valor público, que esto sea medible de forma objetiva", estableció el Órgano Contralor.
La gerente del Área de Fiscalización de Públicos Remunerados, Damaris Vega, explicó que se estudió la sostenibilidad del esquema salarial, la transparencia y la rendición de cuentas y las disparidades existentes en esos esquemas, encontrando amplías diferencias. Tomó en cuenta a 189 instituciones del sector público.
Dentro de las principales disparidades se detectó que por ejemplo el Ministerio de Educación es la entidad que más dinero destina al pago de pluses, más de ₡384 mil millones en promedio anual, tomando como parámetro los años entre 2015 y 2017.
Es también la entidad que más pluses otorga con un total de 88. A pesar de eso, el 97, 7% de ellos no está ligado al desempeño de funciones de sus empleados.
En el caso del MEP la mayoría de los incentivos se han creado por resoluciones de la institución (57 en total), resoluciones del Servicio Civil (24), y el resto por medio de otros mecanismos como decretos y leyes.
Otro de los elementos que preocupa y que según el Ente Contralor generan un gran desorden en el esquema de salarios que debe ser resuelto, tiene que ver con el "peso" de lo que los incentivos significan como parte de las remuneraciones totales.
Por ejemplo, hay entidades como la Junta de Protección Social paga hasta un 43% en incentivos, lo que significa un porcentaje mayor que la propia remuneración básica, si se toma en cuenta que alrededor de un 20% se destina a seguridad social, pensiones, entre otros.
El estudio permitió determinar que en 83 instituciones de las 189 analizadas, los gastos en remuneraciones promedio por funcionario, son superiores a los promedios de sus sectores, en 9 de ellas superan en 1.5 veces el promedio de su sector, lo que refleja mayores niveles de gasto en remuneraciones.
Peso en las finanzas
La situación es insostenible, de acuerdo con la Contraloría. La esperanza está fijada en el recién aprobado proyecto fiscal que viene a poner un tope en el crecimiento de algunos pluses como las anualidades; sin embargo, está pendiente una reforma al empleo público que meta mayor tijera.
El impacto es medido con lo ocurrido entre 2013 y 2017: el gasto en remuneraciones del sector público creció un 23,4%, lo que representa haber pasado de ¢4.022.905 millones en el 2013 a ¢4.964.933 millones en el 2017 (en términos nominales).
Esta última cifra es lo mismo que decir un 18,54% del Producto Interno Bruto (PIB).
El problema es su crecimiento. Mientras entre 2016 y 2016 la inflación creció un 2,5% y el PIB un 3,3%, el rubro de remuneraciones subieron un 4,4%; es decir, a un ritmo mucho más elevado.
"Corresponde analizar y evaluar la pertinencia de los esquemas remunerativos actuales, caracterizados por la coexistencia de múltiples regímenes salariales, e incentivos, o bien esquemas remunerativos mucho más ordenados y simples; orientados a atender las necesidades del aparato público con miras a la consecución de objetivos, metas y resultados para atender las necesidades ciudadanas", determinó al respecto la Contraloría.
Si usted desea ver el documento completo de la Contraloría, puede hacerlo en este enlace.