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Sospechosa de liderar banda criminal tenía salario de cocinera, pero presumía carros de lujo y fincas

Por Carlos Castro y Álvaro Sánchez | 26 de Feb. 2026 | 6:47 am

Yalile Guevara Vargas, señalada como presunta sublíder de una organización dedicada al lavado de dinero del narcotráfico, reportaba ante las autoridades un ingreso mensual de ₡360.000 como cocinera.

Sin embargo, según la investigación, conducía y presumía vehículos de alta gama y figuraba vinculada con propiedades en distintas zonas del país junto a su pareja, Berny Gerardo Cambronero Arauz.

Así consta en el expediente del caso Herencia, a cargo de la Fiscalía Adjunta y la Sección Especializada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Legitimación de Capitales. Ambas dependencias ejecutaron este jueves tres allanamientos para detener a los sospechosos.

El informe revela que, al inicio de la pesquisa, ninguno aparecía inscrito como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En noviembre de 2022, Cambronero registró ante el Instituto Costarricense de Seguros (INS) una póliza laboral a favor de Guevara Vargas por ₡360.000 mensuales, monto que, según indicó, correspondía a su salario como cocinera en un bar ubicado en el centro de San José.

Posteriormente, el imputado se inscribió como administrador del comercio situado en avenida 6, en el edificio Troyano.

Para ese momento, los investigadores determinaron que ni Cambronero ni sus sociedades Inversiones YFB S.R.L. y BRG S.R.L. tenían cuentas bancarias a su nombre. No obstante, él figuraba como autorizado en las cuentas de su pareja y de su hija menor de edad.

El OIJ considera que esa dinámica evidenciaba un intento por evitar su exposición directa en el sistema financiero y, así, eludir controles sobre fondos de presunto origen ilícito.

"No solo no existe coherencia entre los ingresos provenientes de su actividad económica lícita reportada (bar restaurante), sino que la pericia contable también enfatizó en aspectos que evidencian tipologías de lavado de dinero observadas en el actuar de los investigados", detalla el informe.

Las autoridades también identificaron un crecimiento patrimonial acelerado de la cocinera entre 2016 y 2019, reflejado en la compra de inmuebles inscritos a nombre de sociedades anónimas donde Guevara fungía como representante.

Entre esas adquisiciones destacan vehículos de lujo que, según la investigación, la mujer poseía y utilizaba con regularidad.

El expediente además menciona la creación de empresas de papel y el fraccionamiento de pagos, mecanismos que suelen emplearse para ocultar el origen real de los recursos y encubrir la titularidad de bienes.

"(…) se constata que los encartados continúan exponiendo un crecimiento económico exorbitante e injustificado, que se representa no solo con la adquisición de bienes de alta plusvalía mediante esquemas de lavado de dinero, sino también mediante un estilo de vida costoso, evidenciado mediante su comportamiento migratorio, lugares de residencia y otros, que no resultan acordes a su actividad económica inscrita y que, paralelamente, se han recabado nuevos insumos probatorios que permiten establecer con probabilidad que dicho incremento económico estaría estrechamente vinculado con la narcoactividad y delitos conexos a dicha criminalidad", añade el documento.

Bienes de cocinera bajo investigación

El valor de los bienes adquiridos por los investigados asciende a ₡1.001.741.948, cifra clave para analizar la proporcionalidad entre ingresos y patrimonio.

Vehículos:

  • Nissan, estilo Qashqai, placas YFB082.
  • Toyota, modelo Land Cruiser, placas BSC437 (presuntamente utilizado en actividades vinculadas al narcotráfico).
  • Mercedes-Benz, estilo GLC Coupé, placas YFB084.
  • BMW, modelo X6, año 2021, placas BVC549, con un valor de $108.900.
  • Land Rover, placas YFB088.

Fincas:

  • Finca No. 1-388450, con valor fiscal de ₡44.300.880, pagada por $68.265.
  • Finca No. 1-169684-F, valorada en ₡105.205.520.
  • Finca No. 1-434211, inscrita a nombre de sus hijos a título de donación.
  • Finca No. 1-96047-F, valorada en ₡160.550.400.
  • Finca No. 1-96458-F, con valor fiscal de ₡125.912.749.
  • Fincas No. 1-66864-000 y 1-677325-000.
  • Finca No. 1-21807-F, valorada en $180.000.
  • Finca No. 2-169044-F-000, valorada en ₡87.681.000.
  • Finca No. 1-720072-000, adquirida por $300.000.

Las autoridades detectaron un incremento patrimonial sostenido y maniobras para ocultar la titularidad real de los activos, entre ellas el uso de testaferros, pagos estructurados y constitución de hipotecas.

Supuesto plan contra Michael Soto

Michael Soto OIJ

Michael Soto – OIJ.

Cambronero y Guevara también enfrentan señalamientos por un presunto plan para atentar contra Michael Soto Rojas en 2021, cuando ejercía como ministro de Seguridad Pública (MSP).

Según el caso Herencia, la pareja coordinó con terceros el atentado luego de que se "rechazó una serie de sobornos".

Las autoridades decomisaron $125.000 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, dinero que presuntamente se destinaría al pago de sicarios, alquiler de viviendas, compra de armas y otros recursos para ejecutar el ataque contra el actual director interino del OIJ.

El informe identifica como figura clave de la organización a Carlos Vargas Marín, alias "Salchichón", conocido por su vinculación con narcotráfico y asaltos a contenedores.

La investigación del OIJ señala que Vargas Marín mantenía contactos con un cartel mexicano y otro colombiano. Cambronero conocía esos nexos y participó en coordinaciones que finalmente no se concretaron.

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Antecedente por amenazas

Cambronero también afrontó un proceso por amenazas y accionamiento de arma contra una funcionaria judicial.

El caso se remonta a 2012, cuando protagonizó un altercado con una técnica judicial del Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Escazú.

En 2014, un tribunal lo absolvió en primera instancia por duda razonable. No obstante, tras una apelación de la Fiscalía, un órgano superior ordenó un nuevo debate, en el que lo condenaron a dos años de prisión.

A Cambronero le concedieron el beneficio de ejecución condicional de la pena. Por ello no ingresó a la cárcel, aunque permaneció bajo supervisión durante cinco años para verificar que no participara en otros delitos.

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