Sospechosos de millonario fraude en España crearon sociedades en Costa Rica para abrir cuentas bancarias
Cinco sospechosos de un fraude en España, que se investiga en la operación Rapax, así como tres familiares que servían de testaferros, crearon sociedades mercantiles en Costa Rica con el fin abrir cuentas bancarias en bancos privados o públicos y trasladar grandes cantidades de dinero producto del delito en ese país europeo.
CR Hoy supo que el Ministerio Público de Costa Rica intercambió información con el Ministerio Fiscal de España, como parte de las investigaciones que provocaron allanamientos y las capturas en Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía, durante esta semana.
Costa Rica, Panamá, Arabia Saudí y Cuba son los destinos de al menos 7 millones de euros producto del fraude en perjuicio de préstamos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, conocido como Reindus, otorgados en ese país.
La Policía Nacional de España detuvo a cinco personas tras realizar la operación Rapax con allanamientos en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María, en Cádiz.
Las diligencias de la policía de ese país se realizaron esta misma semana, según confirmaron en un comunicado de prensa.
Además, según ha indicado la Policía Nacional de España en un comunicado de prensa, la operación ha permitido el bloqueo de 48 cuentas bancarias y la realización de tres registros en la provincia de Cádiz, en concreto en dos domicilios y en una empresa.
La investigación, llevada a cabo en Sevilla por los agentes especializados en blanqueo de capitales, se inició a raíz de una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos del programa de Reindus, cuya cuantía defraudada ascendía a casi siete millones de euros.
Según ha explicado la Policía Nacional, se habían presentado dos expedientes independientes y a nombre de dos sociedades distintas, pero la investigación policial permitió constatar que ambas estaban interconectadas y que habían actuado de forma concreta para obtener los préstamos mediante la aportación de documentación falsa, simulando inversiones y operaciones que nunca llegaron a ejecutarse.
Una vez abonados los fondos públicos, los ahora detenidos crearon un entramado mercantil y societario compuestos por más de 15 empresas tanto nacionales como internacionales, lo que llevó a los agentes hasta Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba. El objetivo de dicho entramado era desviar los fondos y darle una apariencia de legalidad.
La Policía Nacional ha detenido a los considerados como principales líderes de la organización, así como a tres familiares que actuaban como testaferros. Los cinco arrestados ya pasaron a disposición de la autoridad judicial en el desarrollo de un operativo que continúa abierto.
Destino para el lavado
No es la primera vez que sospechosos de europeos, específicamente de España, utilizan Costa Rica como destino de las ganancias ilícitas por delitos de fraude o narcotráfico.
En noviembre del 2024, fue detenido el Óscar Sánchez Gil, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España. El decomiso de su celular reveló la ruta del dinero que provenientes de cargamentos de droga que salieron de Limón en contenedores.
En la libreta de apuntes de Sánchez Gil, detenido desde noviembre de 2024, se mencionan los destinos del dinero, entre ellos Panamá, Suecia, Polonia y Costa Rica. Además, se consignan los nombres de varias sociedades creadas, según las investigaciones, para el lavado de activos en paraísos fiscales.
Las anotaciones incluyen flechas que señalan el aparente envío de dinero desde Panamá, junto con el nombre de una oficina de abogados en Costa Rica.
Si bien ninguna de las sociedades anónimas mencionadas está inscrita en Costa Rica, al menos dos de ellas sí figuran en Panamá: Chevillarde S. A. y Fundapol Foundation.
Según uno de los informes de la investigación en España, un abogado identificado como Mario Pestaña Sartorius coordinó esta "estrategia" de lavado de fondos, en la que presuntamente participaron una empresa sueca (Lothar Worldwide) y otra polaca (Star Estate Spozak), encargadas de la movilización de dichos capitales y su retorno —al menos en parte— hasta Panamá.
Se señala que el dinero provenía de "actividades de tráfico de drogas" y estaba vinculado a una tercera sociedad radicada en España.
Óscar Sánchez Gil, según la investigación, se habría vendido a una organización criminal liderada por Ignacio Torán, dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica. A esta red se le atribuye un cargamento de 13.000 kilos de cocaína interceptado en Algeciras el año pasado, considerado el mayor alijo decomisado en España.
De acuerdo con las pesquisas, el jefe policial proporcionaba a los narcotraficantes información confidencial obtenida gracias a su cargo, "garantizándoles impunidad en sus acciones".
El informe de la policía española detalla la ruta Limón-Algeciras.