María Inés Solís propondrá discusión esta semana

Subjefa del PUSC sugiere pena de cárcel a quienes irrespeten restricción sanitaria

Carlos Mora [email protected] Marzo 30, 2020  5:09 pm

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  • Nueva República, Restauración Nacional y Liberación Nacional apoyan incremento de penalidad a ¢107 mil

Imágenes de los primeros controles a causa de la restricción vehicular sanitaria. Cortesía MOPT

(CRHoy.com) La diputada y subjefa de la Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, retó a sus compañeros diputados a ser más duros y severos con las multas y penalidades para quienes irrespeten la restricción vehicular sanitaria en medio de la emergencia del COVID-19. La legisladora sancarleña propone discutir multas económicas mayores a los ¢107 mil que sugiere  el Poder Ejecutivo e incluso insta a valorar penas de cárcel para quienes la irrespeten. 

Solís, quien dejó claro que esta es su posición personal y no la de toda la fracción, dijo que planteará el tema una vez que los diputados empiecen a discutir el proyecto que enviará el gobierno en los próximos días.

“Aumentar las multas de tránsito es una necesidad. Cuanto es el monto es lo que no estoy todavía segura, de que ese sea el monto adecuado, o si debamos aumentarlo.  Creo que a esto le hace falta contenido, le hace falta pena cárcel para que los costarricenses entendamos la importancia del aislamiento social en esta emergencia”, dijo la socialcristiana.

Durante las noches del sábado y domingo las autoridades realizaron 616 a conductores que infringieron la restricción vehicular sanitaria, la cual de lunes a jueves es de 10 pm a 5 am y de viernes a domingo de 8 pm a 5 am.

Los diputados coinciden en que el monto actual de la multa -¢22 mil – es muy bajo y hay quienes como dicen, “se juegan el chance” y salen a las calles en medio de la emergencia.

Apoyo sólido a mayores multas

La reforma que planteará el Poder Ejecutivo a la Ley de Tránsito para aumentar la sanción ya goza del apoyo de la mayoría de sectores en el Congreso.

El planteamiento inicial fue de los diputados oficialistas Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez, apoyados desde la Presidencia.  El texto será planteado a las sesiones extraordinarias en los próximos días por parte de la Casa Presidencial para su aprobación por parte de los legisladores.

El jefe del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas aseguró que los diputados de esta fracción le darán su apoyo al texto y auguran un trámite rápido. “Hay mucha gente que no ha entendido la importancia de quedarnos en nuestros hogares para evitar un aumento en los contagios del COVID-19. Vamos a legislar en beneficio de la gente y de su salud. Vamos a tramitarlo cuanto antes”dijo Prendas.

Desde Restauración Nacional, su jefe Eduardo Cruickshank aseguró que es necesario el incremento, pues el monto actual -de ¢22 mil-  “es bajo y poco persuasivo. Recordó que se debe dejar claro que esta restricción vehicular sanitaria y las multas son medidas temporales para mitigar el impacto de la pandemia en el país.

“Aumentándolo sin duda la gente va acatar la prohibición y vamos estar apoyando a disminuir los contagios por el COVID-19”, comentó

La jefa de Liberación Nacional, Silvia Hernández, dijo que el plan será apoyado por su fracción.

“La salud de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos está en nuestras manos. No es momento de volvernos indiferentes. Lo más rápido que asumamos el compromiso de quedarnos en nuestras casas, lo más rápido que podremos vencer a la enfermedad quitando presiones al sistema de salud. Ante esta situación, solo necesitamos salir a nuestros trabajos o a lugares esenciales como por ejemplo supermercados o farmacias.En ese orden de ideas es que estamos de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo para hacer cumplir la restricción vehicular, como una forma de desmotivar a las personas a salir de sus casas en medio de la emergencia nacional, cuando no es absolutamente necesario y en el marco de los lineamientos técnicos adoptados por los científicos y el Ministerio de Salud”, dijo Hernández.

La liberacionista adelantó que además, los diputados deben de analizar el planteamiento a la  modificación a la Ley General de Salud, que establecería una multa de un salario base (₡450.200) por el incumplimiento de medidas especiales o generales dictadas por el Ministerio de Salud.

“Ambas medidas afectarán drásticamente el bolsillo de personas que irrespeten el llamado, sin la necesidad de hacerlo. Incluso, esta situación puede llevar a valorar con las otras fracciones y el Ejecutivo la posibilidad de incorporar el retiro de placas de los automóviles en caso de reincidencia”, comentó al respecto.



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