Sugef: Bancos deberían revisar cuentas de MECO y H.Solís

(CRHoy.com) Eventuales sospechas por legitimación de capitales a partir de actos de corrupción como el caso de investigación judicial denominado "Cochinilla", deberán ser reportadas y trasladadas para el debido proceso de intervención al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) por parte de entidades bancarias costarricenses. 

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) confirmó ante una consulta hecha por este medio, que en efecto los actos de posible corrupción se configuran entre los presupuestos para materializar un delito de legitimación de capitales, según lo establecido en la ley 7786, que es una reforma de la ley 8204 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo).

Así las cosas, los bancos en nuestro país, en los que los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, dueños de constructoras MECO y H. Solís tengan cuentas, deberán revisar de manera minuciosa los movimientos y en caso de que haya algún tipo de coincidencia respecto a irregularidades determinadas en la investigación que tramita la Fiscalía, trasladar el informe respectivo a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas. 

Para que un caso de legitimación de capitales se materialice debe haberse establecido que hubo un delito precedente, el cual facultó a la persona imputada a introducir en el sistema financiero nacional posibles recursos económicos de dudoso origen.

Es importante recalcar, que Sugef hace énfasis en que esas intervenciones hechas por los despachos jurídicos de los bancos, deberán ser confidenciales y no ser comunicados ni siquiera a los propios implicados.

"Si se sospecha que las transacciones descritas en el artículo anterior representan un riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o que provienen de una actividad ilícita o se relacionan con ellas, incluso las transacciones que se deriven de transferencias desde el exterior o hacia él, las instituciones financieras y las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades comerciales y profesionales no financieras, descritas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta ley, deberán comunicarlo, confidencialmente y de forma inmediata, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, no pudiendo poner en conocimiento bajo ninguna circunstancia comunicación al cliente o a ninguna otra instancia interna o externa, persona física o jurídica, pública o privada, a excepción de la intervención que en materia exclusiva de supervisión de legitimación de capitales…", citó la superintendente Rocío Aguilar.

El Banco de Costa Rica (BCR) es uno de los bancos donde los sospechosos Cerdas y Solís mantienen cuentas con flujos derivados de sus negocios de construcción, hoy involucrados en el caso de corrupción más relevante en los últimos años de nuestro país.

La Sugef, sin confirmar el vínculo con Cerdas y Solís, confirmó que durante las últimas semanas y con frecuencia, han pedido informaciones a bancos sobre posibles movimientos financieros sospechosos.

"…esta Superintendencia de forma periódica realiza solicitudes de información y gestiones particulares sobre diversos clientes que podrían representar alguna alerta de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, independientemente de que esos casos estén siendo ventilados públicamente. No obstante, dado el deber de guardar confidencialidad de la información, dispuesta en la Ley Orgánica del BCCR, no es posible suministrar información sobre casos  que la Superintendencia o las entidades se encuentren en proceso de análisis", recalcó Rocío Aguilar.

El Ministerio Público señala a MECO y a H. Solís por recibir de manera presuntamente irregular varios miles de millones correspondientes a contenido presupuestario del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Puntualmente se señala un perjuicio en contra del Estado costarricense superior a ¢78 mil millones por aparentes desvíos de dineros para poder pagar las facturas pendientes de MECO y H. Solís.

Para esos fines, los empresarios habrían aparentemente ideado una estructura operativa conformada por empleados de ambas constructoras, para poder sobornar a los funcionarios del Conavi y del Mopt.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, logró que el Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José en Goicoechea, durante una apelación, impusiera 4 meses de prisión preventiva contra ambas personas.

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