Sujeto que pidió referéndum para Ley Jaguar acude a la Sala IV en favor de Marta Esquivel
OIJ explicó por qué la presidenta ejecutiva fue trasladada en “perrera” hasta los tribunales en San José
Alberto Cabezas Villalobos, quien fue la persona que presentó la solicitud de referéndum ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el proyecto de ley Jaguar de Rodrigo Chaves, también presentó el pasado 23 de setiembre un recurso de habeas corpus a favor de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel.
Esquivel fue detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, como sospechosa de avalar un contrato para que la CCSS diera la administración de 138 ebais a cooperativas, con un presunto sobreprecio de más de ¢12.400 millones anuales. Esquivel estuvo en celdas del OIJ por 2 días y luego fue puesta en libertad mientras sigue la investigación en su contra.
Debido a esta detención, Cabezas acudió a la Sala IV en defensa de la funcionaria cuestionada.
El recurso de habeas corpus es una de las herramientas que tienen los ciudadanos para defender sus derechos, cuando han sido privados de su libertad de tránsito injustamente o se ha efectuado una detención ilegal que viole la Constitución Política.
El director del OIJ Randall Zúñiga explicó que los allanamientos realizados en esta investigación y las detenciones fueron necesarias y justificadas, debido a la necesidad de proteger la prueba. Puso como ejemplo el hecho de que el mismo día en que se llevaron a cabo, un funcionario de la CCSS borró hasta 300 correos electrónicos y documentos de la computadora de Arturo Herrera, asesor de la Gerencia Médica de la CCSS quien advirtió del presunto sobreprecio en el contrato con las cooperativas.
Además, menos de 24 horas después de salir de celdas del OIJ, Esquivel aprobó un ajuste salarial a María de los Ángeles Gutiérrez, gerente de la CCSS también investigada. Por lo tanto, junto con Zúñiga, el fiscal general Carlo Díaz han sido claros en que los allanamientos y las detenciones eran necesarias porque "el daño a la hacienda pública ya había sido consumado".
El recurrente indicó que durante el operativo, Esquivel fue detenida y trasladada en un vehículo conocido como "perrera". Según dijo, estos vehículos deben destinarse "al traslado de personas ya condenadas o en estado de detención preventiva en casos graves". Indica que la tutelada no ha sido acusada formalmente de ningún delito.
Cabezas incluye en el recurso lo dicho por la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien acusó la detención de Esquivel como un "show político".
Solicitud de información
La magistrada de la Sala IV Anamari Garro Vargas es la instructora en ese caso, es decir, quien debe conocer y resolver el tema.
Garro pidió al fiscal Díaz un detalle sobre el procedimiento aplicado a Esquivel, sin embargo, desde el pasado 25 de setiembre, el director del OIJ ya había explicado el procedimiento y por qué se tuvo que trasladar a Esquivel de esta forma.
El lunes 23 de setiembre, cuando se ejecutaron todos los operativos y detenciones por el caso Barrenador (como se le conoce a la investigación), la presidenta de la Caja no estaba en el apartamento donde vive y donde la policía judicial esperaba detenerla.
En su lugar, Esquivel se entregó en los Tribunales de Pérez Zeledón donde quedó detenida.
Como ella llegó por sus propios medios a la sede judicial, quedó inmediatamente bajo custodia de la Unidad de Cárceles y no de los agentes investigadores a cargo de los allanamientos.
Cuando algo así ocurre, los oficiales de cárceles del OIJ deben apegarse al procedimiento habitual y utilizar las patrullas tipo "perrera"; y no pueden movilizar a los detenidos en el asiento trasero de un vehículo sedán o 4×4, como pasó con el resto de directivos.
Zúñiga aclaró que no utilizar este protocolo hubiera sido darle un trato especial a los demás ciudadanos.
"Para que quede ilustrado y sea de conocimiento: cuando una persona es detenida en un allanamiento policial por parte de investigadores de OIJ, sea en su casa de habitación o en la calle (a manera de ejemplo), lo que procede es que sean trasladados en vehículos oficiales tipo sedán o 4×4 que conducen los mismos investigadores. Valga decir que en este caso Barrenador, 7 de las 8 personas detenidas de la CCSS fueron trasladados en este tipo de vehículos (sedán o 4×4 debido a que estaban siendo custodiados por agentes de investigación) para luego ser trasladados a celdas para su respectivo trámite interno", había indicado el director del OIJ.
"En el caso particular de la señora Esquivel, ella llega por sus propios medios al OIJ de Pérez Zeledón, es detenida al igual que los 7 restantes funcionarios de la CCSS, pero al estar ya bajo la custodia de la Sección de Cárceles, debe ser trasladada bajo la normativa que rige esa materia, o sea en el vehículo especializado que tiene esta sección, que vale la pena agregar, sus procedimientos ya han sido verificados y acreditados bajo la normativa internacional de derechos humanos y que fueron auditados recientemente por la Asociación de Correccionales de América, institución norteamericana que vela por el cumplimiento de los estándares de calidad y protección de derechos de las personas detenidas. Hacerlo de otra manera sería conceder un trato diferenciado al que se otorga a las demás personas detenidas en las mismas condiciones", agregó Zúñiga.
Esquivel salió de las cárceles de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, la noche del 24 de setiembre.
Aún se está a la espera que el juez resuelva la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
