Taxistas cocinan desde las regiones una nueva manifestación contra Uber

(CRHoy.com). Los taxistas formales no darán el brazo a torcer y anuncian nuevos movimientos como protesta a la operación actual de Uber en territorio nacional.

En el calendario de los transportistas el 23 de julio está marcado como el día en que harán una nueva manifestación que, bajo su óptica, podría marcar el rumbo de su lucha contra el funcionamiento de la aplicación de capital estadounidense.

Taxistas de zonas como Guanacaste y Siquirres ya confirmaron su participación en el movimiento, cuyo objetivo es movilizarse a través de San José para concluir en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa.

El plan es que el movimiento se fortalezca desde las regiones y confluya en una protesta de mayor magnitud que las anteriores.

Los transportistas esperan que ese día los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminen el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para regular las plataformas tecnológicas que facilitan el transporte privado de personas (como el caso de Uber).

En principio la manifestación estaba pactada para el 17 de julio, pero fue reprogramada debido a que los legisladores estarán de vacaciones.

“Para nosotros los tiempos ya están agotados y no podemos aguantar más. Entonces, vamos a llevar un voto de apoyo a los diputados de esa comisión. Ya que ellos quieren que se regulen las plataformas, entonces vamos a ir ese día para que de una vez por todas den el dictamen de la comisión”, expresó Gilbert Ureña, representante del Foro Nacional de Taxistas.

¿Qué pasa si ese día no se vota ese informe? Según el dirigente, si eso ocurre, tendrán “que tomar la decisión de quedarse en la Asamblea Legislativa hasta que ocurra una votación”.

“En las manifestaciones anteriores ha habido menos movimiento nacional. Pero, la organización regional en este momento es contundente. Hay reunión el próximo jueves en Guanacaste y ayer (domingo) estuvimos en Siquirres. Ya el taxista no puede permitir que llegue una plataforma como Uber a las zonas rurales para hacer el daño que han hecho en Alajuela, San José, Cartago y Heredia”, indicó Ureña.

En junio los taxistas acudieron a la Asamblea Legislativa para exponer ante los diputados 8 puntos con relación a su posición ante el proyecto de ley:

1. Relación porcentaje de conductores/vehículos que se autoricen versus concesiones de taxis. Se acepta el incremento de hasta un 30% de nuevos permisos de acuerdo a la flota real y autorizada a la fecha (serían 4.500 carros de Uber).
2. Distribución de estos en bases de operación en todo el país, pues resulta estrictamente necesario que la demanda en comunidades de las zonas rurales también sea atendida, para evitar la concentración en la GAM. Además, indican que en las zonas rurales no debería haber concetración de Uber, debido a la baja demanda de taxis que hay en estas comunidades.
3. Incorporar en la presente ley la obligatoriedad de atender los requerimientos de la Ley 7600. Que el 10% de los permisos estén adecuados para el transporte de las personas que presentan problemas de movilidad.
4. Asignación de una acreditación por persona física (nunca jurídica), persona que deberá estar vinculada a un vehículo registralmente de su propiedad. Lo anterior a efecto de mantener el equilibrio económico y financiero entre los operadores de transporte público remunerado de personas mediante las plataformas tecnológicas, garantizando que efectivamente además de regular su operación se cumpla objetivo de creación de una fuente de trabajo para las personas que realmente lo necesiten, y más bien evitar que sea aprovechado por grupos económicos (personas jurídicas) y/o personas que mantienen un trabajo estable.
5. Las empresas de plataformas tecnológicas sólo deberán “tercerear” el servicio (conectar la persona usuaria con el operador de servicio de transporte), pues permitirles que también puedan ofrecer el servicio ocasionaría un gran desequilibrio en la actividad de transporte público, y vendría a desvirtuar los objetivos pretendidos con la presente ley.
6. Obligatoriedad de que el conductor acreditado posea y porte una licencia habilitante para transporte público remunerado de personas (C-1), así como un código de conductor.
7. Asimismo, se debe establecer la obligación de que el vehículo vinculado a dicho conductor debe contener pintado en sus puertas delanteras un distintivo para que los identifique la persona usuaria. Portará el mismo número de placa asignada en el Registro Público, solo cambia de color blanco. Se elimina la palabra Centroamérica, en su lugar se leerá la base de operación y provincia al que fue asignado ese nuevo permiso.
8. Se elimina el inciso F de la Ley 7969 para permitir una mayor democratización en la entrega de permisos, como fuente proveedora de trabajo. De esa cantidad de carros de la aplicación, piden que un 10% de los conductores brinden servicios para personas con discapacidad.

Datos brindados por Uber en 2018 dan cuenta de que existían 22 mil conductores que brindaban sus servicios a través de la aplicación.

La empresa opera en el paso desde el 21 de agosto de 2015, entre cuestionamientos sobre su legalidad.