Afinan protesta para este martes

Taxistas exigen atención del presidente: “Ya no más engaños, ya no más vaciladeras”

Pablo Rojas [email protected] Septiembre 2, 2019  12:48 pm

09022019

  • En San José se concentrarán a partir de las 6:00 a.m.
  • Piden que Casa Presidencial retome directriz en proyecto que regularía Uber

(CRHoy.com). Los taxistas formales están disconformes con el Poder Ejecutivo y los diputados. Apuntan una falta de voluntad para regular las aplicaciones móviles que incentivan el transporte privado de personas y este martes 3 de setiembre planean lanzarse a las calles una vez más.

En los últimos meses los llamados de protesta fueron recurrentes. Se plantaron  ante la Asamblea Legislativa, recorrieron calles, se concentraron en distintas localidades y todo –para ellos- sigue igual.

Por eso, para este martes pretenden que los atienda el mismísimo presidente de la República (Carlos Alvarado) y que sea en Casa Presidencial.

Actualmente la Comisión de Asuntos Económicos estudia el proyecto de ley que presentó el gobierno en enero anterior, pero el texto adolece de múltiples falencias y parece que los legisladores optarán por la construcción de un nuevo documento.

Así las cosas, el panorama no pinta otra cosa más que un tiempo más sin regulación entre el descontento de los taxistas.

¿Qué es lo que planean para este martes?

Gilberth Ureña, dirigente del sector y presidente del Foro Nacional de Taxistas, explicó que el llamado es para que cada grupo de taxistas se concentre en la localidad donde operan. Es decir, no habría un movimiento masivo desde otras zonas hacia la capital.

En el caso de San José, los transportistas se concentrarán a las 6:00 a.m. en Linda Vista de Desamparados y desde ahí pretenden movilizarse hasta las cercanías de Casa Presidencial. El objetivo no es otro más que Alvarado los atienda en un diálogo que permita llegar a eventuales acuerdos.

“Pareciera que el diálogo y la comprensión que hemos tenido los taxistas hacia los políticos de gobierno y la Asamblea Legislativa, lo que hacen es causarle risa y burla a ellos (…) No nos vamos a guardar absolutamente nada. Desde enero, la Comisión de Asuntos Económicos tiene el proyecto presentado por el gobierno. Desde ese mes los 9 diputados de ese foro dijeron que ese proyecto no servía para nada, pero en ningún momento lo devolvieron a Casa Presidencial para corregir lo que no les parecía”, cuestionó Ureña.

El dirigente denunció una ausencia de coordinación entre las partes, pues tienen conocimiento de que hay planes impulsados por Paola Vega y Enrique Sánchez, ambos de la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), para regular el funcionamiento de las aplicaciones móviles.

“Queremos que el presidente (Alvarado) nos atienda. Es el punto único en agenda. Queremos que desde Casa Presidencial se coordinen todas las acciones y, por lo menos, contar con la fracción de gobierno. Ya no más engaños, ya no más vaciladeras”, expresó Ureña, quien apuntó el llamado es a una manifestación respetuosa y pacífica.

Ureña dijo que no habrá bloqueos, pues se moverán entre Desamparados y Casa Presidencial a más de 10 km/h.

Uber, la principal aplicación móvil para transporte privado de personas, cuenta con 22 mil conductores y más de 700 mil usuarios. Aquí opera desde el 21 de agosto de 2015.

El reclamo

En junio, los taxistas acudieron a la Asamblea Legislativa para exponer ante los diputados 8 puntos con relación a su posición ante el proyecto de ley:

Relación porcentaje de conductores/vehículos que se autoricen versus concesiones de taxis. Se acepta el incremento de hasta un 30% de nuevos permisos de acuerdo a la flota real y autorizada a la fecha (serían 4.500 carros de Uber).

Distribución de estos en bases de operación en todo el país, pues resulta estrictamente necesario que la demanda en comunidades de las zonas rurales también sea atendida, para evitar la concentración en la GAM. Además, indican que en las zonas rurales no debería haber concentración de Uber, debido a la baja demanda de taxis que hay en estas comunidades.

Incorporar en la presente ley la obligatoriedad de atender los requerimientos de la Ley 7.600. Que el 10% de los permisos estén adecuados para el transporte de las personas que presentan problemas de movilidad.

Asignación de una acreditación por persona física (nunca jurídica), persona que deberá estar vinculada a un vehículo registralmente de su propiedad. Lo anterior a efecto de mantener el equilibrio económico y financiero entre los operadores de transporte público remunerado de personas mediante las plataformas tecnológicas, garantizando que efectivamente además de regular su operación se cumpla objetivo de creación de una fuente de trabajo para las personas que realmente lo necesiten, y más bien evitar que sea aprovechado por grupos económicos (personas jurídicas) y/o personas que mantienen un trabajo estable.

Las empresas de plataformas tecnológicas sólo deberán “tercerear” el servicio (conectar la persona usuaria con el operador de servicio de transporte), pues permitirles que también puedan ofrecer el servicio ocasionaría un gran desequilibrio en la actividad de transporte público, y vendría a desvirtuar los objetivos pretendidos con la presente ley.

Obligatoriedad de que el conductor acreditado posea y porte una licencia habilitante para transporte público remunerado de personas (C-1), así como un código de conductor.

Asimismo, se debe establecer la obligación de que el vehículo vinculado a dicho conductor debe contener pintado en sus puertas delanteras un distintivo para que los identifique la persona usuaria. Portará el mismo número de placa asignada en el Registro Público, solo cambia de color blanco. Se elimina la palabra Centroamérica, en su lugar se leerá la base de operación y provincia al que fue asignado ese nuevo permiso.

Se elimina el inciso F de la Ley 7969 para permitir una mayor democratización en la entrega de permisos, como fuente proveedora de trabajo. De esa cantidad de carros de la aplicación, piden que un 10% de los conductores brinden servicios para personas con discapacidad.



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