Taxistas le exigirán al Ministro del MOPT que regule a Uber y a DiDi
Gremios de la "fuerza roja" se reunirán el viernes con el ministro Luis Amador
Operación de taxistas en San José. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
(CRHoy.com). Los taxistas alistan un paquete de peticiones para Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de cara a una reunión prevista para el próximo viernes 27 de mayo.
Rubén Vargas, dirigente de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), confirmó que uno de los temas trascendentales a tratar serán las plataformas tecnológicas (Uber o DiDi), pues son insistentes en la necesidad de un marco regulatorio para este tipo de transporte de pasajeros que funciona en el país desde agosto de 2015.
El ministro Amador externó una posición desde el punto de vista "ciudadano", en la cual dijo que "la sana competencia es adecuada, pero en igualdad de condiciones".
En las últimas 2 administraciones (Solís Rivera, 2014-2018 y Alvarado Quesada, 2018-2022), ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo construyeron una propuesta viable para regular este tipo de operaciones.
"Vamos con la intención de conformar de una comisión entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y los taxistas para conocer un proyecto de ley que estamos promocionando", apuntó Vargas.
Los taxistas manejan 2 propuestas: que la gestión de las plataformas sea catalogada como transporte público (cumpliendo con las mismas obligaciones que ellos) o que se constituya como un transporte privado, lo cual eliminaría el monopolio legal que poseen los taxistas.
"Con esta última, el gobierno tendría que estudiar la posibilidad de una indemnización porque el Poder Ejecutivo sería el que nos está sacando y coartando la libertad del trabajo. Pero, aun así, continuaríamos nosotros con el proceso Contencioso Administrativo que tenemos instaurado desde hace 7 años", agregó el dirigente.
Para Vargas, lo "más salomónico" sería que las autoridades de gobierno entreguen un 30% de las casi 4 mil placas que posee para que los choferes de las aplicaciones pasen a trabajar como taxistas.
"Aquí hay un interés marcado de ciertas plataformas que no quieren ser reguladas, porque en este momento están trabajando como si tuvieran una patente. Sacan y meten la plata que les da la gana y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) no dice: esta cartera la tengo que revisar. Además, los carros andan 'pirateando' y no tenemos una Policía de Tránsito que diga que esto es ilegal y que los vamos a sancionar", expuso el representante gremial.
Los taxistas solicitarán que el representante que deberá ocupar un cargo en el Consejo de Transporte Público (CTP) sea integrante de alguna de las organizaciones gremiales. De momento, Amador no ha anunciado la conformación de los consejos que están adscritos al MOPT.
Sobre las plataformas, los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos de la legislatura 2018-2022 aprobaron un nuevo texto del proyecto de ley para regular los servicios de transporte de personas por medio de plataformas. Esa propuesta fue ampliamente refutada por los taxistas formales (rojos).
Rubén Vargas, dirigente de los taxistas, no acuerpa el plan presentado en 2019. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
El plan crearía un marco normativo para regular la prestación de esos servicios en el país y actualizar la legislación que regula los contratos de concesión del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi.
Así las cosas, los servicios que prestan las plataformas tecnológicas como Uber y DiDi son de carácter privado, pero de utilidad pública. En la propuesta, se establece que el MOPT sea la autoridad competente para interpretar, ejercer, observar y aplicar las atribuciones y obligaciones previstas en la ley, y coordinar todo lo relacionado con la actividad del transporte privado de personas mediante las empresas de intermediación de servicios de transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas.
Asimismo, las empresas deberán producir y mantener actualizado un registro interno o base de datos de los conductores y vehículos acreditados, inscribirse como contribuyentes ante la Dirección General de Tributación (DGT) y brindar a los usuarios una factura electrónica por cada servicio realizado por medio de su plataforma tecnológica.
Con esto, tendrán que garantizar que las pólizas de seguros se encuentren vigentes y establecer un sistema de protección al usuario, así como evitar el acoso sexual y la discriminación.
Además, deberán suministrar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la DGT la información de ingresos de cada uno de los conductores registrados en los términos y formatos que sean definidos por el reglamento a la ley.