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Taxistas plantean que choferes de plataformas operen como permisionarios inscritos ante CTP

Consideran que conductores de "apps" deben operar bajo igualdad de condiciones con ellos

Por Pablo Rojas | 27 de Jul. 2022 | 9:15 am

(CRHoy.com). Un total de 4 organizaciones de taxistas formales remitieron este 26 de julio una carta a Casa Presidencial, en la cual solicitaron la posibilidad de una reunión con Rodrigo Chaves, presidente de la República y altos mandos del Poder Ejecutivo.

El texto fue firmado por Rubén Vargas, dirigente de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC); Johanna Castro, Heriberto Arias y Adrián Morales de la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (Fenacootaxi); José Luis Quesada y Gilbert Ureña, del Foro Nacional de Taxistas y Maribel Guillén, de MultiTaxi.

Los líderes gremiales señalaron a Chaves que es necesaria una regulación de las plataformas (como Uber o DiDi), tras 2 gobiernos (Solís Rivera, 2014-2018 y Alvarado Quesada, 2018-2022) sin que existieran acciones conjuntas con la Asamblea Legislativa para la publicación de normativa adecuada sobre el tema.

Las 4 organizaciones, en discrepancia con otros grupos de taxistas que abogan por no regular las plataformas y que exigen que se respete la legalidad existente, advierten que las mesas de negociación que planteó el Poder Ejecutivo para discutir el tema no han avanzado en los tiempos requeridos.

¿Qué proponen? Según el documento, la intención de los taxistas es que los choferes de plataformas operen bajo la figura de permisionarios inscritos ante el Consejo de Transporte Público (CTP).

"En especial, hablaremos de como extenderle nuestra mano y que usted nos extienda la suya para que juntos resolvamos el problema de las plataformas tecnológicas, el problema de nuestro sector y el de miles de familias que ya somos casi desempleados y podríamos entrar en estado de pobreza. También, queremos hablar de cómo podamos resolver para que los choferes de esas plataformas tengan fuentes de empleo digno como permisionarios del transporte público, y las mismas condiciones laborales nuestras", agrega el documento.

El gobierno de Chaves aún no confirma si respaldará alguna propuesta formal para que la Asamblea Legislativa discuta una regulación. No obstante, según lo dicho por Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, sí tienen en mente crear una nueva "app" para que los taxistas compitan en igualdad de condiciones con otros sistemas de transporte.

Para la "fuerza roja", la reunión debe contar con la presencia del ministro Amador y Natalia Díaz, ministra de Presidencia. Además, también debería asistir Laura Ulloa, viceministra de Transportes y Seguridad Vial.

"En esa asamblea ‘reunión" que le estamos pidiendo, hablaremos de nuestros graves problemas. De cómo 26 de nuestros compañeros se han suicidado por no generar recursos para pagar su casa, su carro o mantener a la familia. De los más de 2 mil taxistas que han perdido su placa por sus bajos ingresos y que no son dignos de recibir los derechos de la seguridad social al no poderla pagar", añadió la carta.

En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.

La aplicación Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019.  En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.

Tras asumir el cargo, el ministro, quien es ingeniero civil, no quiso ahondar en los planes que trae para abordar este pendiente. Eso sí, brindó su punto de vista como "ciudadano".

En abril pasado, antes de dejar el cargo, los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos de la legislatura 2018-2022 aprobaron un nuevo texto del proyecto de ley para regular los servicios de transporte de personas por medio de plataformas. Esa propuesta fue ampliamente refutada por los taxistas formales (rojos).

De momento, el Poder Ejecutivo y la actual Asamblea Legislativa (período 2022-2026) siguen sin propuestas contundentes para regular el funcionamiento de este tipo de plataformas.

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